Avivan el engendro minero en AGOSTO

Con gran preocupación nacional, críticas diversas y protestas de calle, se discutió en primer debate, en la comisión de comercio y asuntos económicos de la asamblea nacional de diputados de Panamá, el contrato minero entre el estado panameño y Minera Panamá, S.A., subsidiaria de la minera «canadiense» First Quantum Minerals Ltd. Las autoridades indígenas representadas en COONAPIP (Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas de Panamá) expresaron su rechazo al contrato minero, participaron en el debate, y el 30 de agosto enviaron una nota al presidente de dicha Comisión en la asamblea.

A partir de la conformación de la Mesa Interinstitucional de Alto Nivel entre el gobierno y COONAPIP, a fines de julio de 2022, para resolver tres asuntos prioritarios sobre seguridad territorial de los pueblos indígenas de Panamá (titulaciones colectivas, invasiones y desalojos, demarcaciones), en los primeros meses de 2023, los técnicos de COONAPIP, sacaron a relucir el título de propiedad privada que el estado panameño, de manera ilegal, otorgó a la empresa Sinclair Oil Corporation, con una extensión de 326 mil hectáreas, y que traslapa con las comarcas Embera-Wounaan y Wargandi, el Parque Internacional Darién, y varios territorios ancestrales que actualmente se encuentran en proceso de titulación colectiva. COONAPIP y sus autoridades han denunciado y solicitado la derogación de dicho título y gestionan una serie de acciones legales. A fines de julio de 2023, luego de su asamblea ordinaria en Puerto Lara (Darién), COONAPIP exigió al gobierno panameño el cumplimiento de lo acordado en el Consejo Nacional de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas (Condipi), especialmente el no imponer sus decisiones o las del Banco Mundial, respetar la autodeterminación y propias decisiones de los pueblos indígenas en Panamá.

Por otro lado, la data del Censo de Población y Vivienda de 2023 [2020] ya ha sido puesta a disposición pública bajo el uso de REDATAM. La información refleja que la población indígena en Panamá representa el 17.2 por ciento de la población total del país (4.2 millones de habitantes), mientras que en 2010 era de 12.3 por ciento (de 3.6 millones de habitantes).

El engendro minero se aplaca en SEPTIEMBRE

El debate nacional por la aprobación del nuevo contrato minero entre Panamá y la empresa Minera Panama, S.A., fue álgido y controversial. Protestas y el rechazo de dicho contrato, desde diversos sectores sociales y gremiales, se incrementaron en las principales ciudades del país, más en la ciudad de Panamá. Autoridades y técnicos de COONAPIP participaron en una marcha masiva contra la minería en Panamá.

Coaliciones de junio y julio de 2022, como Alianza Pueblo Unido por la Vida, Alianza Nacional por los Derechos de los Pueblos (Anadepo) y dirigentes de la Comarca Ngäbe- Bugle, cuyas acciones masivas de protestas paralizaron al país y obligaron al actual gobierno a sentarse a negociar diversos temas de calidad de vida y políticas económicas (precio del combustible, alimentos, medicamentos, etc.), emergieron para oponerse a la aprobación del

contrato minero que se ecnontraba en la fase final de discusión del primer debate en la asamblea nacional de diputados. Dirigentes ngäbe de distintas regiones del país dieron ultimátum de 8 días para retirar el contrato o realizarían bloqueos nacionales. Representantes del gobierno consideraron retirar el proyecto-ley de contrato minero para incluir modificaciones. La comisión de comercio y asuntos económicos de la asamblea nacional, en donde se discute el contrato, suspendió el debate y emitió una resolución al ejecutivo para retirar el proyecto.

