Written by El 25 de noviembre se conmemora el día internacional de la No violencia hacia la mujer, en recordación al femicidio político ocurrido en 1960 contra las hermanas Mirabal (Patria, Minerva y María Teresa) en República Dominicana, ordenado directamente por el tirano Rafael Trujillo. Establecido formalmente por las Naciones Unidas mediante la resolución 54/34, el 17 de diciembre 1999, definiendo violencia contra la mujer como: «todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada». En el transcurso de la vida de una mujer, puede sufrir episodios de violencia de cualquier tipo (física, psicológica, sexual, económica, mediática, política, entre otras.) hacia su persona.
Según el Observatorio de Femicidios de Panamá, el año pasado 2020 Panamá registró 31 femicidios y en lo que va este año 15 femicidios. Cifras alarmantes para un pequeño país como el nuestro. A pesar de que nuestro país cuenta con una Ley que tipifica el femicidio (Ley 82 de 2013), las mujeres se sienten inseguras en sus casas y en la calles. Este cuerpo legal no se está cumpliendo como debe ser. El Estado panameño no está cumpliendo su rol de proteger la vida y honra de las mujeres. Y a las instancias judiciales les falta aún mucho por hacer.
No podemos dejar de mencionar que el sistema capitalista a través de muchos proyectos (minería, hidroeléctricas, turísticos, trabajo agrario, acaparamiento de tierras, entre otros), se basa en la imposición para su desarrollo. Son las mujeres las más afectadas antes, durante y después de la ejecución de estos proyectos. Desde el momento mismo en que las corporaciones ocupan un territorio y que no sea aceptado por los pobladores, utilizan la violencia física y sexual contra las mujeres, para el despojo y el control violentando sus derechos, esto conlleva un riesgo a su integridad, desintegración familiar, desplazamiento de sus hogares y rompimiento con la comunidad, ya que con ello poco a poco van despojando a las mujeres de su medio de vida tradicional. Cabe mencionar que una vez establecidos estos proyectos en las comunidades se les sobreexplota en trabajo laboral, emocional, aumentando la violencia intrafamiliar, la prostitución, enfermedades y todas aquellas mujeres que se resistan a estas instalaciones de estas empresas y que alzan su voz son desaparecidas por defender sus derechos y los del ambiente quedando estos crímenes sin resolver y en el olvido.
Según Ervin (2018), en 2016, el mundo condenó ampliamente el asesinato de Berta Cáceres por defender los derechos de su comunidad contra la construcción de una represa hidroeléctrica en Honduras. Sin embargo, la violencia contra muchas otras defensoras pasa en gran medida desapercibida. Tan solo el año pasado fueron asesinadas mujeres como Emilsen Manyoma de Colombia, quien defendió los derechos a la tierra de su comunidad frente a proyectos agrícolas y mineros abusivos; Leonela Tapdasan Pesadilla de Filipinas, quien defendió a su comunidad de proyectos mineros a gran escala; y Laura Leonor Vásquez Pineda, de Guatemala, quien defendió sus tierras contra intereses mineros. Cada año, un número aún mayor de mujeres defensoras del medioambiente enfrentan amenazas, intimidación, violación, tortura y/o encarcelamiento, como Patricia Gualinga Montalvo, activista indígena kichwa, quien enfrenta constantes amenazas de muerte por su defensa de los derechos de su comunidad en la Selva Amazónica.
Solano (2015), manifiesta que, no podemos dejar de mencionar el caso de las socias del Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama, quienes han vivido los impactos negativos de la minería a través de la persecución, judicialización, llegando incluso a ser privadas injustamente de su libertad, enjuiciadas penalmente con falsas acusaciones hasta de “terrorismo organizado”; siendo además insultadas y discriminadas. También tenemos a las mujeres mapuches que combaten caminando y denunciando frente al mundo la violación constante de los cuerpos y territorios de las mujeres de pueblos originarios. (Battistessa, 2021). La violencia contra las mujeres defensoras del ambiente, no solo representa una frustración y preocupación para ellas, sus familias y sus comunidades, si no para el país, ya que nos afecta a todos.
En territorio panameño son muchas las mujeres agredidas en distintas esferas, y son las mujeres campesinas, indígenas, afrodescendientes y feministas comunitarias que pasan hacer víctima de un estado agresor con sus impositivas políticas de extractivismo.
Las mujeres queremos manifestar nuestro repudio al estado panameño, promotor de estos proyectos de saqueo y exterminio de bienes comunes, que atentan con todo lo ciclo de la vida que defendemos.
Basta de agresiones a las mujeres…
Basta de represión a las defensoras de la naturaleza…
Basta de extractivismo y terricidio..
Por un Panamá justo, solidario y ecológico….
Dania Batista Guevara
Irene García
Margarita Rodríguez Santana
Iris Gómez Robles
Conzuelo Trotman
Sol Díaz Céspedes
Cristely Ibarra
Indira Javilla
Colectivo Voces Ecológicas COVEC
Panamá, 25 de noviembre de 2021.
Last modified: 25/11/2021
