Honduras. Pueblo Garífuna enfrenta a corporaciones y al Estado en defensa de sus tierras

En octubre pasado, la Alianza Estadounidense por la Soberanía Alimentaria (USFSA por su sigla en inglés) decidió distinguir a la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) con la sección internacional del Premio Soberanía Alimentaria 2015. Dicho premio se otorga cada año a activistas de base que trabajan por un sistema alimentario más democrático, y que promueven y defienden el derecho a la soberanía alimentaria.

Creada en 1978 para proteger los derechos económicos, sociales y culturales de las 46 comunidades garífunas situadas en la costa caribeña de Honduras, la Ofraneh lleva casi cuatro décadas organizando a su pueblo y defendiendo su territorio ancestral de la expansión de los monocultivos a gran escala, de la amenaza de los megaproyectos turísticos, hidroeléctricos y mineros, del narcotráfico y de los embates del cambio climático.

Proyectos como las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) promovidas por el gobierno hondureño, mejor conocidas como “ciudades modelo”, que incluirían al menos a 20 comunidades garífunas en cinco de las diez zonas señaladas para la subasta al capital transnacional, se suman ahora a las amenazas que se ciernen sobre el pueblo garífuna.

“Los garífunas, que ya han sobrevivido a la esclavitud y al colonialismo, están ahora defendiendo y fortaleciendo la tenencia de la tierra, la agricultura y la pesca sostenible a pequeña escala. La Ofraneh reúne y organiza a las comunidades para enfrentar estos desafíos”, se lee en las motivaciones del premio.

Principalmente lo hace impulsando demandas legales -tanto nacionales como internacionales-, promoviendo la cultura garífuna y apoyando “la construcción de un movimiento donde se prioriza el desarrollo del liderazgo de los jóvenes y las mujeres”.

Miriam Miranda, coordinadora de la Ofraneh, explica que el propio Estado de Honduras se ha convertido en una de las principales amenazas para el pueblo garífuna. “Sigue negándose a reconocer nuestra condición de pueblo indígena y pretende relegarnos a una condición de minoría étnica no autóctona, sin derechos jurídicos internacionalmente reconocidos”, afirmó Miranda a Opera Mundi.

Esta actitud de negación trae consigo el desconocimiento del derecho ancestral que el pueblo garífuna tiene sobre sus territorios, pretendiendo así eludir la aplicación del Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) sobre pueblos indígenas y tribales.

“De esa manera se niega el legítimo derecho que tenemos los garífunas a la Consulta Previa, Libre e Informada, consignada en el Convenio 169 y en la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas”, señaló la dirigente garífuna.

“Sin la aplicación del derecho a la Consulta, nuestras comunidades serán sepultadas por un supuesto desarrollo a favor de la élite de poder y el capital transnacional”, agregó Alfredo López, vice coordinador de la Ofraneh.

López sufrió en carne propia la represión. Fue detenido en 1997 con falsas acusaciones y estuvo bajo prisión preventiva durante más de 6 años por su lucha contra el proyecto turístico Marbella, que había despojado a la comunidad garífuna Triunfo de la Cruz de una parte de sus tierras.

Su caso llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que condenó al Estado de Honduras y facilitó su liberación.

“El Estado de Honduras fue condenado porque el líder garífuna no fue tratado con el debido respeto a su dignidad humana, al violentarse sus derechos como detenido. Durante su privación de libertad, López vivió en condiciones carcelarias infrahumanas y se le prohibió hablar en su idioma materno, el garífuna”, señala el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) en un informe de 2006.

Negación de identidad

En su planteamiento, el Estado de Honduras argumenta que los garífunas llegaron a territorio hondureño solamente en 1797 – provenientes de la isla de San Vicente – y que ocuparon ilegalmente los territorios de los pueblos Tolupán y Miskito. En más de una ocasión, funcionarios del Estado han reforzado el concepto de que los garífunas son extranjeros y, por ende, no gozan de derechos territoriales.

“En repetidas ocasiones, el Estado ha actuado con una fuerte carga de racismo institucional, no solamente negando nuestra originariedad y condición de pueblo indígena, sino validando el acaparamiento ilícito y la invasión de nuestras tierras y territorios, así como el desplazamiento y expulsión de las comunidades garífunas”, dijo Miranda.

“Al negar nuestros derechos colectivos, el Estado muestra su desprecio hacia nuestro pueblo y el derecho internacional”, agregó.

Según la coordinadora de la Ofraneh, la ofensiva estatal contra los derechos ancestrales del pueblo garífuna desencadenó también un proceso de criminalización de cualquier intento de defensa del territorio, tanto de parte de empresarios nacionales y compañías transnacionales como de autoridades del Estado hondureño.

Ante la inoperancia de los órganos nacionales encargados de procurar y administrar la justicia y la impunidad generalizada que existe en Honduras, las comunidades garífunas, con el acompañamiento de la Ofraneh, decidieron presentar una serie de peticiones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“La visión de territorio comunitario es parte integral de nuestra cosmovisión, cimentada en la familia extensa y la matrifocalidad, la cual perdura hasta la fecha. Perder nuestro territorio es como perder nuestra madre, nuestra vida”, señaló Miranda.

