Written by El caso de Audrey Baxter en Panamá ha resaltado preocupaciones significativas sobre la vulnerabilidad de los derechos humanos en el contexto de la lucha contra el extractivismo minero. Baxter, un fotógrafo y activista, perdió un ojo durante las protestas contra la explotación minera en Panamá, el pasado 19 de octubre de 2023. Las manifestaciones se intensificaron tras la aprobación de un contrato ley que permite la continuación de la explotación de la mina de cobre a cielo abierto FIRST QUATUM MINERALS, lo que generó una fuerte oposición debido a los impactos ambientales y sociales.
A pesar de las denuncias presentadas por Baxter sobre el uso excesivo de la fuerza y la violación de sus derechos humanos, las autoridades archivaron una de sus denuncias, argumentando que no se encontraron pruebas suficientes. Este hecho ha generado críticas y ha puesto en evidencia las dificultades que enfrentan los defensores de derechos humanos y activistas ambientales en Panamá, a pesar que el país ratificó el Acuerdo de Escazú mediante la Ley 125 de 2020.
El Acuerdo de Escazú es un tratado pionero en América Latina y el Caribe que busca garantizar los derechos de acceso a la información ambiental, la participación pública en la toma de decisiones ambientales, y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Además, promueve la protección de los defensores de los derechos humanos ambientales, quienes a menudo enfrentan amenazas y violencia debido a su labor.
Esto implica un compromiso formal de Panamá para implementar plenamente los derechos de acceso a la información, participación pública y justicia ambiental, así como para proteger a los defensores ambientales. Sin embargo, la implementación efectiva del acuerdo sigue siendo un desafío, claramente el caso de nuestro compañero Baxter deja en evidencia a un año del suceso como el país permite la criminalización y violencia contra activistas ambientales. COVEC como miembro de la Red Centroamericana por el Derecho a Vivir en un Medio Ambiente Sano, manifiesta cero tolerancias a como el estado no protege a las personas defensoras y sugiere que la acción al marco del acuerdo de Escazú mejore para proteger a quienes defienden nuestra tierra panameña y el planeta.
Organizaciones firmantes:
Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras ARCAH
Flor Nacional del Pueblo Maya (Guatemala)
ASDEPAZ de El Salvador
Equipo Impulsor Nacional del Acuerdo de Escazú-El Salvador
Red Nacional Alianza de Ulúas, Lencas y Nonualcos
Red de Escazú, Costa Rica
Oceana
Centro de investigación para la acción femenina (CIPAF) – República Dominicana
Escuela Agroecológica del Programa de Campesino a Campesino
Red Nacional ADEJUMUT, de Tacuba en Ahuachapán
Nayarit Mujeres y Juventudes, Quezaltepeque
Last modified: 14/11/2024
