Written by El actual gobierno pretende retrotraernos a la pregunta sobre si es viable o no la continuidad del extractivismo minero bajo otras formas. Se trata de una falsa disyuntiva ya superada por la histórica resistencia contra la minería que hoy constituye una causa nacional. Ante los planteamientos del Ejecutivo y figuras del sector privado con miras a afianzar el posicionamiento de First Quantum en nuestro país, expresamos lo siguiente:
1) Las organizaciones y ciudadanos que compartimos la lucha Por un Panamá libre de minería, nos pronunciamos contra todo intento de renegociación minera, evasión ointento de continuidad de la minería metálica en los yacimientos de Donoso y Omar Torrijos, lo cual atenta contra nuestro patrimonio natural, la búsqueda de la sostenibilidad y la paz social.
2) Reanudar la explotación de la mina de Donoso transgrede el Fallo de la Corte, la Moratoria Minera como Ley de la República y la voluntad popular. Cualquier mecanismo que facilite la operación extractiva y comercial del proyecto Cobre Panamá seguiría desconociendo los derechos que el fallo ordenó proteger, como el derecho a la participación, a un ambiente sano, de la niñez y comunidades vulnerables, y de la naturaleza. Además, sería una burla a las luchas populares que exigen precisamente el cierre de operaciones del proyecto, no la modificación de la estructura de la empresa para permitir su permanencia, bajo cualquier figura o procedencia de su capital, pues sigue siendo una actividad nociva para nuestros ecosistemas.
3) No existe tal cosa como “abrir para cerrar”,ni como categoría de esta operación industrial, ni en la normativa que la rige. Es una falacia que la reapertura del proyecto se haría solo para financiar el cierre sin que la empresa reciba ningún beneficio económico. Además, una reapertura aumentaría y ampliaría los impactos y riesgos ambientales haciendo cada vez más costoso y lejano el cierre definitivo.
4) El gobierno ha ejercido nula presencia en la mina, y la empresa continúa tomando las decisiones. El gobierno ha desprotegido los intereses del país al no cumplir con los pasos necesarios para la ejecución del fallo y la moratoria minera. Casi un año después del fallo, no hay un plan aprobado por las autoridades que dicte las medidas que debe ejecutar la empresa para la estabilidad física y química de la mina, no se han realizado las auditorías e impuesto las sanciones necesarias, y no existe mecanismos de participación ciudadana para el proceso de cierre.
5) El Ministerio de Ambiente ha sido despojado de la conducción del proceso de cierre. Conforme al EsIA corresponde a MiAmbiente la responsabilidad de dirigir cualquier proceso de cierre temporal o definitivo del proyecto minero. Además de impulsar una auditoría ambiental internacional idónea e independiente, la institución está obligada a reestablecer su rol fiscalizador en la zona a través de las inspecciones en campo y los informes técnicos que se detuvieron en el año 2021, y los cuales dieron cuenta de más de 200 incumplimientos, algunos muy graves. Ambos instrumentos aportan elementos cruciales para las sanciones contra la empresa que reforzarían la obligación de cierre definitivo.
6) Hasta hace poco el gobierno no había aclarado cómo se financiaría la auditoría del proyecto minero. Recientemente se aprobó un traslado de partida presupuestaria para la contratación de la auditoría internacional.Es crucial que la firma auditora no mantenga ninguna relación con la empresa minera u otros intereses privados asociados a la mina, ya que esto supondría un peligro para garantizar la neutralidad e independencia de sus resultados, tratándose de un caso que se ha caracterizado por la turbiedad, el conflicto de interés y la captura política.
7) El presidente declaró que retomará el tema el próximo año, mientras que las comunidades vulneradas siguen en riesgo. A las poblaciones locales se les vulnera el derecho a la salud, al ambiente sano, al libre tránsito, y permanecen a merced de un enclave. En reciente comunicado, diversas pastorales católicas se expresaron frente a los casos de discriminación, hostigamiento, agresión y muertes de niños y adultos de la zona, y exigen una investigación exhaustiva sobre los hechos y la salud de los pobladores. Asimismo, las comunidades aguas abajo se mantienen en riesgo de un colapso de la tina de relaves o de infiltración de drenaje ácido de roca en las aguas subterráneas y otros cuerpos de agua de la zona.
8) Para quienes aportaron una alta cuota de sacrificio es inaceptable que grupos de interés pretendan negar el alzamiento nacional contra la minería, al plantear que este grave conflicto fue accesorio y casual. Por el contrario, se trata de un grave problema nacional cuyo rechazo ha sido confirmado una y otra vez por diversas encuestas nacionales.
9) El instrumento jurídico de un referéndum sobre la minería en el país debe ser tratado con atención. Quien organice un referéndum y la manera en que se haga tiene el poder de influir en sus resultados. La millonaria propaganda con fondos públicos y de la empresa en favor de un ilegal contrato minero, las irregularidades de las elecciones 2024, y el apoyo de poderosos sectores a candidatos pro-minería, suponen preocupación. Dadas las irregularidades vistas, solo con condiciones electorales equitativas se podría garantizar un legítimo ejercicio de voluntad popular.
10) Cerrar la mina es responsabilidad de la empresa. En Panamá es ilegal que las empresas dejen abandonados proyectos que puedan afectar el ambiente. El Estudio de Impacto Ambiental incluye un plan de cierre en el que se detallan las acciones necesarias para el abandono o cierre técnico (incluidos cierres imprevistos) y una fianza ambiental que contemple esos costos; fianza que este año fue renovada por la empresa por $157 millones. El gobierno tiene el deber de activar estas responsabilidades. Lo contrario solo demuestra complicidad y negligencia en detrimento de los intereses del país.
11) La grave situación de la mina en Donoso no se puede evadir, negar ni posponer por decreto. El cierre minero es una de las grandes cuestiones nacionales por atender y es prioritario ejercer las facultades con las que el Estado cuenta para evitar consecuencias jurídicas, ambientales, económicas y sociales.
12) Llamamos a la Corte Suprema de Justicia para que falle en legalidad, tal como lo hiciera con el Contrato Ley 406, y declare la Inconstitucionalidad de la Ley 92 de concesión minera de VeraGold en Cañazas de Veraguas, la única mina que no pudo ser alcanzada por la moratoria minera. Las comunidades de Veraguas ya han sufrido por la minería y merecen, al igual que el resto del país, un territorio libre de Minería.
Panamá Vale Más Sin Minería
Last modified: 25/02/2025
