Written by Carta Pública dirigida al Presidente de Costa Rica Luis Guillermo Solís para detener el reglamento sobre las incineradoras.
Entrevista a Marlen Chacón del Movimiento Hacia Basura Cero:
Organizaciones ecológicas, recicladores, recuperadores de residuos, red de compostadores y ciudadanos, realizaron la conferencia de prensa sobre el rechazo a la firma del decreto reglamento de incineración de residuos sólidos ordinarios, la cual expone elementos probatorios a través de una carta pública al Presidente de la República.
El salón de ex presidente de la Asamblea de Diputados de Costa Rica, fue la sede en horas de las tarde de este lunes 3 de agosto para que los representantes civiles en conjunto con los diputados Franklin Corella del Partido Acción Ciudadana PAC y Edgardo Araya del Frente Amplio FA, expresaran su descontento y las razones técnicas jurídicas con que las leyes nacionales deben procurar el mayor bienestar a los habitantes, además de un ambiente sano como reza en el el artículo 50 de nuestra Constitución Política y declaraciones internacionales en materia ambiental.
Estos son los puntos señalados en en la carta al presidente como también a los Ministros de Salud como Ministerio de Ambiente y Energía:
1. El impacto negativo en la salud humana tales como enfermedades respiratorias, problemas de fertilidad, enfermedades cardiovasculares, cáncer de garganta, estómago y nariz y en el ambiente por contaminación.
2. Impacto negativo por conversión de materiales en CO2, contribuyendo al cambio climático, lo que supone una contradicción con las políticas de carbono neutralidad para el 2021.
3. La incineración implica un desaprovechamiento de la materia prima contenida en los residuos y por lo tanto, un aumento en la producción de bienes primarios. Ese aumento en la producción, incrementa la presión sobre los recursos naturales para la obtención de la materia prima y además trae consigo una mayor generación de CO2.
4. Impacto negativo en el sector ecoturístico contra la imagen de país verde de Costa Rica.
5. Impacto negativo sobre la agricultura y en la inocuidad de los alimentos que podrían repercutir incluso en el comercio internacional.
6. Impacto negativo en el sector de recuperadores e industria asociada de aprovechamiento de residuos sólidos debido a la ausencia de mecanismos de reciclaje que garanticen el cumplimiento de la Ley 8839 afectando las fuentes de empleo de miles de trabajadores y trabajadoras.
7. Impacto negativo en las finanzas municipales y de los munícipes, al ser una tecnología muchísimo más costosa.
8. El presunto agotamiento de los rellenos sanitarios, así como la práctica inadecuada de botaderos a cielo abierto se utiliza como justificación para la promoción de tecnologías de incineración, sin embargo esta situación se ha generado por la inadecuada aplicación de la Ley 8839, la incapacidad y desinterés institucional (nacional y local) debido al desinterés en la ejecución y la fiscalización eficiente.
9. La generación de energía por medio de la incineración es un método de producción de electricidad menos eficiente que por técnicas de energía verdaderamente limpias.
10. Costa Rica cuenta con una matriz energética balanceada que no requiere de la instalación de más plantas y menos con tecnologías que atentan contra el logro de la meta de carbono neutralidad.
11. Aunque la Sala Constitucional en su resolución 6059-15 respalda el Decreto de la Moratoria, aún falta la notificación del voto integral, sin la cual, la sentencia no se puede considerar completa.
12. Las autoridades en Salud y Ambiente aún están en deuda con lo establecido en la moratoria 38500-S-MINAE de brindar “…certeza técnica y científica de que dicha actividad no causará impactos a la salud y al ambiente y se garantice que ésta práctica no va en contra de los principios de la Ley Nº 8839 denominada Ley para la Gestión Integral de Residuos.”
Y ante lo expuesto las organizaciones solicitaron que no se ponga en vigencia el reglamento hasta que:
1. Hayan sido subsanados los señalamientos anteriormente mencionados con un debido proceso de participación ciudadana, llamando a una mesa de diálogo ampliamente difundido sobre el tema.
2. “…Exista por parte de las Autoridades de Ambiente y Salud certeza técnica y científica de que dicha actividad no causará impactos a la salud y al ambiente y se garantice que ésta práctica no va en contra de los principios de la Ley Nº 8839 denominada Ley para la Gestión Integral de Residuos.” Tal y como lo establece el decreto 38500.
3. Se garantice que esta práctica se ceñirá estrictamente a la ley 8839.
4. El Estado cuente con la infraestructura técnica y de personal para ejercer eficazmente la fiscalización de los procesos debidamente acreditados ante entidades a nivel internacional y de comprobada confiabilidad.
5. Se elimine el artículo 36 del Reglamento para que se separe el levantamiento de la Moratoria de la firma del Reglamento, ya que cumplen fines distintos y que lo esencial es demostrar técnica y científicamente que no habrá daño a la salud y el ambiente.
Para este martes 4 de agosto se espera la movilización ciudadanas y organizaciones a las 8 am para presentar dicha carta en Casa Presidencial, ubicada en Zapote, Ciudad de San José, Costa Rica.
Last modified: 03/08/2015
