Written by Inicio este artículo agradeciendo al pueblo panameño que ha sacrificado su tiempo, sus recursos, su integridad y su vida, para decir ¡basta al contrato minero! En particular, a los compañeros docentes; trabajadores de la construcción, del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción; jóvenes; estudiantes; enfermeras; personal médico; comunidades campesinas y no campesinas; pueblos originarios; mujeres; administradoras del hogar; trabajadores que laboran de forma independiente y en diversas empresas en todo el país. A ellos nuestra gratitud por defender nuestra patria y por mantener la claridad e hidalguía de defender una sola bandera y lo que ella representa y comprende en nuestro territorio. Territorio que durante 96 años tuvimos que vivir, bajo la humillación de tener un enclave colonial en el corazón de la ciudad de Panamá.
El 9 de noviembre se le entregó al Órgano Ejecutivo una solicitud de convocar a una sesión extraordinaria, la misma estaba acompañada de una propuesta de anteproyecto de ley con tres artículos; el primero indica que deroga en su totalidad la Ley 406 del 20 de octubre de 2023, que aprueba el contrato de concesión minera celebrado entre el Estado y Minera Panamá SA. El segundo artículo de forma expresa señala que dicha ley es de orden público e interés social, por lo tanto, tiene carácter retroactivo. El tercer artículo indica que esta ley comenzará a regir desde su promulgación.
Sin embargo, el presidente Cortizo y su gobierno han preferido mantener la Ley 406 y no convocar a sesiones extraordinarias. Ahora, delegándole la responsabilidad de sus actos, al procurador de la Administración y manteniendo la protección a la First Quantun, sin tener en cuenta a la población panameña.
Frente a ello y durante toda esta lucha, me gustaría destacar algunos hechos que no se habían observado en las luchas sociales o producto de ellas en Panamá.
El primero, la falta de capacidad de un gobierno para gobernar, escuchar y atender los reclamos de la población. No les ha interesado las consecuencias que sus inconsultas acciones han generado. La extensión de la protesta social en todo el país y sus consecuencias económicas y sociales son responsabilidad de su falta de gobierno.
En segundo lugar, esta lucha se ha dado de norte a sur y de este a oeste de forma sostenida en todas las provincias, distritos y corregimientos. La población ha dicho no a al contrato minero.
En tercer lugar, destaco que los educadores hemos participado y llevado a cabo muchas luchas en los últimos 45 años y nunca se había asesinado a un docente, incluida la lucha contra el régimen militar. Sin embargo, actualmente se han asesinado a tres docentes, Abdiel Díaz, Iván Rodríguez y Tomás García.
En cuarto lugar, es necesario reconocer la sostenibilidad de las protestas familiares realizadas en las distintas provincias, con las expresiones de solidaridad de pequeños productores en donar alimentos y también con manifestaciones de nuestras tradiciones. Un ejemplo, las de la provincia de Los Santos, quienes todos los días han protestado de diferentes maneras: con antorchas, caja, tambor y murga acompañados con cantos contra la mina, carretas y atuendos típicos.
En quinto lugar, es necesario valorar la resistencia de los campesinos en la provincia de Colón que se han apostado en el mar, en sus botes y han impedido el tránsito de barcos que extraen minerales desde el puerto Punta Rincón. Los compañeros han sido reprimidos con gases lacrimógenos y perdigones, incluso desde el aire. La valentía de los campesinos y moradores del área y la decisión inquebrantable de luchar contra esa minera es un ejemplo para el pueblo panameño y para todos los pueblos que luchan por su tierra, por su patria.
En sexto lugar, el día 13 de noviembre de 2023, la Caja de Ahorros, a través de su gerente, le envía nota al secretario general del Suntracs Saúl Méndez, donde le notifica que han cerrado las cuentas bancarias que la organización sindical mantiene en esa institución, esta acción además de ser una arbitrariedad es un atentado contra la libertad sindical, que se contempla en nuestra Constitución y en el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo de la cual Panamá es signataria.
En séptimo lugar, nunca hemos visto hasta ahora que los policías hayan pisoteado nuestro emblema nacional. Nuestra bandera es un símbolo que el pueblo panameño ha defendido con sangre y su vida.
A lo anterior se unen las grandes movilizaciones, marchas, piqueteos, vigilias, y todas las actividades realizadas en los distintos sitios donde se encuentre un panameño que defiende su país. A pesar de la crítica mediática y de la falta de gobierno, la gente sigue inquebrantable. La población tiene claro, que la defensa de la patria está por encima de cualquier minera y en cada expresión recuerdan la frase de Mateo Iturralde que decía: “¡Yo no vendo a mi patria!”
Por: Nelva Reyes Barahona. Docente y Secretaria General de la Central General Autónoma de Trabajadores (CGTP)
Last modified: 23/11/2023
