Guatemala. Las mujeres de Sepur Zarco claman justicia

Más de 600 masacres y 440 comunidades Maya exterminadas dejaron como secuela a un millón de exiliados y refugiados, 200 mil huérfanos y 40 mil viudas. Nueve de cada diez víctimas eran civiles desarmados, en su mayoría indígenas.

En sus conclusiones, el informe evidenció también que al menos el 60 por ciento de las más de 55 mil violaciones a los derechos humanos cometidas contra la población fue responsabilidad directa del Ejército. Dos días después de la presentación, el 24 de abril de 1998, monseñor Gerardi fue brutalmente asesinado.

La historia de la comunidad de Sepur Zarco, de sus mujeres valientes, de los horrores que les ha tocado vivir, pero también de su incontenible sed de justicia y exigencia de reparación, se enmarca entonces en un contexto que el sociólogo Carlos Figueroa Ibarra definió como “el genocidio más grande que se haya observado en la América contemporánea”.

Un contexto cuyas raíces están firmemente incrustadas en un sistema de dominación patriarcal, donde “la violencia sexual goza de legitimidad social y es una herramienta de sostenimiento de dicho modelo”, explica la Alianza Rompiendo el Silencio y la Impunidad.

Durante el conflicto armado interno, este delito se exacerbó y se instrumentalizó como arma de guerra.

“La violencia sexual fue utilizada en forma generalizada, masiva y sistemática como parte de la política contrainsurgente del Estado, y constituye un delito de lesa humanidad , crimen de guerra y elemento constitutivo de genocidio”, afirma la Comisión para el Esclarecimiento Histórico en su informe “Guatemala: Memoria del Silencio”.

La Alianza señala que la violencia sexual sigue impregnando a la sociedad guatemalteca, aunque se mantiene invisibilizada como crimen de lesa humanidad y es normalizada socialmente.

Cada año se registran más de 50 mil denuncias por violencia contra las mujeres (un promedio de 142 denuncias diarias), 15 mil embarazos de niñas menores de 14 años y más de 600 femicidios.

Estos datos sumado al elevado nivel de impunidad (en 2014 tan solo 243 casos han tenido sentencia), proyectan a Guatemala como el país centroamericano más afectado por la epidemia de violencia contra las mujeres.

Las mujeres de Sepur Zarco
Mirando a los ojos, sin titubeos

En la Sala de Vista de la Corte Suprema de Justicia, víctimas y victimarios están frente a frente. 15 mujeres valientes del pueblo originario maya Q’eqchi’ han derrotado fantasmas y han decidido recorrer el camino hacia la verdad y la justicia.

Con el rostro casi totalmente cubierto con perrajes como medida de seguridad, las mujeres permanecen inmóviles, mirando a sus verdugos, con una paciencia infinita, escuchando con atención cada palabra que se pronuncia en la sala y que la traductora, sentada al lado de ellas, traduce en su idioma ancestral.

Siempre como medida de seguridad y para evitar la revictimización, las mujeres declararon en audiencia de anticipo de prueba. Contaron ante los jueces los horrores vividos, las humillaciones y las violencias sufridas, iniciando así el difícil camino hacia la verdad.

En 1982, uno de los tantos destacamentos militares desplegados por la política contrainsurgente del Estado guatemalteco se instaló en la comunidad de Sepur Zarco, en el nororiente del país.

“La comunidad había iniciado los trámites para la legalización de las tierras, y eso fue motivo suficiente para que los militares capturaran y desaparecieran a los hombres por considerarlos insurgentes. Al quedar viudas, las esposas de dichos hombres fueron consideradas ‘mujeres solas y por lo tanto disponibles’. Fueron sometidas a esclavitud doméstica, violencia sexual y esclavitud sexual”, denuncia la Alianza.

El horror de los abusos se prolongó durante más de seis meses y marcó sus vidas para siempre.

Fue hasta 2011, tras participar del Tribunal de Conciencia contra la Violencia Sexual hacia las Mujeres durante el Conflicto Armado Interno (2010), que 15 mujeres q’eqchies’ decidieron romper el silencio y presentar una querella penal por los abusos sufridos. Varias organizaciones acompañaron y siguen respaldando este esfuerzo extraordinario.

“Es el primer caso presentado ante órganos jurisdiccionales nacionales por delitos de trascendencia internacional contra mujeres. Es un caso emblemático de mujeres que han roto el silencio y quieren demostrar que sí se puede buscar la justicia”, dijo a La Rel, Felipe Sarti Castañeda, representante legal del Equipo Comunitario de Acción Psicosocial (ECAP).