Tras varios años de investigación, la CIDH optó por remitir dos casos a la Corte IDH que involucran a las comunidades Triunfo de la Cruz y Punta Piedra, como víctimas de violación al derecho del usufructo a la propiedad colectiva y transgresión a la Consulta Previa, Libre e Informada.

La CIDH y la Corte IDH son instrumentos del sistema interamericano de protección de los derechos humanos y están adscritas a la Organización de Estados Americanos (OEA). En el caso de la Corte IDH, sus resoluciones son de acatamiento obligatorio para los países miembros de este organismo hemisférico.

Según los jueces de la Comisión, los comunitarios aún no poseen un título de propiedad idóneo y culturalmente adecuado sobre su territorio. También alegan que solamente existe el reconocimiento de una parte del territorio ancestral y que el Estado sigue negando un título único basado en la ocupación histórica.

Sin embargo, no se trata únicamente de que el Estado legalice las tierras a favor de las comunidades garífunas, sino que garantice sus derechos sobre las tierras que fueron tituladas.

“A nada sirve que el Estado entregue títulos de propiedad colectiva a los pueblos indígenas, si luego no garantiza que los derechos que emanan de esos mismo títulos sean respetados. En Honduras hemos llegado al absurdo que el mismo Estado es el principal responsable del irrespeto a los derechos ancestrales de los pueblos indígenas”, reiteró Miranda.

Delegaciones de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra, cuyos casos fueron ventilados ante la Corte IDH, asistieron en 2014 a audiencias públicas efectuadas por dicha instancia internacional en Costa Rica y Paraguay, donde expusieron las múltiples problemáticas que han venido sufriendo durante décadas, así como las repetidas violaciones a los derechos humanos a las que han estado expuestas.

En agosto de 2015, jueces de la Corte IDH efectuaron una visita in situ a las dos comunidades.

El 18 de diciembre 2015, la Corte notificó a las partes la sentencia por el caso de las comunidades de Triunfo de la Cruz y Punta Piedra, donde se hace responsable al Estado hondureño por la violación del derecho a la propiedad colectiva.

La Corte IDH ordenó al Estado el cumplimiento de una serie de medidas de reparación, como una forma de revertir el daño que, por más de una década, tanto el Estado como terratenientes, autoridades municipales y empresarios extranjeros, causaron a las comunidades garífunas

Dos casos emblemáticos

El caso de la comunidad Triunfo de la Cruz, presentado ante la CIDH en 2003 y elevado a la Corte IDH en 2013, es la acumulación de casi treinta casos de apropiación ilícita de territorio comunitario “a manos de las élites de poder del país, que han construido sus mansiones en contubernio con las autoridades de la municipalidad de Tela”, explica la Ofraneh en sus publicaciones.

El caso de la comunidad Punta Piedra, que también llegó a la Corte en 2013, se remonta a una invasión promovida por un militar en el año 1992, sin que más de dos décadas después exista interés algunos por parte del Estado de Honduras en retornar las tierras en litigio a sus propietarios.

“A raíz de esta política de desconocimiento de derechos, las comunidades garífunas han venido sufriendo un saqueo histórico, tanto de los hábitats funcionales de las comunidades, incluyendo a las costas, como de terrenos dentro de las comunidades”, explica Miriam Miranda.

Pese a que a partir de la década de los años 90 se diera inicio a un proceso de titulación parcial, la aprobación de forma simultánea de la Ley de Municipalidades permitió la inclusión de muchas comunidades garífunas dentro de los cascos urbanos de los municipios. Esta argucia legislativa vino a “legalizar” el despojo de los territorios ancestrales.

Este proceso registró una fuerte aceleración a partir de 2009, cuando Honduras sufrió un golpe de Estado que derrocó al entonces presidente Manuel Zelaya.

“El saqueo sistemático de nuestro territorio está íntimamente ligado a la corrupción imperante en el país, la que se recrudeció de forma exponencial a partir del golpe de 2009, ante la demolición del estado de derecho y el asalto perpetrado a las instituciones”, subraya la Ofraneh.

“Hay una violación reiterada al derecho al territorio, que implica una serie de otras violaciones como, por ejemplo, del derecho a la alimentación, educación, salud, en fin, del derecho a la vida. Nos han perseguido, reprimido, dividido, desplazado, encarcelado y hasta asesinado”, denunció Teresa Reyes, dirigente garífuna de la Ofraneh durante una visita realizada por la organización a Nicaragua.

La palma africana

En las últimas décadas, Honduras ha vivido un acelerado proceso de expansión del cultivo de palma africana, que ha dejado profundos impactos socio-ambientales en la población negra, indígena y campesina, que ha sido gravemente afectada en su legítimo derecho a la tierra, a la alimentación, a una vida digna.

