Radiografía sobre Ecologismo Popular en el istmo panameño

Introducción

La historia ambiental panameña nos describe controversias sobre el desarrollo económico, por su posición geopolítica en contraste a la biodiversidad que trasciende pueblos y culturas. Una escena que orienta al pensamiento crítico, enarbola modelos de vida ante la encrucijada socioambiental y su acelerado desgaste generado por el imperativo capital financiero en la región.

Los actuales conflictos a raíz del extractivismo de bienes ecológicos, en función de la economía nacional y libre comercio representa otro rubro al producto interno bruto PBI, sin medición, control y reparación, soslayando toda consecuencia acumulativa a la crisis global.

Para los pueblos rurales de Panamá -originarios, afros y campesinos- su modus vivendi histórico ha estado arraigado a la supervivencia por las amenazas a la explotación territorial que conlleva a desplazamiento junto a la desigualdad social.

A partir de marzo del 2008, en el marco del asentamiento neoliberal, los bienes ecológicos con mayor auge formaron parte de la libre y oferta demanda del mercado internacional, sin importar las leyes nacionales. Las concesiones para minerales, fuentes hídricas, acaparamiento de suelos fueron notables al cuestionamiento ciudadano, pero más a las violaciones de los derechos humanos de los pueblos que se ubican en estas riquezas a ser mercantilizadas.

El territorio panameño se compone de 75, 475 km², con una población superior a cuatro millones de habitantes. Cuya economía liberal, la genera principalmente el sector terciario – servicios financieros, turísticos y logísticos – , los cuales representan el 75 % del PIB. Una economía dolarizada que no ha requerido de otras actividades para sostenerse o superar crisis económicas de otra índole.

Sin embargo, sectores antagónicos a la soberanía en su termino amplio como país, en las últimas décadas han impulsado un régimen incongruente a la gobernabilidad socioambiental. Promoviendo un mercado energético para suplir aún las demandas del Plan Puebla Panamá, institucionalizar el mercado de metales y compensar la ilógica solución financiera al cambio climático derivado del extractivismo.

El diálogo de saberes versus el desarrollismo solapado

A tales efectos de la arrasante economía global, en Panamá los sectores ambientales, ecologistas y rurales, han emprendido acciones e incidencias legales a las políticas del estado, promoviendo espacio de debate y análisis a las probables alternativas económicas, que puedan mermar la demanda de bienes ecológicos.

Aquello mediante el diálogo de saberes entre los actores socioambientales rurales, además de la gestión social del conocimiento por medio de sentires, creencias, nociones, y prácticas, y la preservación del legado ancestral como parte de la misión de cuidar la cultura y soberanía ecológica. La cual contrapone al modus operandi de la economía neoclásica, que no aborda la sustentabilidad ambiental junto la responsabilidad social.

Nuestro compromiso parte desde la colectividad, como compromiso de erradicar las malas costumbres que nos impone el modelo de desarrollo, donde impera la ley de la fuerza y violencia, sin importar las sentimentalidades que se optan entre las generaciones.

Porque, las premisas económicas globales no surgen de los sectores productivos primarios, menos en competitvidad y acumulación de capitales. Sino de las propias comunidades rurales, que para generar alimento, vivienda y salud, confluye una diversidad de saberes y datos populares, que los hace libres y a plenitud de vivencias.

A continuación abordamos en este documento seis (6) territorios vulnerables en Panamá, producto de una política ambiental desfasada y errónea por parte del estado panameño.

Pueblo originario Naso Tjër Di

Los indígenas Nasos Tjër Di también conocidos como Teribe forman parte de los sietes (7) grupos originarios, ubicados en el occidente de Panamá, específicamente en el Corregimiento de Guabito en la provincia de Bocas del Toro, cerca a la frontera con Costa Rica. Su organización política esta basada en una estructura monárquica, y por la Ley Comarcal del 4 de diciembre de 2020. Según el censo nacional de 2010, esta constituido por 5 mil habitantes.