“Es una lucha por todas aquellas mujeres de Guatemala que durante el conflicto armado interno sufrieron graves violencias. Tenemos que recordar para ir sentando las bases para que nunca se vuelva a repetir”, agregó el también psicólogo del ECAP.

“La violencia sexual en nuestro país fue una estrategia militar contrainsurgente, y fue utilizada para el control de los cuerpos y los territorios. El Estado tendrá que responder por los crímenes cometidos en el marco de esta estrategia”, indicó Ada Valenzuela, presidenta de la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas (UNAMG).

“En el caso de las mujeres de Sepur Zarco estamos poniendo en la mesa un tema que es muy actual para la sociedad guatemalteca”, dijo a La Rel Paula Barrios, directora de Mujeres Transformando el Mundo.

“Juzgar la violencia y la esclavitud sexual puede sentar un precedente histórico para el país, al tiempo que estaría conceptualizando y configurando estos tipos penales en el marco de los crímenes de guerra. Hay cientos de mujeres que sufrieron el mismo horror y que merecen justicia y reparación”, aseguró.

De violadores y torturadores
Perseguir a todos los culpables

El juicio inició el pasado 1 de febrero en el juzgado A de Mayor Riesgo de la capital guatemalteca. Los acusados, detenidos desde junio 2014, son el teniente coronel Esteelmer Francisco Reyes Girón y el ex comisionado militar Heriberto Valdez Asig.

Están siendo juzgados, entre otros, por delitos de deberes contra la humanidad en su forma de violencia sexual, esclavitud sexual y doméstica en contra de un total de 12 mujeres; el asesinato de 3 mujeres (madre y sus dos pequeñas hijas); la desaparición forzada de 6 hombres -esposos de las mujeres víctimas- y trato crueles en contra de dos niñas.

Las organizaciones que acompañan a las querellantes aseguran que son muchos más los culpables de estos delitos, y señalan la lentitud con la que el Ministerio Público está actuando para gestionar la captura de al menos otras cinco personas.

Además, recuerdan que existen nexos directos entre los militares violadores de derechos humanos y los terratenientes que disputaban las tierras a las comunidades indígenas.

Para Anabella Sibrian y Miguel Zamora de la Plataforma Internacional contra la Impunidad, estos procesos se enmarcan dentro de una historia y estructura sociopolítica del Estado guatemalteco que, desde sus inicios, se configuró en función de los intereses de las elites económicas tradicionales y, más recientemente, de los nuevos poderes económicos legales e ilegales (poderes fácticos).

Estos poderes utilizan la fuerza militar y los órganos de justicia para controlar cualquier tipo de oposición a sus intereses.

“El caso de la comunidad de Sepur Zarco es un claro ejemplo de ello. En la medida en que toleramos que graves crímenes queden impunes, estamos alentando que se sigan cometiendo”, dijo Sibrian.

Es por eso que un amplio conjunto de organizaciones nacionales e internacionales están acompañando este largo proceso de búsqueda de justicia.

“Las mujeres querellantes están siendo estigmatizadas y viven un contexto comunitario muy complicado, donde los militares volvieron a organizar a los patrulleros de autodefensa civil y los grandes terratenientes siguen disputando a las comunidades indígenas el acceso a la tierra”, dijo Ada Valenzuela.

“Además, en la redes sociales se ha desencadenado una fuerte campaña de desprestigio contra las mujeres querellantes y las organizaciones que las apoyamos, asesoramos y acompañamos”, señaló la presidenta de la UNAMG.

Una sociedad corresponsable
Despojarse de la vergüenza

Uno de los objetivos de este juicio es que las víctimas se despojen de la vergüenza y se la trasladen a los victimarios, que son quienes deben cargar con eso.

“¿Cómo es posible que la sociedad no haya generado condiciones para que las mujeres que han sufrido violencia sexual puedan caminar libremente y de forma segura?”, se pregunta Paula Barrios.

“Debemos ir rompiendo este continuum de la violencia contra las mujeres. Lograr derribar a ese gran muro de impunidad -que en Guatemala es histórico- permitiría a todas las sobrevivientes de violencia sexual considerar que es posible llegar a la justicia”, dijo la directora de Mujeres Transformando el Mundo.

Barrios explicó también que ya están elaborando y discutiendo una propuesta para generar un esquema y un estándar de reparación para las víctimas, con enfoque de género y cultural.

“Estas mujeres están con un empoderamiento, una firmeza y una dignidad increíble. Pese a las amenazas e intimidaciones están firmes y decididas. Y lo han dicho claramente: estamos aquí para que se conozca nuestra verdad, para que se sepa que lo que pasó no fue nuestra culpa, para que se castigue a los responsables y para que lo que sufrimos nosotras no le vuelva a pasar nunca a ninguna otra mujer en Guatemala”, concluyó Valenzuela.