Written by Las más de 40 organizaciones que constituimos el MPVMS rechazamos la minería metálica y el manejo inadecuado del caso Minera Panamá, que vuelve a cernirse como una amenaza contra el Estado de Derecho, la convivencia ciudadana, la sostenibilidad de los ecosistemas y el bienestar de las futuras generaciones:
1. Un gobierno que no defiende los intereses del Estado
El Ejecutivo adelanta acciones hacia una virtual reactivación del proyecto minero; sin embargo, ha incumplido y postergado cada uno de los pasos necesarios para garantizar la protección del ambiente y las comunidades; la defensa efectiva del país; y el proceso de cierre seguro.
Es inadmisible que 15 meses después del Fallo, el Gobierno aún no haya realizado las auditorías ambientales, la aprobación del Plan de Preservación y Gestión Segura del sitio (de enero 2024), y la concreción de los procesos sancionatorios por parte del Ministerio de Ambiente, ante los reiterados incumplimientos ambientales de la empresa minera.
El incumplimiento de los compromisos ambientales y los estándares internacionales que garantizan su estabilidad física y química, suponen un peligro grave e inminente en la zona; siendo los casos más graves: la generación de drenaje ácido y el riesgo de colapso de la instalación de manejo de relave.
2. Una campaña de reapertura avalada por las autoridades
A pesar de que Minera Panamá – First Quantum Minerals ha causado severos impactos y constituye una grave amenaza ambiental, parece gozar de un trato privilegiado para que puedan desplegar una maquinaria propagandística en los espacios públicos, culturales, y comunitarios, llegando a irrumpir en los centros escolares donde estudian nuestros hijos e hijas; todo esto con el aval de autoridades nacionales y locales.
Frases repetidas por autoridades gubernamentales como: “el hueco ya está hecho” ofenden la dignidad nacional al disminuir y normalizar la gravedad de los daños causados durante la operación de la mina y justificar sin más la continuidad de estas lesiones.
Por otro lado, el Estado mantiene una deuda social con las comunidades afectadas, cuyos derechos más fundamentales (agua, salud, educación, vivienda, libre tránsito, trabajo decente) se encuentran vulnerados, y la ausencia de Estado someten a algunos pobladores a aceptar la presencia minera y sus daños sobre la convivencia y el tejido comunitario dividiendo y polarizando.
3. Arbitrariedades en el manejo de la mina
Al igual que el gobierno pasado, el mandatario actual violenta el Estado de Derecho, al ignorar el Fallo de Inconstitucionalidad de la CSJ. El Fallo, además de dejar a la empresa sin un contrato de concesión, establece una serie de estándares de protección, incluyendo la salvaguarda de los derechos de la Naturaleza, el respeto de los derechos humanos de las comunidades afectadas y las futuras generaciones, y la obligatoriedad de un nuevo Estudio de Impacto Ambiental.
Pretender la reactivación de la termoeléctrica como fuente de energía para Panamá es improcedente, ya que la empresa no es más un autogenerador y por tanto no puede comercializar “un excedente”. La medida no es tampoco necesaria para el país, ya que la generación actual es de 3037 MW, y el consumo nacional máximo es de 1921 MW -alcanzado en diciembre 2024. Utilizar carbón contaminante es una idea contradictoria para un país que se ha vendido como Carbono Negativo y sustentado en una matriz energética limpia.
En cuanto al concentrado de cobre, si bien advertimos desde hace más de un año, que el material no puede permanecer en el sitio, su exportación no puede darse de manera arbitraria. Se desconocen los sustentos legales y técnicos que dan lugar a estas acciones, ya que no se han hecho públicos los resultados de la auditoría de este material, no se ha aprobado el Plan de Preservación ni se ha dictado acto administrativo debidamente motivado para dar dicha instrucción.
4. La falacia de la dependencia económica
Asumir que todos los problemas económicos del país se sustentan en un cierre minero evidencian, por una parte, las estrategias de manipulación y reiteran la incapacidad de las diferentes administraciones de garantizar la productividad de los ciudadanos y generar actividades económicas sustentables e incluyentes para toda la población sin caer en las manipulaciones extractivistas.
El estancamiento de la economía del país se refleja en la acumulación de un 50% de trabajo informal y un desempleo superior al 10%, sin contar a los trabajadores agropecuarios. Súmesele, una deuda externa muy cercana a los 60,000 millones de dólares, que nos ha obligado a pagar en el mes de enero cerca de 500 millones en intereses y amortización de dicha deuda.
En los últimos años, importantes bancos de inversión han reconocido que el problema es fundamentalmente falta de disciplina fiscal, lo que produjo en el 2024 un déficit de 6,416 millones. Por otra parte, datos del Boletín Tributario de la Dirección General de Ingresos del MEF han reconocido que la evasión y elusión fiscal alcanza miles de millones de dólares.
Es inaceptable a más de un año de cierre, el gobierno tampoco haya construido una estrategia de desarrollo que logre la sustitución del aporte que realizaba el sector minero, a través de la promoción de otras actividades productivas, en particular en los distritos de Omar Torrijos, Donoso y La Pintada.
5. Finalmente,
- Expresamos nuestro apoyo a las comunidades vecinas, y a todo el país, porque comprendemos la realidad de la pobreza y abogamos por soluciones justas y sostenibles que prioricen tanto a las personas como al ambiente.
- Al gobierno nacional, le reiteramos la necesidad de respetar el Estado de Derecho y la seguridad jurídica. Atentar contra los dictados de la justicia por manipulación o conveniencia es un golpe a la institucionalidad del país y pone en riesgo el respeto a los derechos de todos los ciudadanos que es el principal valor que debe defender un Estado.
- Nos pronunciamos enérgicamente en contra de los anuncios de iniciar negociaciones entre el gobierno y la empresa minera, que lejos de avanzar en el proceso de cierre, tienen el claro propósito de continuar con la actividad.
- Anunciamos el llamado a todas las organizaciones miembros del MPVMSM a lo largo y ancho del país, así como a todos los sectores y población a mantenernos en estado de alerta máxima ante el intento de imposición de cualquier forma de continuidad de la minería metálica.
- A partir del momento, damos inicio a la jornada de acciones nacionales en defensa de un Panamá libre de minería.
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“El Pleno de la Corte Suprema de Justicia tiene presente, que el impacto social, económico y ambiental que posee una mina a cielo abierto, como la que es objeto de concesión, tendrá afectaciones directas a un segmento de la población, en este caso, poblaciones rurales, asentamientos informales y campesinos, cuyo riesgo de daño ambiental es alto, producto de la actividad desarrollada, y su vulnerabilidad que se traduce a su vez en un acceso limitado a la toma de decisiones o recursos materiales, para poder hacer frente a decisiones en materia ambiental.
Ante la disyuntiva presentada, en la que se debe ponderar entre el derecho humano a un medio ambiente sano y el derecho a la protección de la inversión económica, la balanza del Pleno de la Corte Suprema de Justicia se inclinará, naturalmente, por salvaguardar la continuidad del género humano aplicando el antedicho principio de no regresión, que deviene en una limitación al accionar de los poderes públicos, respecto a la adopción de medidas legislativas o de otra orden regresivas, que disminuyan el nivel de protección ambiental logrado, salvo que se otorgue una rigurosa y debida justificación, no soslayando que dicho derecho repercute en el derecho a la vida.” (Pág. 217)
Foto: mastrip.net
Last modified: 20/03/2025
