Written by “De no tomarse las medidas de seguridad para este caso existe el riesgo de registrarse daños materiales y en el peor de los casos la pérdida de vidas humanas” (Sistema Nacional de Protección (SINAPROC)-Diagnóstico y Recomendaciones de fecha 23 de mayo de 2016).
Doce largos años han pasado y cuatro períodos presidenciales, desde que comenzó el calvario de los residentes del PH Plaza del Pacífico, Torres A y B, y su lucha para que se solucionen gravísimos problemas que afectan sus vidas y propiedades, sin que autoridad alguna haya dado respuesta.
Toda la estructura oficial, desde la Presidencia de la República hasta el Corregidor de Calidonia y la oficina del Coordinador de Corregidores, fue informada de los mortales peligros que permanecen cerca de la Cinta Costera y el Mirador del Pacífico, los cuales atentan contra la seguridad de quienes residen entre las calles 18 y 19 Este, en el histórico corregimiento de Calidonia, específicamente en El Marañón, muy cerca de la zona paga del metro de la plaza 5 de mayo.
Los males que, específicamente, deterioran la calidad de vida de más de 500 panameños que viven en el área, de turistas, de propios y extraños que transitan por este lugar, están representados por una gigantesca grúa instalada hace casi diez años e inactiva más de seis (a punto de caerse), en un espacio robado al mar, foso convertido en criadero de mortales alimañas y, más recientemente, en residencia de personas de dudosa procedencia y de conducta indecorosa.
A lo anteriormente señalado se suma el empleo de áreas cercanas, para que cualquier extraño haga sus necesidades fisiológicas y, otras tantas, como estacionamiento público, a ciencia y paciencia de los responsables de mantener el orden vial.
Como si lo arriba expuesto fuese poco, con o sin lluvia y cada vez que sube la marea, las calles adyacentes se inundan debido a residuos de cemento abandonado en las alcantarillas por dos fábricas de cemento que fueron cerradas y por los restos de una construcción cercana (PH de 3 torres), empresa responsable de incrementar la concentración de agua pluvial y marítima, por la pésima instalación de tuberías de aguas negras, lo que ha convertido las Calles 12 y 19 Este, en cráteres lunares.
La odisea se inició, en su primera etapa, en el año 2004, prosiguió en el período 2005-2013 y continuó en el lapso 2014-2015, hasta la fecha, épocas en las que se enviaron notas a todos los despachos, voceros de la comunidad acudieron a las autoridades competentes, sin resultados positivos, se efectuaron conferencias de prensa y se logró que reporteros (Prensa, Televisión y Radio), dieran cobertura a los problemas que pueden causar la muerte o lesiones graves y/o discapacidades, entre los residentes, turistas y desprevenidos transeúntes.
La permanencia de esos y otros mortales problemas nos llevó a redactar la obra titulada “La Burbuja Inmobiliaria y sus efectos en Panamá”, publicada en el año 2014, por la Editorial Ediciones de Mayo de 1958, con una Certificación en la que consta que está registrada bajo el ISBN 978-9962-05-643-0.
Causa risa y vergüenza la probada incapacidad oficial que han demostrado –y siguen haciéndolo- cuatro titulares del Órgano Ejecutivo y sus respectivos subalternos, quienes durante 12 años, han ignorado los urgentes reclamos de panameños que residen en pleno centro de la capital de Panamá.
Cierto es que antes y después del informe presentado por el SINAPROC, representantes de varias instituciones se han presentado al lugar, pero sus informes, si acaso hicieron alguno, quedó en el cesto de la basura. Por otros lado, y es una burla a la inteligencia de los moradores, que tengamos que ofrecer el nombre del dueño del proyecto quebrado, cuando es la Alcaldía de Panamá, a través de Ingeniería Municipal, la que tramita y otorga los Permisos de Construcción.
No es extraño que permanezcan los criminales flagelos que penden, como espada de Damocles, sobre la cabeza de ciudadanos productivos del área de El Marañón, si jamás se le ha dado efectivas soluciones a la inmensa mayoría de panameños humildes, que jamás han contado con agua potable, salud pública eficiente, ni carreteras transitables, entre otros bienes y servicios básicos que, constitucionalmente, debe ofrecer el gobierno nacional.
Hasta la fecha, ninguna autoridad le ha dado valor y, menos aún, ha cumplido las recomendaciones formuladas por el SINAPROC, de fecha 23 de mayo de 2016. Estamos seguros, como siempre ha ocurrido, que esperan que los moradores de El Marañón afectados, adopten alguna medida de fuerza, para actuar por reacción y no por iniciativa, respuesta que será, evidentemente, la fuerza bruta, con balas y bombas incluidas, con lo que criminalizan las protestas ciudadanas, acciones claramente violatorias de sus derechos constitucionales y humanos.
Por: Franklin Ledezma Candanedo
Last modified: 15/12/2016
