Written by A partir de la vigencia de la ley comarcal Ngäbé Büglé # 10 de marzo de 1997, en la que el territorio se organiza en 7 distritos y 58 corregimientos. Queda prohibida la venta de tierras en dicha jurisdicción. Sin embargo se han registrados algunos casos en que la pugna legal se han dado al tenor de dicha ley. Un caso muy relevante es la venta de tierra al diputado costarricense Antonio Álvarez Desanti.
Que a través de la sociedad Desarrollo Ecoturístico Cañaveral, S.A. (Decsa), de dicho diputado, compran dos fincas a la contraparte, quienes son Andino Archibold, exalcalde de Kusapín, Bocas del Toro; y a Feliciano Baker. Ambos son acusados de la supuesta comisión de los delitos de estafa, falsedad ideológica y de documentos.
Entre las evidencia esta que el señor Baker había vendido fincas a Decsa por $60 mil y $12 mil, pero el Ministerio Público en las investigaciones halló una cuenta bancaria a nombre de Baker en el Banco Nacional, con $250 mil, la cual fue cauteladas. Pero la Fiscalía Tercera de Bocas del Toro investigo en el Registro Público que el traspaso de las dos fincas a Decsa se hizo por $72 mil.
Ante este hecho ilícito, el Juzgado Primero de Circuito Penal de Bocas del Toro llamó a juicio a Feliciano Baker y a Andino Archibold.
Con esta información, la fiscalía estableció que Baker y Archibold presuntamente engañaron a las autoridades comarcales para poder lograr un beneficio, ya que la cantidad de dinero en las cuentas bancarias no concuerda con la venta de los terrenos que se refleja en el Registro Público.
Baker se hizo dueño de las 198.6 hectáreas de las dos fincas en un trámite veloz, tras promover procesos de prescripción adquisitiva de las fincas que pertenecían a terceros. En marzo de 2010, Baker interpuso los procesos de prescripción en el Juzgado Civil de Bocas del Toro y cuatro meses después obtuvo la sentencia a su favor.
En medio del proceso, Álvarez Desanti demandó en marzo pasado al Estado panameño por 100 millones de dólares, exigiendo que se mantenga la ubicación de dos fincas que compró en la zona comarcal, es decir, dentro del citado humedal. En mayo de este año, el Estado panameño destinó $3.7 millones para costear la defensa ante la demanda de Álvarez Desanti.
En 2004, el sitio donde se ubican las fincas fue declarado área protegida nacional por su elevado valor biológico y su rica diversidad de flora, que se conoce como el humedal Damani-Guariviara.
La demanda se tramita ahora en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial, con sede en Estados Unidos.
Escuche declaraciones de Alonso Tropman, Autoridad Tradicional de Kusapin:
Reporte: Olmedo Carrasquilla Aguila
Fotografía: Panamanglar
Last modified: 21/12/2017