Cronología de Conflictos

En el año 2010 el pueblo originario Naso enfrento una lucha tenaz contra el grupo Ganadera Bocas, empresa que optaba por el título de propiedad otorgado por el Estado por encima de los derechos de las comunidades Nasos. Acción que tuvo como característica el uso de efectivos policiales y gases lacrimógenos para desalojar a este pueblo originario de una superficie de menos de 200 hectáreas que los Nasos reclaman como parte de su territorio ancestral y que sueñan incorporar dentro de su Comarca Naso Tjër-Di (Tropicales M. M., Panamá: conflicto territorial y violación de derechos humanos de pueblo Naso, 2010).

En el año 2012 el pueblo originario Naso, en la provincia caribeña de Bocas del Toro, limítrofe con Costa Rica, han reafirmado su rechazo a la construcción del proyecto hidroeléctrico Bonyic, al que acusan de destruir su patrimonio ancestral (DPA, 2012). El proyecto esta a cargo de la Empresa Hidroecológica del Teribe, S.A. subsidiaria de Empresas Públicas de Medellín (EPM), que ha incumplido con compensaciones económicas y ha generado impactos negativos al Parque internacional La Amistad entre Panamá y Costa Rica.

Luego de la sanción de la Ley Comarcal el 4 de diciembre de 2020 por el presidente de Panamá Laurentino Cortizo Cohen, la ingobernabilidad ha sido notaria por las autoridades tradicionales. Dejando a la deriva un sin numero de problemas sociales como:

Nombramiento de educadores bilingües como lo estipula la Ley 88 de 2010.
La carencia de programas de oportunidades laborales que ha producido la emigración de jóvenes.
Disputa territorial entre indígenas ngabés y en áreas protegidas.

Estas acciones en pro de la vida comarcal Naso esta siendo impulsada por la Organización Mixta de Productores Agroambientales y Artesanos Naso OMPAYAN y grupos defensores de las tierras ancestrales Naso.

Pueblo originario Guna Yala

El pueblo Guna Yala se ubica en la costa este del Caribe panameño, con un archipiélago de 365 islas, de las cuales 36 están habitadas. Según el censo del año 2010 registró 33,109 habitantes. Sin embargo, el Congreso General Tradicional Guna Yala establece que el número actual de gunadules son unas 80 mil personas. Gunayala es reconocida formalmente como comarca a través de la Ley 99 de diciembre de 1998, según reseña el sitio oficial del Congreso General Tradicional Gunayala. Viven de la agricultura de subsistencia, la pesca, la creación de artesanías, el tejido de la mola y el turismo.

Actualmente, se debate sobre las posibles soluciones al impacto del cambio climático, ya que informes presentados por el Estado panameño ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) revelan que las islas están experimentando una amenaza “inminente y potencialmente por agravarse”. La subida del mar podría cifrarse en aproximadamente 3 centímetros en los últimos cincuenta años, atendiendo a la información del mareógrafo ubicado en las costas de Colón, ciudad emplazada en la costa caribeña de Panamá, de acuerdo con un reporte publicado por las Naciones Unidas en 2019.

Organizaciones de la sociedad civil, como es la Coordinadora Nacional de los Pueblos Indígenas de Panamá COONAPIP, ha enfatizado la necesidad de un plan de ordenamiento territorial como instrumento jurídico que facilite un adecuado ordenamiento y tenencia de las tierras por cada familia, como derecho de herencia y accesibilidad a su territorialidad.

Importante es mencionar que el pueblo indígena Guna Yala, tuvo un gran debate sobre la diversidad de posicionamiento sobre las soluciones a los efectos negativos del cambio climático. Una de estas propuestas fue el mecanismo de financiamiento Reducción de Emisiones derivadas de la Deforestación y la Degradación de los bosques los REDD+. La cual no compensaba por lo incierto de sus mediciones, las soluciones concretas que se requieren al cambio climático

Según, un informe de las autoridades tradicionales (Congreso General) el pueblo indígena Guna Yala en junio de 2013, finalmente, y de forma enfática, rechazó los REDD+. Sin embargo, el gobierno actual insiste en sostener planes de mitigaciones al cambio climático bajo instrumentos financieros como es el mercado de carbono.

