Written by Luego de 17 meses de investigación llevada a cabo por la Fiscalía de descarga Anticorrupción por los delitos contra la fe pública en la modalidad de falsificación de documentos en el caso Buko Millonario, en perjuicio de la Junta de Control de juegos, en el que fueron investigados los señores Frank de Lima, Giselle Brea y Luis Felipe de Icaza, el Juez Decimoquinto de circuito penal, Leslie Loaiza, los sobreseyó provisionalmente sin haber realizado audiencia preliminar.
La denuncia penal por el caso Buko Millonario, presentada por la empresa afectada por la licitación amañada, logró completar un expediente de 8 tomos, donde se pretendía demostrar que estos exfuncionarios, al no cumplir con sus obligaciones de fiscalizar y supervisar la explotación de juegos de suerte y azar y al ocultar información, produjeron una concesión otorgada a un empresa en la que el grupo Martinelli tenía el 55% de las acciones y que en nueve meses obtuvo 12.5 millones en ganancias según apareció ampliamente divulgado en medios de circulación nacional. Dicha concesión fue muy cuestionada por la ciudadanía y la investigación subsecuente debió generar un juicio que permitiera a la justicia llegar hasta las últimas consecuencias.
El sobreseimiento provisional dictado por el Juez de Circuito sin haber realizado audiencia preliminar, negando a la Fiscalía de Descarga Anticorrupción la posibilidad de presentar en una audiencia los resultados de su investigación y sustentar la acusación en el caso, es sumamente preocupante y decepcionante para la ciudadanía que espera justicia en estos casos de corrupción.
La preocupación es mayor cuando nos percatamos que este mismo juzgado fue el que dictó sobreseimiento definitivo para tres funcionarios en el caso de comida deshidratada, que aún se encuentra en apelación, y será el juez que tiene en sus manos los casos de bolsas de comida, compraventa de granos, piso techo, mochilas escolares y alquiler de aeronaves que están esperando desde hace más de un año audiencias preliminares.
La corrupción en este país proliferó porque hubo funcionarios que se prestaron para realizar licitaciones fraudulentas que buscaban favorecer a los amigos del círculo cercano al gobierno de turno, lo que ha causa un gran daño al entorno social y empresarial del país y una lesión patrimonial al estado panameño que se estima en más de 670 millones de dólares, sin contar el caso Odebrecht.
Nuestro sistema de justicia implica el rol de imputación de cargos e investigación para el Ministerio Público y el de valoración y juzgamiento de los casos al Órgano Judicial, mal puede llegarse a la Justicia si una de las dos instituciones no cumple su misión. Queremos jueces probos que actúen con independencia, respeto al debido proceso y que con sus fallos envíen un mensaje claro a la sociedad de que la corrupción no paga y que la impunidad no es una opción.
Panamá, 14 de junio de 2017
¡Alto a la impunidad!
¡Comisión Internacional contra la impunidad!
Last modified: 15/06/2017
