Written by En poco más de dos años, el gobierno panameño actual ha logrado desilusionar a sus seguidores y a todos aquellos que sin haber votado por sus candidatos tenían algo de esperanza que iba a actuar de una manera más responsable que las administraciones anteriores. No ha sido el caso.
La corrupción está al orden del día en los ministerios y en las demás instituciones gubernamentales. Todos los días hay nuevos escándalos que para el común de la gente se hace difícil darles seguimiento. En materia de Salud, Seguridad Social, Educación y Vivienda, los sectores sociales más sensibles, las partidas de miles de millones de dólares se esfuman sin que se vea su efecto sobre los programas. El ministro de Salud renunció. La ministra de Educación se quiere ir. El ministro de Vivienda, un empresario, se siente muy satisfecho con sus programas que generan enormes ganancias (y pocas soluciones de vivienda).
Igualmente, en los sectores productivos – como Desarrollo Agropecuario, Comercio e Industrias y la promoción de los pequeños empresarios – las inversiones se pierden antes de llegar a su destino. Las concesiones que hace el gobierno a hidroeléctricas, mineras, puertos y casinos están generando ganancias extraordinarias para unos pocos inversionistas sin darle beneficio alguno al país. En el caso de la minera de cobre, la corrupción se ha extendido a la burocracia del empobrecido Distrito de Donoso que ha creado una pequeña elite que cuenta con toda clase de beneficios en detrimento de la población.
Según cálculos hechos sobre la base del indicador llamado producto interno bruto (PIB), las subvenciones que se hacen a los empresarios son de 5 mil millones de dólares. Esta cifra se compara muy favorablemente a los 500 millones de dólares que gasta el gobierno en subvenciones para los sectores más empobrecidos del país. El gobierno anunció que en 2017 tendrá un presupuesto que supera los 21 mil millones de dólares. Gran parte de estos gastos se realizarán para pagar la deuda, tanto interna como externa.
No hay que olvidarse que el presupuesto nacional se ‘arma’ en una oficina muy privada en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) donde sólo tienen acceso los asesores más cercanos del Presidente de la República y los funcionarios del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. La Embajada de EEUU también envía sus observadores para proteger sus intereses.
Estos últimos son los más interesados en asegurar que el presupuesto incluya renglones dedicados a la compra de equipos militares y entrenamiento. Todos los años los gastos militares crecen y la militarización del país (que no tiene ‘Ejército’) aumenta. La vieja excusa de la necesidad de defender las fronteras y el extenso litoral, se vino abajo con la crisis creada por los ‘transeúntes’ que cruzan las porosas fronteras con Colombia y Costa Rica.
La pregunta es si el barco gubernamental está haciendo agua y pronto se hundirá. Aunque pareciera ser el caso, todo indica que mientras más corrupción más se consolida el gobierno y sus estructuras. Algo parecido ocurrió con los gobiernos anteriores (1989-2014). La corrupción se eleva a alturas no vistas anteriormente. A pesar de su podredumbre, los partidos que los sostienen llegan a las siguientes elecciones optimistas, seguros de su triunfo. Las urnas, sin embargo, les dan un mensaje distinto.
Le toca a otra fracción de quienes son dueños del país llegar a gobernar. ¿Hasta cuándo puede durar este juego?
La propuesta más reciente, que no es original, es la privatización de la Lotería Nacional de Beneficencia. Como dice su nombre, es una institución creada hace 100 años (1914) para recaudar fondos en beneficio de los sectores de la población más necesitados. Los ingresos anuales de la Lotería superan los 100 millones de dólares, sin incluir los enormes recursos que genera y que no llegan al Tesoro Nacional.
El embajador Olimpo Saez señala que la reforma a la ley de la Lotería perjudicaría al país y debe ser rechazada. Según el artículo Segundo A de la reforma la institución daría en concesión a empresarios “la explotación de cualquier juego similar a la lotería, de forma directa o indirecta a través de la contratación de personas jurídicas o naturales dedicadas a la actividad o en régimen de operación compartida”.
Los 100 millones de dólares que ingresan actualmente se reducirían significativamente para dar lugar a los pagos que se harían (a si mismas) las empresas concesionarias.
Marco A. Gandásegui, hijo, profesor de Sociología de la Universidad de Panamá e investigador asociado del Centro de Estudios Latinoamericanos Justo Arosemena (CELA)
Gráfico: Pedro X. Molina
Last modified: 30/08/2016
