Written by Todos los temas conversados en la COP26 convergen en un acrónimo: REDD+. Explicamos cómo funciona este mecanismo de financiamiento y por qué esta propuesta tecnócrata de reducción de emisiones no solo no es ninguna solución a la crisis ambiental, sino que puede también perjudicar a comunidades locales.
Las «soluciones basadas en la naturaleza», los compromisos hacia el «cero-neto», el financiamiento climático y los mercados de carbono fueron temas clave de la 26º Conferencia de las Partes (COP26) de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), que se llevó a cabo en Glasgow hasta el sábado pasado. Todos los temas mencionados confluyen en un acrónimo que resalta: REDD+. Un mecanismo de financiamiento que podría ser definitorio para las comunidades que conviven con los bosques en todo el mundo.
¿QUÉ ES REDD+ Y POR QUÉ DEBE IMPORTARNOS?
REDD+ significa Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los bosques. Es un mecanismo dentro de la Convención que empezó a negociarse en la COP11, en el año 2005, a raíz de una propuesta de la Coalición de Naciones con Bosque Tropical, liderada por Papúa Nueva Guinea y Costa Rica. Recordemos que, cuando un árbol es cortado, libera el carbono que mantiene almacenado en su tronco y que las plantas en general absorben carbono para sus procesos metabólicos. El mecanismo REDD+ busca evitar estas emisiones mediante pagos de diversa índole por el servicio ambiental de captura y almacenamiento de carbono que brindan los bosques. Los pagos se hacen comúnmente a comunidades locales —muchas veces indígenas, negras y campesinas— que habitan los bosques para que reemplacen las actividades económicas que producen deforestación por otras que no lo hagan.
El «+» se refiere a que el mecanismo de financiamiento debe además promover la conservación de las reservas de carbono forestal, el manejo sostenible de bosques y el aumento de las reservas de carbono forestal. También se ha incluido la obligatoriedad de observar salvaguardas sociales, como garantizar la participación, incluir organizaciones de base, pueblos indígenas y comunidades locales en estos proyectos.
La adición de las actividades y salvaguardas contenidas en el «+» fue una respuesta a las críticas que REDD recibió en sus inicios, especialmente por los movimientos indígenas y ecologistas del Sur global, que comprendían al mecanismo como parte de las soluciones falsas al cambio climático asociadas al mercado de créditos de carbono. A pesar de las modificaciones, el mecanismo sigue presentando numerosos riesgos:
1) Los créditos de carbono producidos a partir de proyectos forestales no garantizan la reducción efectiva de emisiones; de hecho, algunos países o empresas pueden utilizar la justificación de estar financiando la conservación del carbono almacenado en los bosques para evitar acciones reales de reducción de sus propias emisiones, en lo que se llama compensación en lugar de reducción. El Estado de California, en Estados Unidos, por ejemplo, ha estado intentando desde 2010 utilizar créditos de REDD producidos en Acre, Brasil y en Chiapas, México para compensar las emisiones de su sector petrolero en lugar de reducir la extracción. El mecanismo aún no se consolida.
2) Además, la deforestación puede ser desplazada geográficamente: si un área ingresa en un esquema de este tipo, las fuerzas detrás de la deforestación simplemente buscan otras áreas boscosas no «protegidas».
3) El término «aumento de las reservas de carbono forestal», contenido en los proyectos REDD+, puede continuar teniendo el efecto perverso de promover la deforestación para sembrar plantaciones forestales, que capturan más carbono que un bosque ya establecido, pues los árboles están creciendo.
4) REDD+ parte de una premisa antipopular que afirma que son las actividades locales, llevadas a cabo por campesinos indígenas o negros, las que provocan la deforestación. Bajo esa premisa, REDD+ fácilmente puede llevar a regímenes de vigilancia de las comunidades de bosque y, en ciertos casos, a la violencia. Por ejemplo, en el caso ya referido en Papúa Nueva Guinea, los dueños de las tierras denunciaron que «gente de la empresa del carbono», armada, les obligaron a firmar los derechos de carbono sobre los bosques y a darles un poder sobre sus tierras. En Nigeria se instaló un régimen militar de conservación del carbono forestal, con una rama especializada del Ejército que cuidaba los bosques, asegurando los derechos sobre los sumideros de carbono, donde las personas fueron vigiladas, perdiendo su derecho al uso del bosque.