Pueblo originario Emberá-Wounaan

La Comarca Emberá-Wounaan esta constituida aproximadamente de nueve (9) mil indígenas. Creada a través de la Ley N° 22 noviembre de1983 a partir de dos enclaves ubicados en la provincia de Darién, específicamente de los distritos de Chepigana y Pinogana.

Es importante señalar que indígenas residentes fuera de las zonas comarcales emprendieron una lucha por más de 40 años para que el Estado reconociese su derecho ancestral a las tierras en las que habían vivido tradicionalmente y que al momento de definir las comarcas quedaron fuera de éstas. Así logran que se promulgue la Ley No. 72 de 2008 “Que establece el procedimiento especial para la adjudicación de la propiedad colectiva de tierras de los Pueblos Indígenas que no están dentro de las Comarcas” (G.O. 26193).

Actualmente sus tierras comarcales colindantes a la provincia de Darién, en las últimas décadas a sufrido un revés en la protección del ambiente. Grandes extensiones de hectáreas han sido deforestadas para el negocio de la madera, monocultivos y ganadería.

Cronología

En el 2009 la laguna de Matusagaratí, ubicada en la provincia de Darién a 3 horas de la capital istmeña, es considerada la reserva de agua dulce más grande de Panamá, cuyo humedal es refugio de animales silvestres. Actualmente sufrió la imposición de monocultivos como la palma aceitera que reemplazó la siembras tradicionales específicamente en Boca de Cupe, a solo 5 kilómetros del Parque Nacional Darién (PND), reserva de la biosfera y patrimonio de la humanidad. En este caso Carlos Iván Mantilla Ramos, empresario que promovía la palma aceitera en Darién, fue condenado por estafa, al igual que a funcionarios del estado en el año 2017.

En el año 2007 hasta la actualidad se rige un Plan de Manejo Forestal, con irregularidades en su administración. En el año 2010 nuevamente se firma un Contrato para el Aprovechamiento y Comercialización de Madera entre la Empresa Land Green, S.A., Lo notable de esta comercialización es que la organización global Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés) toman partido en el Plan de Manejo Forestal, y para el año 2015 con el Ministerio de Ambiente (MIAMBIENTE) se impulsa el Proyecto de Gobernanza Forestal para Darién, que tiene como objetivo principal impulsar Estrategias de Prevención y Control de la tala ilegal de bosques en la región de Darién.

Desde ese entonces no hay un informe sobre sus resultados, nula rendición de cuentas financiera por el cobro de la venta de maderas y permisos. Lo cual, hay un despliegue de denuncias y demandas a dicha actividad interpuesta por organizaciones indígenas como es Mujeres Defensoras del Bosque CEW y grupos ambientales de Panamá. Según elMinisterio de Ambiente (MiAMBIENTE) en septiembre de 2019 emitió una resolución para suspender provisionalmente el otorgamiento de nuevos permisos especiales de aprovechamiento forestal con carácter de subsistencia y sus modalidades, permisos especiales de regeneración manejada en fincas privadas, permisos comunitarios forestal y concesiones de aprovechamiento forestal.

Comunidad campesina veragüense

La provincia de Veraguas forma parte de las diez provincias de Panamá. Con una población de 246,280 habitantes. Cuenta con una biodiversidad en ambas costas (Caribe – Pacífico) y el Corredor Biológico Mesoamericano. Es la provincia con una de las mayores cuencas hidrográficas del país, el Río Santa María, que posee una longitud de 168 km y abarca 3326 km².