Honduras cuenta hoy con unas 165 mil hectáreas sembradas con palma africana y el objetivo del actual gobierno del presidente Juan Orlando Hernández es duplicar esta cantidad. Lo mismo quiere hacer con la producción de caña de azúcar. Según datos de la Ofraneh, más del 70% de los territorios garífunas ya están rodeados por las grandes plantaciones de palma africana.
Mientras en todo el norte de Honduras se va expandiendo la producción agroexportadora, el país sigue sufriendo un déficit anual de producción de granos básicos, cerca de 300 mil familias (1,5 millones de personas) continúan sin tener acceso a la tierra, la mitad de la población rural vive con menos de un dólar diario y 5,5 millones de personas están en situación de pobreza (67% de la población), 3,8 millones de las cuales en pobreza extrema (datos de la CEPAL, UNICEF y Observatorio del Mercado Laboral de la Secretaría del Trabajo).

“Este modelo de producción atenta contra la soberanía alimentaria del país, sobre todo ahora que el modelo basado en los monocultivos está afectando gravemente la capacidad de la población de satisfacer sus exigencias alimentarias”, recordó Miranda.

Nueva Armenia

La comunidad garífuna Nueva Armenia ha sufrido en carne propia los efectos de la expansión de la palma africana. En la década de los años 20 del siglo pasado, la población garífuna fue desplazada del territorio de Armenia, a pocos kilómetros de la ciudad de La Ceiba, por la transnacional Standard Fruit Company, y fue relocalizada en la margen izquierda del río Papaloteca.
Cuando, al inicio del nuevo siglo, se le venció la concesión otorgada por el Estado hondureño, la compañía frutera norteamericana retornó las tierras a la municipalidad de Jutiapa, desoyendo los incesantes reclamos del pueblo garífuna sobre sus tierras ancestrales.

“Paulatinamente y de forma amañada, la municipalidad fue repartiendo las tierras a pequeños grupos de supuestos campesinos, que comenzaron a talar árboles para sembrar palma africana. El proceso de despojo fue intensificándose con el pasar de los meses, profundizando aún más el acaparamiento de tierras y la siembra de palma africana”, explicó Félix Valentín, directivo de la Ofraneh, a Opera Mundi.

Arrinconado y cercado, el pueblo garífuna inició un intenso proceso de recuperación de sus tierras ancestrales, exponiéndose a la reacción violenta y represiva de los productores palmeros, protegidos por las autoridades locales y nacionales.

“El 8 de agosto del año pasado, un fuerte contingente de policías entró al campamento situado en el territorio recuperado de Nueva Armenia y detuvo a 40 personas. Los uniformados montaron a los compañeros garífunas en varias patrullas y los llevaron a Jutiapa, reteniéndolos de forma injustificada por más de 8 horas”, dijo Valentín.

Según la Ofraneh, varias personas vinculadas a los productores palmeros aprovecharon de la situación para quemar 11 casas con todos sus enseres. Mientras tanto, unos 80 miembros de la comunidad fueron demandados por “usurpación de tierra”. Sobre varios de ellos pende orden de captura, mientras a otros otorgaron medidas sustitutivas a la privación de la libertad, prohibiéndoles acercarse a la zona del conflicto.

“Nos acusan de estar usurpando tierras que son del pueblo garífuna, pero son ellos los usurpadores. No queremos palma africana, sino continuar a cultivar nuestra propia comida en el territorio que nos pertenece”, aseguró Carolina Castillo, habitante de Nueva Armenia y miembro de la Ofraneh.

Pocos meses después, miembros de Nueva Armenia fueron atacados a balazos por desconocidos, con un saldo de varias personas heridas. En mayo de este año, la dirigente Jésica García sufrió un intento de secuestro y ya no se cuentan los casos de amenazas e intimidaciones que sufre la comunidad.

En la madrugada del 27 de diciembre 2015, efectivos de la Fuerza Naval de Honduras atacaron a un grupo de garífunas que se encontraba en la barra de Iriona, tratando de remover un carro atascado. “Como resultado del ataque fallecieron Joel Palacios Lino (24 años) y Elvis Armando García (19 años)”, señala la Ofraneh en un comunicado.

El asesinato desató fuertes protestas en todo el territorio garífuna, exigiendo una profunda investigación de los hechos y castigo para los responsables de la masacre.

La proliferación de proyectos agroindustriales, turísticos, hidroeléctricos y mineros, sumado a la presencia del narcotráfico y el crimen organizado, ya provocó la desaparición de algunas comunidades y está atentando contra la sobrevivencia del mismo pueblo garífuna.
La Ofraneh confía que las sentencias de la Corte Interamericana del pasado diciembre tendrán una connotación paradigmática, en cuanto sentarán jurisprudencia en relación a los pueblos indígenas y sus derechos ancestrales.

“De esa manera, no sólo se beneficiará el pueblo garífuna, sino todos los pueblos indígenas del mundo. Los Estados ya no podrán ignorar a los pueblos al momento de aprobar proyectos que afectan a sus territorios”, concluyó Miranda.