Por otro lado, la migración en la frontera entre Panamá y Colombia, en la región biogeográfica neotropical húmeda Chocó-Darién, fue adquiriendo mayor notoriedad, tanto por las cifras como por sus efectos y crisis humanitarias, sociales, ambientales, políticos, económicos, diplomáticos y de seguridad. Este drama humano del siglo XXI mantiene importantes repercusiones en territorios y comunidades locales indígenas en Darién y algunas comarcas, por ejemplo, en la contaminación de cursos altos de importantes ríos de los que dependen su subsistencia y estilos de vida, pero también en la transformación de las comunidades. La junta directiva de COONAPIP se reunió y trató este fenómeno migratorio, sobre las necesidades de atención humanitaria y de seguridad de las comunidades y los territorios colectivos.

Leyes nacionales transcendentales que garantizan los derechos de los pueblos indígenas, como la Ley N° 88 de 2010 sobre Educación Bilingüe Intercultural y la Ley N° 37 de 2016 sobre consentimiento libre, previo e informado se encontraban en fases de reglamentación, y los documentos borradores estaban en procesos de revisión. El BID es una de las entidades que financió estos procesos, así como también el Plan de Empoderamiento Económico de las Mujeres Indígenas de Panamá (PEMIP 2025), aprobado bajo Decreto Ejecutivo N° 18 de septiembre de 2023. No obstante, sus acciones serían ejecutadas desde distintos programas de los ministerios de gobierno, y no desde los congresos o consejos indígenas.

En la conmemoración del Centenario del Primer Congreso Nacional Feminista en Panamá se realizó un reconocimiento importante a 100 mujeres del país por sus contribuciones en la defensa y protección de los derechos de las mujeres, dentro de las cuales estaba la coordinadora del Componente de Género del actual proyecto COONAPIP-PRODESO-TF, Yanel Venado Jiménez.

La bestia minera cobra vida en OCTUBRE y el pueblo la enfrenta

Dada la compleja y crítica situación en que se encentraba el país como resultado de la veloz aprobación del contrato minero bajo la Ley N° 406, cualquier intento de síntesis con intenciones de reflexionar sobre lo que acontecía siempre corrió el riesgo de no dar cuenta de todo el proceso de lucha del pueblo panameño contra la minería a cielo abierto. Como a fines de septiembre el proyecto de contrato ley minero ⸻bajo un procedimiento erróneo⸻, fue devuelto por la asamblea al órgano ejecutivo, con una serie de observaciones (la asamblea sólo podía aprobar o rechazar el contrato, no brindan recomendaciones o devolverlo), el consejo de gabinete vuelvió a aprobar el proyecto de contrato ley modificado el 10 de octubre, y el ministro de comercio e industrias lo entregó para su discusión en la asamblea el 16 de octubre. En esta nueva “discusión” legislativa, la participación de los gremios, organizaciones y el público en general fue limitada, la transmisión pública por el canal de la asamblea fue interrumpida, y en 48 horas la asamblea nacional aprobó la Ley N° 406, y para

la tarde del 20 de octubre el presidente Laurentino Cortizo la sancionó y se publicó en la gaceta oficial.

Los gremios, sindicatos, pueblos indígenas y organizaciones se encontraban en protestas en las calles cuando todo esto ocurrió, y a partir de allí, las manifestaciones nacionales fueron masivas en todo el territorio nacional, varios paros y huelgas indefinidas docentes y obreras declaraban su inicio, mientras que las clases fueron suspendidas al nivel nacional. Hasta por mar se produjeron manifestaciones, muy cerca al puerto de Punta Rincón en el Caribe panameño, desde donde la empresa minera ha exportado millones de toneladas de concentrado de cobre, oro, plata y molibdeno.

Producto de la presión ciudadana en las calles, el 24 de octubre, 27 de octubre y 29 de octubre, el presidente Cortizo brindó declaraciones al país, siendo la última la más importante para los manifestantes y cierta tranquilidad en el país, pues la prohibición de la minería metálica al nivel nacional pasa de solo ser un decreto ejecutivo a discutirse y aprobarse como ley de la república, en sesiones extraordinarias, en la asamblea nacional de diputados.