Las comunidades campesinas adyacente a esta cuenca por décadas luchan para proteger esta fuente hídrica, que abastece actividades agroecológicas, pecuarias, turísticas y de recreación. Y es la mayor fuente de agua que suministra de agua potable a 75 mil personas del Distrito de Santiago y corregimientos de la zona.

Cronología

En 1986, la empresa Transword Exploration, S.A., solicitó una segregación de 1, 275 hectáreas en el Distrito de San Francisco para transformarla en una solicitud de extracción de minerales clase C (oro de veta y plata), la cual el gobierno otorgó. Pero es a partir de 1987, que se constituye Minera Remance, S.A., y su explotación inició en 1990, bajo una tecnología rudimentaria y plan de mitigación poco rígido, registrándose contaminación reiteradamente. La extracción metálica dejo de operar en 1995. En el año 2014, se dieron indicios de su reactivación, la cual comunidades de esta región rechazaron su reapertura en un foro en el Municipio de San Francisco.

Actualmente el gobierno nacional reactiva la Minera Remance a través de la Resolución N° 10 del pasado 12 de enero de 2021 y publicada en Gaceta N° 29220 del 17 de febrero de 2021. La cual el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) deja sin efecto la Resolución N° 79 del 26 de junio de 2018, con la cual se decidió cancelar por vencimiento la concesión de exploración otorgada a la empresa Greenfield Resources, Inc. mediante el contrato N° 12 del 27 de junio de 2012.

Sin embargo, el lunes 28 de marzo en la casa comunal de la Gorda, corregimiento de Remance, distrito de San Francisco, Veraguas. Aproximadamente unas 900 personas de comunidades campesinas de la Cuenca del Río Santa María, organizaciones ambientales, de derechos humanos, gremios docentes, de profesionales, de mujeres y ciudadanos de la provincia de Veraguas como representantes de organizaciones de las provincias de Panamá, Chiriquí, Coclé y región de Azuero rechazaron enérgicamente el estudio de impacto ambiental (EsIA) de la apertura de la Mina de Remance en foro público convocado por la promotora Greenfield Resources.

Otras amenazas en la región

Reactivación de la Mina Santa Rosa en el Distrito de Cañazas bajo la empresa Vera Gold Corporation.

Concesiones mineras en los Distritos de Las Palmas, Soná y Santa Fé.

Actualmente 8 concesiones para la generación hidroeléctrica hasta el mes de enero de 2022 de acuerdo a la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP).

Actualmente organizaciones socioambientales de la provincia de Veraguas, como es la Red Ecológica, Social y Agropecuaria de Veraguas RESAVE mantienen una lucha desde hace más de 15 años para que la cuenca hidrográfica del Río Santa María sea declarado Patrimonio Nacional Natural y Área Protegida de Reserva Hidrológica la Cuenca del Río Santa María.

Además, representantes del Congreso Ngäbe Buglé y Campesino del Norte de Santa Fe de la Provincia de Veraguas resisten la imposición de la Cuarta Línea de Transmisión Eléctrica, la venta ílicta de tierras a extranjeros, la construcción de la carretera “Conquista del Atlántico” y conflicto administrativo de las áreas protegidas (parques).

Comunidad campesina coclesana

La Provincia de Coclé cuenta con 260, 292 habitantes y se ubica al este con la provincia de Panamá Oeste. Su nombre se origina probablemente a los ríos Coclé del norte y Coclé del Sur, que atraviesa su territorio. Además, sus principales fuentes hídricas río Grande y río Chico. También posee una rica biodiversidad que forman parte del Corredor Biológico Mesoamericano.

Cronología

Una de las mayores controversia socioambiental, es la extracción de minerales, ya que se ubica el mayor yacimiento de cobre del mundo.