A pesar de todos estos problemas, REDD+ sigue vivo. Ha sido reformulado para trabajar por ahora con fondos bilaterales a través de proyectos en un proceso que se conoce como «REDDiness», en el que los países preparan las condiciones para que los fondos puedan ser recibidos y distribuidos. En suma, para que la renta de la tierra que alberga los bosques pueda ser apropiada a través de la exclusión de los usos locales que puedan afectar el «activo» y de la ficción «tonelada de carbono». Para hacerlo, REDD+ necesita limitar los derechos territoriales de las poblaciones locales, para lo cual el primer paso es la titularización de la tierra que, en muchos países del Sur global, continúa siendo ocupada «de hecho» por pueblos indígenas, negros y campesinos.
REDD+ Y LOS MERCADOS DE CARBONO EN LA COP26
REDD+ es un mecanismo central del Acuerdo de París, el nuevo acuerdo global vinculante que reemplazó al Protocolo de Kyoto en 2020. Está incluido en el artículo 5 que trata sobre el «aumento de los sumideros de carbono». Podemos ya decir, luego de los resultados de la COP26, que el Acuerdo de París legitimó los mercados de carbono como instrumentos de lucha contra el cambio climático, y que mucho de lo que se ha hecho desde el 2015 ha sido elaborar las normas que gobernarán la producción e intercambio de Unidades de Mitigación para Transferencia Internacional, ITMOs.
Los ITMOs son los viejos créditos de carbono que podrán ser utilizados por los países para alcanzar sus metas de mitigación, consignadas en sus Contribuciones Nacionalmente Determinadas o NDC.
Recordemos: lo anterior significa que un país (o industria) que contamina puede compensar las emisiones que no reduce en lo concreto mediante el pago a otro país (o actividad) que, en teoría, absorbe o deja de emitir gases de efecto invernadero.
Un giro más: en la COP26 se aprobó un mecanismo dual en el cual se acepta que los países puedan producir e intercambiar certificados «autorizados» para alcanzar los objetivos de mitigación establecidos en sus NDC y otros certificados «no autorizados» que también podrán utilizarse para mitigación, pero al aparecer sin regulación. El proceso para producir certificados «no autorizados» será evidentemente más simplificado, lo que podría hacer que estos certificados sean más baratos y, por lo tanto, más atractivos.
¿Estamos ante la consolidación del mercado voluntario, desregulado?Ya lo escribió Natasha Loder de The Economist en 2009: «El punto sobre estos acuerdos es que los empresarios están apostando a que los créditos voluntarios que están desarrollando hoy serán transferibles a créditos de carbono forestal que se pueden actualizar y comercializar por más dinero en los mercados que se desarrollen en el futuro […] existe la posibilidad de beneficios potencialmente enormes».
Por ahora, el acuerdo es que los países no pueden utilizar los bosques antes de haber alcanzado sus metas de mitigación colocadas en su NDC. Solo cuando ya hayan llegado a su objetivo podrán empezar a usar compensaciones de los bosques. Sin embargo, la emergencia del mecanismo dual normado en el Artículo 6 del Acuerdo de París, acordado en la COP26, podría abrir el camino para el uso de créditos asociados a REDD+ en el mercado voluntario.
Los boques del mundo deben ser protegidos, sin duda. Las comunidades locales, campesinas, negras e indígenas deben contar con las condiciones para continuar con esa labor. Resuena la demanda de los pueblos indígenas de Brasil, que exigen a Bolsonaro la demarcación de las tierras indígenas. O el caso de Ecuador, donde el movimiento indígena exige el respeto a su autonomía territorial. También el de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) que ha en la misma COP26 ha demandado que los gobiernos del mundo destinen fondos para conservar el 80% de la Amazonía para 2025 y que esos fondos lleguen directamente a las comunidades locales y pueblos indígenas, sin intermediarios.
Pero si de manera estratégica se quiere apelar a la estructura del gobierno del cambio climático en relación con los bosques, hay que pasar de la mitigación a la adaptación. Si se protegen los bosques para la adaptación, se está reconociendo que son ecosistemas en donde los árboles son más que sumideros de carbono. Debemos proteger los bosques porque son sistemas vivos que sostienen la vida humana y no humana; no porque contienen árboles que bombean carbono de la atmósfera.
Por: Melissa Moreano Venegas. Profesora del Departamento de Medio Ambiente y Sostenibilidad de la Universidad Andina Simón Bolívar (Quito, Ecuador). Forma parte del Colectivo de Geografía Crítica del Ecuador y del grupo de trabajo de Ecología Política de CLACSO. – jacobinlat.com
Last modified: 24/11/2021