En el proceso, varias demandas de inconstitucionalidad contra la Ley N° 406 fueron interpuestas ante la Corte Suprema de Justicia. De tal manera, que los tiempos de protestas también transcurrieron a la espera de los fallos de la Corte. En el desarrollo de todos estos eventos, COONAPIP participó en las marchas y manifestaciones, con pronunciamientos oponiéndose a la aprobación del contrato minero, exigiendo la moratoria minera, la celeridad en el fallo de la Corte como la derogación del contrato minero. De hecho, influyó para que el Consejo Indígena de Centroamérica emitiera un pronunciamiento sobre la situación en Panamá. Por otro lado, durante el 12 de octubre, en ciudad de Panamá, organizó una gran marcha en memoria de la resistencia indígena. Al final de dicho evento, el ministro de gobierno, Roger Tejada, habló ante las autoridades de la ratificación del Convenio 169 de la OIT y de declarar este día como de Reflexión Nacional.

Heridas de muerte a la bestia minera en NOVIEMBRE

Aunque habituales desfiles de fiestas patrias fueron suspendidos en todo el país por las masivas y diversas manifestaciones antimineras, el 3 de noviembre la población panameña marchó y celebró la publicación en gaceta oficial de la Ley N° 407, que establece moratoria indefinida de la minería metálica en Panamá. Simultáneamente, medios de comunicación comercial hacían eco de la solicitud que formuló el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) al Ministerio de Trabajo para autorizar la suspensión de contratos de miles de trabajadores, justificando la acción en los efectos económicos producidos por los cierres de calles.

Grupos de poder político, económico y mediático exigían la suspensión de manifestaciones, cierres de calles y huelgas de los grupos organizados de indígenas, estudiantes, jóvenes, ambientalistas, docentes, obreros, científicos, campesinos y pescadores opuestos a la Ley N°

406. Dichos grupos organizados señalaban dos caminos para terminar con las protestas: 1) derogatoria o 2) inconstitucionalidad de la Ley N° 406. Adicional, denunciaban la parcialidad de los medios comerciales de comunicación y la manipulación de la información para criminalizar las protestas y cierres. Diversos medios alternativos fueron cruciales en la comunicación de redes sociales.

La crítica mediática fue tan excesiva, que una editorial contra el pueblo ngäbe provocó la indignación y réplicas de la población, incluyendo de las organizaciones, líderes y autoridades indígenas aglutinadas en COONAPIP, quienes se reunieron con el defensor del pueblo para tratar esta afrenta racista y otros temas de derechos humanos. La criminalización y ambiente de odio sembrado cobró sus lamentables frutos con el asesinato a sangre fría de dos manifestantes de gremios docentes. La Defensoría del Pueblo señaló que la lucha antiminera del pueblo dejó 5 personas muertas y varias con pérdida de visión.

Aunque gremios organizados de “Alianza Pueblo Unido por la Vida” insistían en el camino de la derogatoria de la Ley N° 406, y varios juristas avalaban esa posibilidad, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), bajo la presión popular creciente instalada en sus inmediaciones, se ajustó a los tiempos procesales y brindó la esperanza de un fallo sobre la inconstitucionalidad del contrato-ley minero. Los cierres de vía se mantuvieron firmes en múltiples puntos del país, y en la memoria colectiva queda la gran lucha de los “guerreros del mar”, pescadores de Donoso que impedían actividades portuarias de la empresa minera, hasta impactar directamente sus acciones internacionales en la bolsa de valores.

COONAPIP participó en reiteradas marchas y acciones colectivas, incluyendo los cierres totales. Además, colocó carpas, banderas y pancartas frente a la CSJ para unirse a las vigilias y mítines junto a otros grupos organizados. El 28 de noviembre, en la conmemoración de la independencia de Panamá de España, COONAPIP marchó y celebró el fallo de inconstitucionalidad de la CSJ sobre la Ley N° 406, como día histórico de la gesta nacional del siglo XXI. Protestas y bloqueos casi han cesado, y el ministro de Comercio e Industrias ha renunciado a su cargo.

Por: Kevin Sánchez Saavedra. Director del Centro de Investigaciones Antropológicas de la Universidad de Panamá.

Foto: Olmedo Carrasquilla Águila.