Written by En su comunicado del 29 de julio del 2020 el grupo denominado Repensar Panamá señala que, a su juicio, tanto la crisis actual como la creciente desigualdad “es el resultado de décadas de deterioro de la institucionalidad”. Visto de manera superficial parece una afirmación efectiva y hasta progresista. Sin embargo, en la medida en que no profundiza en el significado del “deterioro de la institucionalidad” ni el origen de ese fenómeno, la frase se convierte en una expresión general, que oculta la profundidad de los problemas.
Joseph E. Stiglitz, ganador del Premio Nobel en Ciencias Económicas en el 2001, en su trabajo “Markets, States and Institutions” (2017), reafirmando una idea básica de la Economía Institucionalista Clásica, destaca que “hemos llegado a apreciar los mercados como instituciones que deben ser estructuradas”. Esto significa que para entender el problema de la desigualdad tendríamos que observar como funcionan algunos mercados claves y sus consecuencias. Uno muy importante es el mercado laboral.
Cualquier análisis serio sobre el funcionamiento del mercado laboral muestra que el mismo genera un resultado que se aleja crecientemente de la equidad. Es así como entre el 2007 y el 2017 la participación de las remuneraciones de los trabajadores en el PIB se redujo de 32.0% a tan solo 25.6%, mientras que los beneficios brutos de las empresas se elevaron de 43.6% a 56.0%. Detrás de esto está la presencia de un modelo institucional de mercado laboral en el que la productividad crece de manera más acelerada que los salarios reales. Entre el año 2000 y el año 2016 la productividad media del trabajo se elevó en 67.6%, mientras que el salario medio real solo lo hizo en 19.7%. Obviamente todo esto está ausente del comunicado de Repensar Panamá
Las instituciones, tal como las entienden los institucionalistas clásicos, tienen tres aspectos importantes. En primer lugar, son una regla de juego; en segundo lugar, contienen una estructura de incentivos (positivos o negativos) que deben condicionar la acción de las personas a cumplir con la regla; en tercer lugar, un mecanismo de forzoso cumplimiento que asegure compulsivamente el cumplimiento de la regla y aplique la estructura de incentivos.
Para hablar de deterioro institucional e inequidad creciente se deberían, entonces, analizar estos aspectos. Para comenzar habría que establecer que fuerzas sociales son determinantes en el establecimiento de las normas institucionales. Es evidente que en la generación de reglas institucionales y de la estructura de incentivos que las acompañan en Panamá, los diversos sectores sociales no tienen el mismo nivel de incidencia. Es claro que, de manera creciente, las instituciones que sirven de base a la desigualdad han sido estructuradas, tanto en el órgano legislativo como en el ejecutivo, con un claro sesgo que favorece a los sectores económicamente dominantes del país. Esto está conectado con la forma institucional del sistema electoral que permite, sobre todo por la vía de las donaciones, que estos sectores capturen, directa o indirectamente, prácticamente todo el aparato estatal.
Por lo que se refiere al mecanismo de forzoso cumplimiento, se puede decir que lo que prima en nuestro país es la impunidad, la que entre otras cosas ha permitido diversas formas de corrupción, por medio de las cuales políticos y miembros del sector empresarial realicen una efectiva rapiña de los fondos públicos. Nuevamente encontramos que el sistema judicial está estructurado de manera tal que la partidocracia, cuyo poder electoral es sostenido por los dineros de los donantes privados, sea la que controle los nombramientos y forma de funcionamiento de este.
A final de cuenta, la forma vaga y general en que Repensar Panamá introduce el tema de la institucionalidad encubre el real contenido de la problemática, ocultando el papel de los sectores económicamente dominantes.
Por: Juan Jované. Economista
Last modified: 28/08/2020
