Written by Desde el 14 de marzo de 2018 las autoridades del Servicio Nacional de Migración en conjunto con la ONPAR, en proceso paralelo y violando normas de estricto cumplimiento en materia de derechos humanos resuelven Expulsión del país de una ciudadana solicitante de refugio por ser una persona VIH positivo.
Hoy 15 de octubre de 2018 la CIDH expide la Resolución 81-2008 mediante la cual concede la Medida Cautelar 490-18 en favor de M.B.B.P. por enfrentar este procedimiento de expulsión ilegal, violando la confidencialidad a la que tiene derecho.
La medida otorgada por la CIDH representa un precedente global y hemisférico en favor de las poblaciones claves, y sin ninguna duda un hito histórico por el trabajo en red de sociedad civil, y para ello nos encontramos con el Licdo. Víctor Atencio Gómez, Director de Asuntos Internacionales y Relator sobre la situación de las defensoras y defensores de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, quien nos que fueron muchas las personas las que trabajamos para evitar el riesgo grave, urgente e irreparable que significaba para su vida, integridad y salud, la amenaza de inminente expulsión.
Logramos adelantar una serie de acciones judiciales y administrativas en el ámbito interno e internacional (incluida la interposición de la Medida Cautelar ante la CIDH) en función de evitar dicha expulsión a su país de origen, que hoy enfrenta una grave crisis de salud por el bloqueo generado por las sanciones unilaterales hacia el Estado Venezolano, evitando el acceso a medicamentos en este caso antirretrovirales.
El Comité de Derechos Humanos que vela por las poblaciones clave, para las poblaciones clave a través de su asesora jurídica, Gladys Murillo de Mujeres con Dignidad y Derechos de Panamá (MDDP), la Sociedad Civil Unificada en VIH alianza de diez (10) organizaciones y cuatro (4) redes internacionales, el Espacio de Encuentro de Mujeres, en conjunto con con la Licda. Rina Castillo y la Asesoría Técnica de ONUSIDA, de Edgar Carrasco Y Alicia Sánchez, entre muchos activistas de la región como Corresponsales Clave, Elena Reinaga de la Redtrasex, Ricardo Hung e Ingrid Varón de Venezuela, entre otros.
Gracias a todos por el esfuerzo dedicado, sus firmas en las peticiones, los comunicados de los distintos medios de comunicación y en ese sentido recordar que a ocho (8) meses de estar detenida de forma ilegal, aun no tiene su libertad.
Y el llamado de atención de la CIDH nos recuerda lo hemos venido denunciando desde hace un año el proceder de ciertas instituciones que parecen estar de acuerdo para lograr que el Estado General de Cumplimiento en materia de Derechos Humanos sea inoperante y que no se respeten las garantías Constitucionales y legales de las personas de las poblaciones clave del país.
Seguiremos beligerantes desde la Defensoría del Pueblo de Panamá.
Por: Marlin González Abogada y activista de Derechos humanos.
Last modified: 18/10/2018
