Written by Una vez más el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), acompañado por los representantes legales de la familia de Berta Cáceres, denunció el pacto de impunidad que se cierne sobre el caso de la dirigente indígena brutalmente asesinada el 2 de marzo de 2016.
En varias ocasiones, tanto el Copinh como la familia de Cáceres alertaron sobre la negación de acceso a la información por parte del Ministerio Público (MP), en particular de la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida.
En 35 ocasiones los funcionarios del MP se negaron a entregar la información recabada en los allanamientos a la empresa Desarrollos Energético SA (DESA) -titular de la concesión para la construcción del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca-, donde se evidencia las actuaciones de la empresa contra Cáceres y el Copinh.
También ocultan la información de los allanamientos realizados a las personas involucradas en el asesinato, algo que podría revelar posibles vínculos con los mandantes intelectuales del crimen.
En esta oportunidad, el Copinh y el equipo legal del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) señalaron que, después de cinco órdenes judiciales para que el MP hiciera entrega de las informaciones, los fiscales se negaron nuevamente alegando que aún no han realizado el análisis de los aparatos electrónicos -telefónos celulares, memorias USB, cámaras fotográficas, tablets, chips de celular, disco duros y computadoras- incautados tras los allanamientos a los principales acusados del asesinato de Cáceres.
“¿Cómo es posible que, a menos de una semana de la audiencia en la que se deben exponer las pruebas contra 8 de los acusados, el Ministerio Público nos haya dicho que aún no ha realizado los análisis? Estamos muy alarmados”, dijo Víctor Fernández, miembro del equipo legal.
“Esta actitud irresponsable genera una revictimización de quienes han venido sufriendo este calvario. Ante el tribunal vamos a plantear que no se está respetando el principio de igualdad, ni la tutela de los derechos de las víctimas. El no haber realizado estas diligencias -continuó Fernández- implica un comportamiento doloso del Ministerio Público, como parte de la necesidad de ocultar lo que pasó realmente. Está negando verdad y justicia integral”, agregó.
Gaspár Sánchez del Copinh recordó que las autoridades no han mostrado la voluntad de querer castigar a los responsables del asesinato de Berta Cáceres. En particular no se ha querido investigar a los autores intelectuales del crimen.
“Seguimos demandando justicia y hacemos un llamado al movimiento social y popular hondureño y mundial para que se sume a esta exigencia de justicia. Lo que pasó a nuestra compañera Berta es lo mismo que sigue pasando en todo el mundo a los defensores y defensoras de la tierra y los bienes comunes. Hay que poner un alto a esto. Vamos a seguir luchando hasta que se castiguen a los verdaderos actores del crimen”, concluyó Sánchez.
Por: Giorgio Trucchi | LINyM
Last modified: 23/08/2018
