Written by Mediante un video Leonel García Segura, indígena Cabécar de Territorio de Bajo Chirripó en Matina, que fue brutalmente agredido en diciembre pasado, denunció amenazas de muerte para él y su yerno, testigo clave del brutal ataque que lo dejó en cuidados intensivos y dos semanas internado en Hospital de Limón.
Leonel asegura que padre e hijo de apellido León, responsables de las amenazas y uno del ataque, han sentenciado “que me van a matar, que iban a darme dos meses de tiempo y al testigo también que lo quieren callar”. No es la primera vez que este sujeto amenaza a Leonel, también ha procedido a amenazar de muerte a otros dirigentes comunitarios, a deforestado y cazado ilegalmente dentro del territorio indígena.
En la denuncia cuenta solo una versión de los hechos pues la fiscalía solo dio crédito y publicó la versión del agresor, dando a entender que fue Leonel el que inició el altercado. En ningún momento la fiscalía, en el comunicado que hizo público sobre el caso, recoge y pone en balance la versión de Leonel que actuó en defensa propia. Es más, Leonel es imputado y no es solo posible que su agresión quede impune si no que eventualmente termine en la cárcel, evidenciando el racismo y la impunidad con que se maneja en el Sistema Judicial.
Leonel es funcionario de la CCSS donde labora por más de 7 años como Asistente Técnico de Atención Primaria (ATAP) e intérprete, trabaja con la Fundación Humanitaria Costarricense (FHCR) por más 28 años y también es secretario de la Asociación de Desarrollo Integral (ADI) del Territorio Cabécar de Bajo Chirripó.
Leonel se recupera de salud en su casa en ambiente de mucha zozobra y miedo por las amenazas de sus agresores. El agradeció a todas las personas que se han solidarizado y asistido a la manifestación del pasado 26 de enero. En 2020 la ADI interpuso una denuncia contra el agresor ante tribunales por “tenencia irregular de tierras por un no indígena”, cuyo juicio se realizará hasta agosto del presente año. Sobre ese caso el Juzgado Agrario del I Circuito Judicial de la Zona Atlántica emitió, en agosto recién pasado, una medida cautelar en contra del usurpador de apellidos León Gómez para “no corta de árboles, construir otra cerca e introducir más ganado hasta tanto se resuelva el caso”, (Voto 2021000200).
Este hecho no es aislado, pues estamos a pocos días del 2do aniversario del cruento asesinato del indígena Jehry Rivera del pueblo Bröran y cumplimos 3 años del asesinato de Sergio Rojas líder del pueblo Bribri de Salitre, ambos crímenes aun impunes. Con esta amenaza de muerte se elevan a 14 las amenazadas de muerte a personas de los Pueblos Indígenas del país, además de otras tres personas no indígenas de la organización Ditsö, defensora de los derechos humanos y el campesino ecologista Alcides Parajeles.
Last modified: 19/02/2022
