Written by En audiencia a realizarse a las 2 pm en la sede de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) en Washington, D. C.; la Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD) y el Movimiento por la Defensa de los Territorios de Bocas del Toro (MODETEAB) denunciarán la falta de justicia ambiental y el incumplimiento de las leyes por empresas agroindustriales y energéticas en perjuicio de poblaciones indígenas y campesinas en Panamá. De acuerdo a Feliciano Santos de MODETEAB, “el Gobierno de Panamá permite que intereses privados violen las leyes y las normas internacionales acaparando tierras y causando graves perjuicios a la salud y al bienestar de la población panameña”.
En la audiencia se hará referencia a tres casos que han tenido relevancia a nivel nacional. Por un lado, se denunciará la contaminación de fuentes de agua para el consumo humano por una empresa piñera en La Chorrera que continúa operando sin Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). Según Moisés Montero, afectado por esta empresa, “pareciera que el dinero de los estadounidenses estuviera por encima de la vida y la salud de los panameños, y lamento que ni siquiera el mecanismo establecido por el Tratado de Promoción Comercial ha logrado responder a estos graves abusos”.
Por otro lado, se hará referencia a la continua violación de los derechos humanos en la hidroeléctrica de Barro Blando, a donde la empresa concesionaria ha logrado pagar su préstamo antes de tiempo logrando la retirada de los bancos europeos que financiaron esta obra. Pese a los informes de los mecanismos de quejas de estos bancos y de Naciones Unidas ha continuado la afectación de los medios de vida de la población indígena en la Comarca Ngäbe-Bugle al haber quedado como letra muerta el supuesto acuerdo firmado por el expresidente Juan Carlos Varela.
En base a estos antecedentes se expondrán las preocupaciones por la insistencia de la Empresa de Transmisión Eléctrica (ETESA) de construir una Cuarta Línea de Transmisión entre Panamá y Bocas del Toro, y realizar una EIA sin el consentimiento previo, libre e informado de la población Bugle, Ngäbe y campesina afectada, en clara violación a la Ley 37 de 2006 sobre consulta previa. Según Susana Serracín de la Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD), pareciera que el Estado de Panamá no aprende de las experiencias desastrosas de las empresas mineras e hidroeléctricas, que han sido condenadas en tribunales nacionales e internacionales… La justicia debe ser ciega y no favorecer solamente a quienes tienes dinero e influencias”.
Las organizaciones también solicitarán con urgencia una visita in loco de la CIDH, y que se documenten las violaciones a los derechos humanos cometidas en Panamá. La audiencia será transmitida en vivo en la página electrónica de la CIDH https://www.oas.org/es/cidh/sesiones/default.asp?S=189
Para información adicional contactar a Feliciano Santos de MODETEAB +507 6656-1696 o a Susana Serracin de ACD +507 6621-2122.
Last modified: 09/03/2024
