Un balance panameño. La corrupción siguió asomando la cabeza en 2015

Asimismo, los panameños están preocupados por el atraso de los trabajos en la ampliación del Canal de Panamá. También por el incremento del crimen organizado que se expresa en todos los ámbitos de la vida.

Creó zozobra la criminalización de las protestas sociales y la detención de estudiantes del Instituto Nacional que protestaban acusados de actos de ‘terrorismo’. Gran preocupación genera también la corrupción heredada de gobiernos anteriores que no puede erradicarse ni mitigarse.
Casi 50 juicios se han abierto contra el presidente Ricardo Martinelli, varios de sus ministros y otros funcionarios de su período gubernamental (2009-2014). Durante aquellos 5 años, Martinelli manejó presupuestos nacionales que sumaron cerca de 90 mil millones de dólares. Se calcula que aún están por justificarse la desaparición de unos 5 mil millones de dólares. Martinelli se mudó a Miami, EEUU, a principios de 2015 y no ha regresado al país. La Corte Suprema de Justicia lo declaró en rebeldía y ordenó su detención.

Sectores políticos importantes del país han aplaudido la aplicación de la justicia contra el ex mandatario. Sin embargo, también hay muestras de descontento ya que el actual gobierno ha seguido las mismas pautas de su predecesor. Las políticas económicas durante 2015 sólo favorecieron a los sectores vinculados a la especulación financiera y a la banca.

La tasa de crecimiento del producto interno bruto de este año se calcula que será del 5.8 por ciento comparado al año anterior. Sin embargo, el sector financiero se expandió en más del 10 por ciento. Los sectores agrícola y manufacturero crecerán en un 0.5 y 2.0 por ciento, respectivamente.

La desigualdad a nivel macro económico se refleja en la realidad social. El 10 por ciento de la población más rica del país concentra casi el 40 por ciento de la riqueza. El período de Martinelli fue el que más benefició a los poderosos en Panamá. Sin embargo, el actual gobierno no se queda atrás.

En Coclesito una minera de origen sudafricano sigue arrasando con el ambiente y contratando trabajadores extranjeros (un total de 700). En 2015 el gobierno intentó silenciar la huelga de los trabajadores de la Cervecería Nacional (de otra trasnacional sudafricana).

El nuevo régimen político que se re-introdujo en Panamá, después de la invasión militar norteamericana en 1989, colapsó a principios del nuevo milenio. En 2015 muchos colegios y escuelas pasaron el año con estructuras inoperantes. Muchos maestros y profesores se quedaron sin nombramientos. Se calcula que este año la tasa de deserción llegó a un 30 por ciento, cifra record. Todo esto a pesar de que el presupuesto para el sector educación supera holgadamente los mil millones de dólares.

El sector salud aún no cuenta con los implementos necesarios ni los recursos humanos para atender a la población. El gobierno de Martinelli promovió una inversión de 700 millones de dólares para una Ciudad Hospitalaria. El proyecto fue denunciado por sospechas de corrupción. En 2015 el actual gobierno le cambió el nombre – Ciudad de la Salud – y todo siguió igual.

Un área que se creía libre de la corrupción – el Canal de Panamá – en 2015 comenzó a mostrar grietas, tanto en las nuevas esclusas que construye un consorcio extranjero de oscuros antecedentes, como en el manejo administrativo de sus recursos. La mayoría de los sindicatos de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) – que cuenta con una planilla de 9 mil trabajadores – está protestando por el desgreño administrativo de la vía interoceánica. Quizás lo más preocupante de la ACP es que en su junta directiva tiene personas que son sospechosas de estar involucradas en actos de corrupción.

A pesar de las sospechas, no pueden ser encausadas por supuestos tecnicismos, tolerados por las autoridades del Ministerio Público. El crimen organizado en el país parece estar conquistando más terreno cada día. El lavado de dinero y el tráfico de ilícitos siguen sin control, a pesar de la construcción de la base militar (aéronaval) en Punta Coco y la decisión de descartar los compromisos de neutralidad del país.