En el año 2005 se constituyo la empresa Petaquilla Gold S.A., filial de la minera panameña Petaquilla Minerals Ltd. y en el año 2009, inicia operaciones de extracción de oro a cielo abierto en Molejón bajo la Ley 9 de 26 de febrero de 1997, la cual el Estado panameño concedió 13,600 hectáreas (hoy día Minera Panamá, S.A.). Pero la empresa Petaquilla Gold quebró en el 2014, dejando un sin números de daños ambientales como las tinas de relave en una zona que recibe gran cantidad de lluvia, lo que ocasiono grave contaminación.

Es importante, enfatizar que las empresas Petaquilla Gold y Minera Cobre Panamá de la empresa First Quantum Minerals están bajo la Ley 9 de 26 de febrero de 1997. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia declaró en el mes de septiembre de 2018 inconstitucional la ley que avaló la concesión de la mina de 1997, en respuesta a un recurso interpuesto por un grupo medioambiental que denunció que el proyecto era lesivo para el Estado y para los recursos naturales del país.

Pero en el marco de la crisis por la pandemia de la COVID 19, el martes 18 de mayo de 2021, el ministro de Comercio e Industrias, Ramón Martínez, presenta una propuesta para reactivar la economía nacional, la cual busca institucionalizar el extractivismo minero como solución. También anuncia la propuesta de la empresa Broadway Mineral en invertir 200 millones de dólares en Mina Molejón y proyecta invertir 250 millones de balboas en la construcción de una Refinería, en la cual el Estado panameño tendrá participación accionaria de 50%.

Además, el Ministerio de Comercio e Industria MICI, publicó en Gaceta Oficial de la República de Panamá N° 29284-D, la Resolución N° 89 (De miércoles 12 de mayo de 2021), la incorporación al Régimen de Concesiones Mineras una zona de 24,954.82 hectáreas, ubicado en el corregimiento de Coclé del Norte y San José del General, Distrito de Donoso, Provincia de Colón, y mediante Resolución N° 90 (De miércoles 12 de mayo de 2021), la incorporación al Régimen de Concesiones Mineras, una zona de 644.9 hectáreas, ubicadas en San José del General, Distrito de Omar Torrijos y Donoso, provincia de Coclé y Colón.

El Movimiento campesino de esta región como es la Coordinadora Campesina por la Vida, el Frente Campesino Contra los Embalses y la Minería FCCEM y la Coordinadora en Defensa de las Tierras y Aguas de Coclé CODETAC ante las impositiva política del gobierno han doblegado esfuerzo de lucha para exigir la cancelación de está megaobra minera y proyectos hidroeléctricos.

Movimiento ciudadano azuerense

La península de Azuero esta constituida por las provincias de Herrera, Los Santos y parte de la provincia de Veraguas en el pacífico panameño.

Azuero posee un ecosistema variado integrado por áreas protegidas pero zonas especiales. Esta región debido a su biodiversidad y notables circunstancia climáticas forma parte del Sistema Nacional de áreas Protegidas SINAP entre ellas Parque Nacional Cerro Canajagua, Reserva Forestal La Tronosa, Parque Nacional Sarigua, Refugio de Vida Silvestre Isla Iguana entre otros. Además posee 10 cuencas hidrográficas.

La península de Azuero sufre amenazas de desertificación por la pérdida de bosques, debido a la deforestación para actividades extensivas agropecuarias. La cual el Estado panameño ha promovido políticas ambientales para mitigar los efectos del cambio climático.

Pero otras de las amenazas, es la concesión para extracción de oro y otros metales en la en la sierra del Canajagua a través de la Empresa Cerro Quema, S.A. subsidiaria de la canadiense Orla Mining Ltd. que el estado panameño otorgo en 1997. Desde este año, el Frente Santeño contra la Minería (FRESACOMI), viene ejerciendo acciones legales y presiones populares, para que se cancele la concesión a la empresa Minera Cerro Quema S.A. propiedad de Pershimco Resources de capital canadiense, quiénes recibieron 14, 893 mil hectáreas para dicha actividad, como lo expone los contratos mineros 19, 20 y 21 del año 97 (Gaceta Oficial de 26 de febrero de 1997).

