Written by Vivimos en un periodo donde el entorno que nos rodea está infectado de informaciones sobre los escándalos de corrupción por parte de aquellos que en teoría fueron elegidos para administrar los bienes públicos (que son de todos), en beneficio de toda la población para mejorar su calidad de vida, evitando el aumento de las desigualdades sociales y económicas.
Ante este panorama de abuso de poder en beneficio propio, de falta de escrúpulos morales por parte de aquellos que deberían ser ejemplo de lo contrario, de pérdida de valores éticos, universales y positivos mientras hipócritamente se predica lo contrario, conviene no perder mucho tiempo en lamentaciones y no dejarse contaminar por ese ambiente facilón que consiste solamente en criticar.
Es en estos momentos cuando hay que reflexionar sobre la importancia de la acción positiva de la economía solidaria y el desarrollo local comunitario, que a través de sus experiencias en todo el territorio español y en el ámbito internacional, va construyendo alternativas y esperanzas realistas donde las personas en tanto que individualidades, son capaces de analizar, pensar, opinar, juzgar, decidir y comprometerse en grupo junto a otras personas para buscar, generar y aportar experiencias que sean el germen de una sociedad mejor para todas las personas.
Quienes creemos que este tipo de economía y de desarrollo es posible y necesario, también pensamos que no basta con el nombre para obrar el cambio, ya que las palabras no bastan y hoy en nombre del bien común se expolia y se roba descaradamente a la población. Son los hechos, los gestos, las experiencias que más allá del título deben reunir una serie de condiciones para que sean una herramienta eficaz contra el saqueo generalizado al que estamos asistiendo. Entendemos que para que las experiencias sean realmente construcción de alternativas, tienen que contener en sí mismas, unidas al mismo tiempo, las dimensiones económica, política, cultural, social, ética y espiritual.
§ Es decir experiencias económicamente viables y sostenibles;
§ políticamente democráticas, participativas, y tejedoras de redes donde las personas sientan que pertenecen y las controlan ellas mismas;
§ culturalmente favorecedoras de un práctica de pensamiento libre y crítica, estímulo del gusto por saber y de la investigación permanente;
§ socialmente cercanas, asequibles, flexibles, donde se promueve la asunción de responsabilidades y se está preocupado por llegar a la población más desfavorecida que acumula dificultades de todo tipo;
§ éticamente atenta a vivir los valores positivos que favorecen la fraternidad de los vecinos/as, la igualdad de oportunidades y la actitud de respeto a la opinión de los demás, a la diversidad y la libertad de opciones dentro del bien común interpretado y consensuado por todos y todas;
§ espiritualmente capaces de dar un sentido transcendente a todo lo que se hace, más allá de lo puramente material, procurando la dignidad de las personas por encima de las cosas sabiendo que lo que se construye tiene sentido para el avance de toda la humanidad, más profundo que la simple visibilidad de las apariencias.
Entonces ¿Qué aporta la economía solidaria y el desarrollo local comunitario a este sistema dominante de saqueo y expolio en nombre del bien común? Vamos a ver algunos ejemplos.
La transparencia y los fines sociales de las finanzas. En nuestras experiencias de finanzas éticas, solidarias y alternativas (como pueden ser COOP 57 o FIARE) donde todo el mundo que pone un euro sabe dónde están todos los euros de todos, a quién se ha prestado, en qué condiciones, y seguros que ha sido para un proyecto con dimensión social, ética y solidaria. Y cualquiera puede saber todo eso sin esperar a una asamblea anual. En las diversas entidades de economía solidaria que garantizan el empleo a más de siete mil personas (donde participan además otra cantidad similar de personas voluntarias), las cuentas son transparentes, hay informes que se pueden verificar por todos los socios y colaboradores, ya sean cooperativas o asociaciones.
La transparencia de nuestras finanzas, nuestras actividades y nuestras evaluaciones contrasta con la opacidad que oculta las trampas, las ingenierías fiscales y los abusos de poder generalizados por buena parte de los mandatarios públicos para escaparse del control general y de la normativa legal implantada por ellos mismos. Es evidente que esta transparencia a la hora de actuar y de invertir nuestro dinero, no se parece en nada a la actuación de los Bancos y Cajas con respecto al engaño a personas indefensas respecto a la inversión en las llamadas “preferentes”, o en los desahucios a partir de las hipotecas abusivas.
La población se implica en la financiación para generar empleo/trabajo, dado que nuestras empresas generan esas oportunidades a través de la propia inversión de los trabajadores socios y colaboradores. En estas empresas se planifica, se decide y se asumen los riesgos de manera democrática y colectiva, con la suficiente información como para saber lo que se asume al decidir. En estas empresas además, en muchos casos se favorece la inclusión de personas con dificultades que difícilmente serían acogidas en empresas “convencionales”.
Ciertamente esto no ocurre con la política económica a la hora de aplicar las inversiones públicas (dinero que hemos puesto todos a través de nuestros impuestos), que podrían utilizarse en trabajos para la mejora de los servicios públicos de toda la población, especialmente para aquellas peor atendidas y más abandonadas en las periferias urbanas y en las zonas rurales más apartadas, sino que se están destruyendo empleos por el deterioro de una política económica, que no dinamiza la actividad económica que responda a la satisfacción de las necesidades de la población, ni favorece así un mercado interior tal y como por ejemplo ha hecho Brasil (que es el país que menos ha sufrido la llamada crisis financiera internacional).
