Written by La Justicia Comunitaria de Paz y los derechos humanos
El día 21 de noviembre se dio en Puerto Armuelles- Distrito de Barú un lanzamiento por intruso contra un grupo de productores, ordenado por la Juez de Paz de ese corregimiento y confirmado por otras Jueces de Paz del Distrito, a solicitud de la Autoridad Nacional de Titulación de Tierras (ANATI)-.
Se trata de un conflicto social entre el Gobierno y productores sobre un terreno de 15 hectáreas que trabajan en este momento productores agrícolas que han poseído estas tierras ociosas del Estado desde el año 2005, pero que ahora son parte de un contrato de concesión entre el Estado y Banabapiña-filial de la Mulitnacional Del Monte.
La forma como se procedió al desalojo y la destrucción ocasionada son un precedente nefasto para la Justicia Comunitaria de Paz. Estos conflictos sociales entre el Estado y particulares por su complejidad no son un asunto de competencia de las Casas de Justicia y deben ser atendidos en comisiones de alto nivel que realicen un diagnóstico de la situación social y de tenencia de tierra y que luego en mesas de diálogo dirigidas por personas altamente capacitadas en resolución de conflictos se busquen salidas respetuosas a los derechos humanos.
Utilizar las Casas de Justicia Comunitaria de Paz para ejecutar órdenes que vienen desde el Órgano Ejecutivo es una situación inaceptable. Y que un Juez de Paz no respete la decisión de un juez de circuito que luego de un Amparo de Garantías ordenó suspender la orden de lanzamiento, es una acción contraria a los derechos humanos.
Los Jueces de Paz de Puerto Armuelles al tomar una decisión de lanzamiento sin escuchar a los afectados entre los que se encontraban humildes panameños y sus familias, han demostrado no solo desconocimiento de sus funciones como Jueces de Paz sino además falta de sensibilidad social y falta de carácter para enfrentar las presiones desde las autoridades del gobierno.
Desde la sociedad civil hemos luchado para que los jueces de Paz tengan la permanencia y no puedan ser removidos por los Alcaldes de manera unilateral precisamente para evitar la manipulación política que hubo de los corregidores.
Este caso se une a otro escandaloso caso en la Villa de los Santos donde un Juez de Paz sancionó con 300 dólares de multa a una persona por supuestamente faltar el respeto al Presidente de la República.
Es lamentable que el gobierno nacional desde el punto de vista presupuestario le de la espalda a la Justicia Comunitaria de Paz y la tenga en la total precariedad y por otra parte, pretenda seguir usando a las Casas de Justicia de la misma manera como históricamente se utilizaron a los corregidores.
Es necesario que las Comisiones Técnicas Distritales, la Comisión Interinstitucional, la Procuraduría de la Administración y la Dirección de Resolución Alterna de Conflicto del MINGOB hagan un diagnóstico de lo que está sucediendo con la Justicia Comunitaria de Paz y se adopten medidas para que este tipo de situaciones no se repitan.
Invitamos a las comunidades a que estén vigilantes de las actuaciones de los Jueces de Paz y colaboren con las Casas de Justicia que están cumpliendo con su misión. ¡No queremos corregidores, queremos Jueces de Paz!
Panamá, 23 de noviembre de 2018.
Red de Derechos Humanos de Panamá
Last modified: 23/11/2018
