Written by Las organizaciones que conformamos la Plataforma Agraria Regional del Valle del Aguán nos pronunciamos ante el pueblo Hondureño, la comunidad internacional, organizaciones defensoras de derechos humanos y medios de comunicación ante la resolución del juez para encarcelar a 12 defensores de la vida.
1. Rechazamos la resolución del juez Víctor Méndez que fue nombrado como juez de jurisdicción nacional y que bajo un proceso viciado e ilegal ha enviado a 12 defensores/as de la vida a la cárcel de Támara por defender los bienes de la naturaleza.
2. Denunciamos que el conflicto en la comunidad de Guapinol se origina por la ilegalidad de la concesión de la explotación minera a la empresa Inversiones Pinares (antes llamada Emco Mining Company), propiedad de Lenir Pérez y Ana Facussé (hija del fallecido magnate Miguel Facusse), dicho proyecto afecta el Parque Nacional “Montaña de Botaderos”, renombrado como “Carlos Escaleras Mejía”, que a traves de un Decreto presentado en el 2012, para reducir la zona de núcleo del área protegida de 24,223.7 hectáreas a solo 24,006.36, es decir, una reducción de 217.34 hectáreas.
3. Denunciamos que los procesos penales iniciados por el Ministerio Público y las acciones de esta estructura de jurisdicción nacional que fue creada para perseguir el crimen organizado, narcotráfico y delito de alto impacto, pero que en la práctica se han convertido en una instancia para perseguir, criminalizar y aterrorizar a los y las defensoras de derechos humanos que defienden el derecho a sus territorios, a los bienes comunes, y a la vida.
Un total de 13 defensores de los derechos humanos y líderes de las comunidades se presentaron voluntariamente para responder al requerimiento el viernes 22 de febrero del 2019 en el Tribunal de Jurisdicción Nacional de La Ceiba. Once de los acusados lograron presentarse voluntariamente, y dos de los acusados fueron capturados mientras desplazaron hacia el tribunal. La captura de los dos defensores que se movilizaban hacia la Ceiba demuestra del interes del Estado para que los defensores fueran sujeto a la prisión preventiva por considerarlos un riesgo de fuga, mientras se desarrollaba la audiencia los defensores legales de la comunidad fueron informados de una nuevo requerimiento fiscal del 17 de enero, contra 31 defensores de los cuales 17 aparecen en el primer requerimiento, los defensores de las comunidades presentaron una recusación contra el juez por ocultar información.
Son 31 defensores acusados de usurpación, daños y perjuicios, incendio agravado, privación ilegal de la libertad, robo agravado y asociación ilícita. Los tres últimos delitos fueron agregados en el nuevo requerimiento del 17 de enero sin habérseles notificado a sus representantes legales. La audiencia de presentación de imputado finalizo el día sábado a las 12:45 de la medianoche enviado a 11 hombres y una mujer a la cárcel de Tamara, y solamente a uno salió en libertad con medidas sustitutivas.
4. Condenamos la estrategia del Ministerio Público y del juzgado de jurisdicción nacional quienes con este caso evidencian una vez más su inoperancia para tutelar los derechos y las libertades consagradas en la Constitución nacional y los tratados internacionales de derechos humanos, así como su eficiencia para torcer el derecho penal e imputar a las personas en este tipo de delitos, cuyos procedimientos son ilegales y solo pueden ser conocidos por jueces y juezas ordinarias, y no por juzgados de jurisdicción nacional que fueron constituidos para conocer delitos de criminalidad organizada.
5. Según el abogado Omar Mejivar “todo el proceso ha sido viciado no tiene la apariencia del debido proceso legal, los defensores están acusados por hechos que no son constitutivas de delito, porque están siendo acusados por protestar; en segundo lugar están acusados por un juez de jurisdicción que en el caso de que hubiesen cometido delito en los hechos que les atribuyen, no debería de ser este juez de jurisdicción nacional porque no es competente, sino la justicia ordinaria y el juzgado de Tocoa que debía conocer el caso”.
6. En torno a las concesiones de territorios para la instalación de empresas mineras hay dispersión de datos. Tal como el que brinda el informe “La minería en Honduras: análisis espacial de su conflictividad territorial desde la perspectiva de las Ciencias de la Información Geográfica”, pues en él se establecen los datos que proporcionó el propio Instituto Hondureño de Geología y Minas, INHGEOMIN. De acuerdo con esta información, hasta octubre del 2015 se registraban 751 concesiones, permisos y bancos de préstamos en el Sistema de Información Minero de Honduras.
7. El 28 de febrero se realizará la audiencia inicial en los Juzgados de la granja en Tegucigalpa, contra 12 defensores de derechos humanos que se encuentran recluidos en la cárcel de Támara desde el pasado 23 de febrero.
8. Solicitamos al juez Víctor Méndez con competencia de Jurisdicción Nacional se respete la inocencia de nuestros compañeros y compañera encarcelados injustamente por defender la tierra y el agua, y por ende que actué en base a la ley y a la justicia y no parcializado hacia los interés de Inversiones Pinares.
9. Hacemos un llamado URGENTE de solidaridad al pueblo hondureño, a las organizaciones derechos humanos nacional e internacional, medios de comunicación, diputados, organizaciones de sociedad civil y organizaciones internacionales en el país a que nos acompañen a vigilar el proceso y exigir la libertad de nuestros compañeros y compañeras defensoras de la vida.
Dado en el Bajo Aguán a los 27 días del mes de Febrero, 2019
Last modified: 01/03/2019