Para julio de 2017 la empresa Minera Cerro Quema presento una demanda contra el ambientalista y experto forestal Basilio Pérez, quién denunció en agosto de 2014 a la empresa en la antigua Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) por violaciones a la ley ambiental. La empresa exigía 40 mil dólares de indemnización por daños y perjuicios. Pero la empresa Minera Cerro Quema perdió un Recurso de Apelación contra la Sentencia N° 9 de 31 de enero de 2019 en el caso de mayor cuantía instaurado contra el ambientalista Basilio Pérez.

El Frente Santeño contra la Minería (FRESACOMI) ha reiterado su oposición a la renovación a la concesión minera y aprobación del estudio de impacto ambiental.

Disyuntivas sobre conservación ambiental – cultural y la anacrónica economía

Las comunidades rurales afectadas por concesión y permisos para extraer aguas y tierras (para minería, hidroeléctricas, turismo inmobiliario, otros) han expresado al estado panameño el desacuerdo a la imperante economía de mercado que violenta la productividad en el sentido amplio de los sectores sociales y su soberanía ecológica. Tal efecto negativo conlleva una serie de hechos que urge incidir para la justicia ambiental y social del país:

Los proyectos desarrollistas en el país, están bajo la lógica financiera privada. Y no así como un programa de país, involucrando la colectividad de los sectores sociales productivos.

Ante la crisis ambiental global, Panamá, mantiene un régimen carente de debate y transformación de su política y cultura estatal. Evidenciando un nulo pensamiento y accionar sobre la cuestión socioambiental, y su contraproducente soluciones bajo los falsos dictámenes de la economía verde.

Que ante el comportamiento comercial, la acumulación de capitales y enriquecimiento del patrimonio nacional, no representa el consenso de la mayoría de los ciudadanos panameños. Ya que la poca participación ciudadana, la falta de transparencia y el tráfico de influencia, extinguió la voluntad soberana nacional.

El manejo de la cuestión ambiental, por el Ministerio de Ambiente (MIAMBIENTE), no ha tenido efectividad para combatir el acaparamiento y deforestación de áreas protegidas, también carente de un poder coercitivo para que las empresas inversoras extractivas cumplan con rendir cuentas y transparencia en el cumplimiento de los Estudios de Impacto Ambiental. Así de las reparaciones por contaminación y daños ambientales a los ecosistemas.

En materia de las Garantías Fundamentales descrita en la Constitución Política de la República de Panamá, es importante señalar que las comunidades rurales en conflicto se mantiene en un ambiente hostil, igualmente los defensores de los derechos humanos, cuya figura es desconocida por el Estado. Además, oponerse a los proyectos extractivos, es objeto de campañas de odio, descalificación y discriminación.

En algunos antecedentes sobre conflictos socioambientales, las comunidades afectadas y su representante legal prefieren no utilizar el sistema judicial para la denuncia y resolución de los conflictos, por diversas causas: el desconocimiento de derechos e información necesaria, el deficiente acceso a servicios jurídicos, los resultados negativos de las acciones realizadas y la falta de confianza en las instituciones estatales.

Propuesta Nacional Comunitaria Ecológica

Ante la crisis ambiental global y el cambio climático, las comunidades organizadas y articuladas siguen resistiendo y demandando al modelo extractivo enfatizando la minería metálica y fuentes hídricas. Este proceso incluye capacitaciones, movilizaciones, reuniones ante autoridades locales y nacionales, hasta cabildeos sobre propuesta de leyes para la protección ambiental. Algunas propuestas de los comités comunitarios rurales, organizaciones socioambientales y profesionales del sector académico – científico son las siguientes:

1. Declarar una moratoria permanente a la minería metálica sobre territorio panameño.

2. Reformas a la ley minera o Código Minero.

3. Revisión de la Ley General de Ambiente 41 de 1 de julio de 1998 referente a los estudios de impacto ambiental, el Decreto Ejecutivo 123 de 14 de agosto de 2009 sobre Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (con sus modificaciones) y Evaluación de Programas de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA’s) regulado por Decreto Ejecutivo Nº57 del 10 de agosto del 2004.