Y todo esto, a la vez que se invierte en grandes negocios que una vez saneados con fondos públicos se privatizan y se pasan a amigos que luego devolverán los favores (léase Telefónica, Satélite Hispasat, partes más rentables de las actividades de hospitales públicos, o partes de las actividades de Renfe que también expropió hace años terrenos privados en nombre de los intereses públicos, o la construcción de algunos aeropuertos que no se utilizan, u obras de arte que se compran sobrevaloradas económicamente para favorecer negocios de amigos y familiares de mandatarios públicos y un largo etcétera de abusos y despropósitos…) El respeto a la Naturaleza y el sentido “de lo común” en el uso de los recursos para producir aquello que es necesario y no aquello que supone un despilfarro.
Nuestra experiencia de empresas de reciclaje que además de generar empleo, son culturalmente portadoras, en la práctica, del respeto por la naturaleza, como aliada imprescindible para tener una vida sana… y no como un recurso más a explotar y destruir con tal de que deje beneficios a los intereses privados de una minoría que se creen con derecho a decidir sobre la vida de los demás y del planeta…
Este comportamiento no tiene que ver con las prácticas de la agroindustria que contamina nuestras aguas y envenena nuestros suelos en aras a una mayor productividad inmediata pero que hipoteca nuestras tierras productivas para el futuro muy próximo. Nuestras experiencias tampoco tienen nada que ver con el “fracking” que contamina las aguas del subsuelo bajo el pretexto incierto y muy poco probable de procurarnos una independencia energética de países extranjeros, además de costarnos inversiones millonarias del erario público.
El sentido de la propiedad colectiva al servicio del bien común y del desarrollo del entorno. En las empresas de economía solidaria los bienes materiales son instrumentos para el crecimiento de las personas y la comunidad o colectividad y se tiende a aminorar las desigualdades entre la población, dando prioridad a los más desfavorecidos y no a una acumulación en manos de unos pocos para hacer negocios a costa de los demás…
Nuestras experiencias son las de empresas y entidades comprometidas con la población de su entorno, elaborando planes de desarrollo cultural, democrático y participativo, planes de mantenimiento de los servicios públicos y de generación de empleo y de renta para la población, con el fin de llegar a fin de mes con menos agobios económicos y con más satisfacciones: bancos del tiempo para pagar con tiempo los servicios que no puedes pagar con los ingresos económicos que se tienen, el trueque directo de servicios mutuos o de bienes materiales que convienen a ambas partes, las monedas sociales que permiten adquirir servicios o consumir bienes necesarios dentro de un propio circuito del entorno, facilitando el intercambio de tiempo, saberes o medios que cada persona dispone… Todas ellas son diversas formas de acercar al vecino/a, ciudadano/a, las decisiones sobre el consumo y la producción en función de sus verdaderas necesidades y las de todas las personas del territorio.
En los pueblos, los vecinos han conservado las tierras, el agua y el aire durante siglos y han reparado con sus medios los desperfectos de sus edificios y monumentos que consideraban suyos: han cuidado la iglesia, el cementerio, los jardines, etc. Sin embargo los mandatarios públicos de ámbitos más amplios, especialmente los más lejanos han ignorado estas realidades humanas, abarcables y satisfactorias para el crecimiento de las personas, que facilitaban la convivencia y el ejercicio de la responsabilidad política, cultural y económica y han defendido los intereses del mercado económico anónimo y global, que manipulado a distancia por intereses ajenos a la población, no piensa en la salud de los vecinos, ni el desarrollo de la cultura, ni el preservación de la Naturaleza para el bien de todos, sino en la rentabilidad financiera inmediata en detrimento de la población.
En este sentido, el Gobierno acaba de dar una vuelta de tuerca más a este despropósito con la reciente ley aprobada el pasado 27 de diciembre sobre “racionalización y sostenibilidad de la Administración Local”, donde buscan apropiarse de los bienes comunales, es decir de propiedad colectiva de los vecinos, a través de una maniobra que puede ser “legal” oficialmente pero “ilegitima”. Porque pretende usurpar a los vecinos el derecho a decidir sobre los bienes comunales a los que nadie, salvo los propios vecinos tiene derecho, y además busca el desapego de los vecinos a las decisiones políticas y económicas de sus territorios que conocen mejor que nadie. Con esta ley lo que quieren conseguir es que los pueblos se conviertan en paisaje y los vecinos en figuras decorativas como las de un Belén de Navidad que pasivamente sirven para adornar.
De ahí la importancia de continuar con las experiencias de economía solidaria y de verdaderos planes de desarrollo local donde los vecinos podamos ejercer nuestras responsabilidades de manera solidaria, tanto en la economía, como en la política y en lo social, creciendo en todas nuestras dimensiones culturales, éticas, físicas, estéticas, afectivas, relacionales y espirituales.
Por Enrique del Río, Jeromo Aguado y Raquel Ramirez
Last modified: 16/03/2014
Parece una utopía. Pero es lo que esta pasando.