Written by La respuesta ante la propagación del Covid-19 ha sido decretar el aislamiento social. El “quédate en casa”, reproducido en distintos idiomas, se ha vuelto viral y ha sido tendencia en redes sociales. Sin embargo, para mujeres, niños y niñas este acto de resistencia se convierte en mayor vulnerabilidad y exposición a más violencia doméstica.
Según el Observatorio de Igualdad de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en 2018 más de 3.500 mujeres fueron víctimas de femicidio.
Los países que registraron las tasas más altas fueron El Salvador (6,8 por cada 100.000 mujeres, Honduras (5,1) y Guatemala (2,0). Sin embargo, los datos reales podrían ser aún más alarmantes debido a las diferentes interpretaciones que los países le dan al término ‘femicidio’[1].
En Honduras, el Observatorio sobre la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma (Unah) señala que en 2019 al menos 406 mujeres fueron asesinadas. Una cada 22 horas.
De acuerdo con datos de diferentes observatorios son 73 las mujeres asesinadas en lo que va del año y más de 50 las denuncias diarias por violencia doméstica.
“En un contexto de aislamiento social como medida para hacerle frente a la pandemia, muchas mujeres, niños y niñas se ven confinadas en un espacio con su agresor o posible agresor.
Si a esto le sumamos la situación de miseria y hambre que hay en el país, vemos como esta medida las pone en una situación de mayor vulnerabilidad, aumentando el riesgo de violencia doméstica e intrafamiliar”, dijo a La Rel, Helen Ocampo, investigadora del Observatorio de Derechos Humanos de Mujeres del Centro de Derechos de Mujeres (CDM).
Después de dos semanas de cuarentena, el Ministerio Público hondureño registró 80 denuncias por violencia doméstica.
Una cantidad demasiado baja si tomamos en cuenta que, en la última década, el CDM ha reportado un promedio diario de 56 denuncias.
“Es evidente que las mujeres no están teniendo la tranquilidad y la seguridad necesaria para ir a denunciar”, explicó Ocampo.
Un Estado cómplice
La investigadora del CDM mencionó también otros factores, como por ejemplo que no todas las llamadas al 911 del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y a las postas policiales están siendo atendidas correctamente.
También que muchas mujeres desconocen si las oficinas del Ministerio Público están abiertas.
Lo más lamentable es que, ante la incapacidad estatal, las organizaciones de mujeres y feministas nuevamente han tenido que llenar vacíos, atendiendo distintas vulnerabilidades.
Es por eso que el CDM y otras organizaciones han puesto a disposición números de teléfonos para brindar ayuda psicológica y asesoría legal mientras dure la cuarentena.
Asimismo, la Red Lésbica Cattrachas ha lanzado una campaña para que se decrete Ley Seca en todo el país, ya que el alcohol puede ser un detonante para aumentar la violencia doméstica e intrafamiliar.
Hasta la fecha son 163 de un total de 268 los municipios que han decidido apoyar esta medida, aunque faltan los más grandes y poblados que es donde hay más consumo e incidencia de violencia doméstica e intrafamiliar.
También se han puesto en marcha procesos de autodefensa, con medidas de seguridad comunitaria y denuncia social.
“Es importantísimo reconocer el trabajo que se está haciendo dentro de las comunidades, como por ejemplo las garífunas.
Cuidan e informan a su gente, producen alimentos, muestran al país entero la importancia de la organización y la solidaridad comunitaria”, concluyó Ocampo.
[1] Hay países que sólo recopilan como feminicidios o femicidios los cometidos por la pareja o exparejaPor: Giorgio Trucchi | Rel UITA
Last modified: 10/04/2020
