Written by A pesar del estado de emergencia nacional producto del COVID -19, las mujeres Emberá Wounnan valientemente han denunciado a la faz pública que en Darién, lastimosamente, el crimen forestal no se detiene y se siguen derribando árboles y moviendo tucas en mulas por las montañas de Canaan, Marragantí y Bajo Chiquito.
Generó suspicacia que el Decreto Ejecutivo No. 500 de 19 de marzo de 2020, por motivo de la pandemia ordenara el cierre temporal de establecimientos comerciales y empresas de persona natural o jurídica en todo el territorio nacional, pero exceptuando el transporte de exportación de madera.
Nos preguntamos: ¿a cuáles empresas y/o personas naturales se quiso beneficiar con esta medida que provoca la tala desenfrenada en Darién?
La ilegalidad en el sector forestal, perjudica a las comunidades campesinas e indígenas que se dedican a la actividad forestal en menor escala y agota los recursos de los cuales dependen.
Esto debilita las medidas para mejorar la gobernanza forestal, la capacidad institucional para detener los delitos ecológicos y estimula la corrupción.
Las repercusiones ambientales, sociales y económicas del saqueo a los bosques de Darién son alarmantes.
El Ministerio de Ambiente declaró el año pasado una moratoria a la tala por un año; sin embargo, existen concesiones otorgadas en administraciones anterioresque no han sido derogadas bajo la premisa de garantizar la seguridad jurídica; no obstante, dichas concesiones, a todas luces, violan la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES), el Convenio de Diversidad Biológica, el Acuerdo de París, la Constitución Política, la Ley Forestal y otras normas jurídicas.
Además, ponen en jaque los atributos por los cuales el Parque Nacional Darién fue declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO, en 1981, y Reserva de la Biosfera en 1983, lo que nos deja muy mal parados frente a la comunidad internacional, máxime la crisis mundial por el cambio climático.
Los beneficios que ofrece el bosque son percibidos de manera directa: mediante la extracción, transformación y comercialización de los productos forestales maderables y no maderables; o indirecta, mediante las funciones ecológicas de regulación hidrológica, protección de los suelos, secuestro y almacenamiento de CO2 y del albergue y protección de sitios o paisajes de alto valor cultural, espiritual, recreativo y otras.
Es importante que la política forestal sea coherente con otras leyes como la tenencia de la tierra, agricultura, ordenación de la vida silvestre, derechos de las poblaciones indígenas, comercio, etc.
Al elaborar un enfoque estratégico para mejorar la gobernanza forestal, debemos conciliar las medidas encaminadas a disuadir las actividades ilegales, tales como la aplicación de controles y sanciones más estrictos, con actividades que promuevan el comportamiento legal, como el establecimiento de incentivos y una reglamentación actualizada y simplificada.
Es necesario garantizar la participación activa y eficiente de la sociedad civil en la prevención de los actos forestales ilícitos y que las autoridades se dispongan urgentemente a resolver las múltiples denuncias criminales presentadas por delito ecológico de manera que haya prevención y certeza del castigo.
Por: Susana A. Serracín Lezcano. Abogada ambiental. Observatorio Socioambiental de Panamá OBSOAP. Presidenta de la Alianza para la Conservación y el Desarrollo.
Fotografía: Comunidades en resistencia.
Last modified: 08/06/2020