4. Impulsar un plan de capacitación sobre participación ciudadana y consulta popular tomando el Acuerdo de Escazú ratificado el 10 de marzo de 2020, a través de la Ley 125 del 4 de febrero de 2020.

5. Implementar un Plan de Monitoreo Comunitario PMC, constituido por las comunidades rurales, defensores socioambientales, el sector científico / académico, y autoridades locales – nacionales. Garante de las evaluaciones e informes socioambientales sobre proyectos de alto impacto a la población y biodiversidad.

6. Rechazo a falsas políticas de mitigación y reparación a los efectos negativos al ambiente producto del extractivismo y cambio climático, como son los instrumentos financieros: compensación por pérdida de biodiversidad, el programa Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los Bosques REDD y el mercado de carbono.

7. Debido al frágil sistema sanitario público, es importante reconocer la medicina comunitaria a través del uso de medicinas ancestrales y naturales como forma alternativa y estratégica para hacer frente a futuras crisis sanitarias.

8. Fortalecer otras dinámicas de producción nacional, como es la economía popular solidaria, cooperativismo, turismo ecológico y otras costumbres, que también son alternativas enfocadas de manera humana y ambiental ante crisis y situaciones de vulnerabilidad social.

9. Propuesta de un debate nacional sobre el agua. Esto representa un tema central en el debate público sobre su acceso como un derecho humano versus la economía emergente. Su objetivo es promover un proyecto de ley para elevarla a rango constitucional.

10. Fortalecer el sector agroalimentario bajo políticas de integración económica y social con enfoque de género. El sector agropecuario está constituido por grandes, medianos y pequeños productores, que con la participación de las mujeres en este proceso, son un eslabón dentro de la cadena productiva y seguridad alimentaria. Estas políticas en mención, también deben tomar en cuenta el acceso a las tierras, créditos y asistencia técnica con un enfoque agroecológico, ya que la producción nacional en distintos niveles, garantiza la sostenibilidad del capital económico del los productores y de los consumidores.

En Panamá, urge la necesidad de crear un país bajo un sistema de valores a través de la Economía Ecológica, cuya propuesta transformaría los estándares de producción que la economía clásica nunca abordó. Reduciendo el riesgo de escasez de producción agrícola, ya que estaría fuera de la dinámica irracional de la economía, y promovería una sustentabilidad socioambiental en la economía nacional.

Elaborado por: Colectivo Voces Ecológicas COVEC

Organización ecológica popular, cuyo objetivo es promover la defensa de los derechos socioambientales de las comunidades y la sustentabilidad ecológica. Objetivos que se realizan en el marco de la Ecología Política a través de la incidencia social, y comunicación alternativa por un modelo de vida solidario, ecológico y justo.

Una investigación y análisis en el marco de la 1º Escuela Itinerante de Ecologismo Popular 2021. Un espacio de participación comunitaria rural para la formación, información y acción sobre el pensamiento crítico de la Ecología Política, diálogos de saberes y herramientas de comunicación popular.

Fuentes consultas

Ministerio de Ambiente (MIAMBIENTE)

Contraloría General de la República de Panamá

Ministerio de Comercio e Industria (MICI)

Autoridades de los Servicios Públicos (ASEP)

Diario La prensa

Diario La Estrella de Panamá

Red de Derechos Humanos de Panamá

Organización Mixta de Productores Agroambientales y Artesanos Naso OMPAYAN y grupos defensores de las tierras ancestrales Naso

Coordinadora Nacional de los Pueblos Indígenas de Panamá COONAPIP

Mujeres Defensoras del Bosque CEW

Red Ecológica, Social y Agropecuaria de Veraguas RESAVE