Los conflictos, las crisis humanitarias y las crecientes catástrofes climáticas han provocado un aumento de los niveles de violencia contra las mujeres y las niñas, que no ha hecho más que empeorar durante la pandemia del COVID-19, poniendo de manifiesto la urgente necesidad de atajar esta lacra.
Un estudio reciente de ONU Mujeres, publicado con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra este 25 de noviembre, destaca que casi una de cada dos mujeres ha sufrido o conoce a otra que ha experimentado alguna forma de violencia desde el inicio de la pandemia de COVID-19. Cerca del 25% de las mujeres se siente menos segura en el hogar ante los conflictos familiares. Es la pandemia en la sombra que crece en medio de la crisis de la Covid 19 y que necesitamos un esfuerzo colectivo general para detenerla.
Las llamadas para denunciar la violencia de género han crecido durante la cuarentena por el coronavirus. La ONU la llama “la otra pandemia” al COVID-19 y la violencia. En la América Latina, en promedio 1 de cada 3 mujeres ha padecido violencia física o sexual en una relación íntima a lo largo de su vida y una de las principales estrategias de control de los perpetradores de violencia doméstica es la de aislar a la víctima.
Si bien en la región se han potenciado las líneas de atención de casos de violencia, estos han incrementado y lo femicidios no cesan. Confinamiento o “cuarentena” ha resultado ser efectivo para muchos países en disminuir el contagio, sin embargo, ha causado que muchas mujeres se vean atrapadas con sus parejas abusivas.
Por otro lado, a través del espectro laboral, según la OECD (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), la población femenina de la región latinoamericana tienden a estar más expuestas por el virus ya que 9 de cada 10 enfermeros (as) y 5 de cada 10 doctores (as) son mujeres lo cual indica que están más expuestas a infectarse del virus.
Debido a los cierres de los específicos sectores económicos donde labora la mayoría de la población femenina de la región latinoamericana (comercios minoristas, hostelerías, etc.), sus ingresos personales han sido fuertemente afectados, lo cual ha obligado a muchas mujeres a tener más dependencia económica de su pareja abusiva.
Por último, el enfoque de los gobiernos en invertir en los recursos médicos contra el virus, ha causado que muchas mujeres sean limitadas en tener acceso a servicios de salud sexual, reproductiva y vital. Las medidas tomadas contra el COVID-19 han sido enfocadas en reducir los contagios de manera eficiente en el ámbito biológico y de salud, sin embargo, ha causado un aumento en los problemas psicológicos y físicos en la población femenina.
En otro orden de ideas, también vale recordar la violencia de género en contexto de conflictos ambiental. Mujeres asesinadas por defender el medio ambiente.
En ese sentido se hace necesario recordar algunas de las mujeres que han sufrido y sufren violencia por ser activistas ambientales.
Recordando algunas de las mujeres que han dado su vida por la defensa del medio ambiente, sabiendo que nos dejamos a muchas por el camino. A todas ellas, gracias y aquí nuestro pequeño homenaje:
Berta Cáceres, murió asesinada en 2016, en Honduras. Tenía 42 años y era una mujer muy vital, comprometida con el medio ambiente y los derechos de las poblaciones indígenas. Había luchado siempre contra los intereses de las empresas mineras e hidroeléctricas que se apropiaban de los recursos naturales de su territorio. En el 2015 ganó el Premio Goldman del Medio Ambiente, el llamado Nobel Verde. En 2016, lideró una campaña contra la empresa hondureña Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (GUARDA) y otras empresas porque querían construir un embalse en el río Gualcarque (Agua Zarca), un río que era vital para el pueblo lenca, al cual ella pertenecía. El Gualcarque es un río sagrado para la comunidad lenca y de él depende buena parte de su seguridad alimenticia e identidad cultural. Esta lucha le causó la muerte, y aunque los autores materiales del crimen han sido condenados, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) denuncia que los autores intelectuales e inductores del asesinato todavía no. Hubo sentencia pero no justicia, afirman.
Emilsen Manyoma, fue asesinada en 2017 junto con su pareja. Era afrocolombiana, tenía 31 años y era miembro de CONPAZ (Comunidades Construyendo Paz en los Territorios). Mujer fuerte y valiente, había dedicado su vida a luchar contra los grupos paramilitares de extrema derecha, las grandes empresas mineras y agroalimentarias y contra los narcotraficantes. La principal razón del asesinato de Emilsen fue su implicación contra los intereses de las grandes empresas y de los grupos paramilitares.
En 2017 también fue asesinada Leonela Tapdasan Pesadilla en Filipinas, por defender su comunidad ante proyectos mineros a gran escala y Laura Leonor Vásquez Pineda, en Guatemala, por defender sus tierras contra los intereses mineros.
Nora López y Estelina López fueron asesinadas en 2019 en el estado de Chiapas, en México. Las dos eran mujeres activistas por el medio ambiente. Estelina tenía 43 años, era indígena y luchaba por el derecho y la defensa de la tierra como medio de subsistencia. Nora era bióloga y ambientalista, y era la encargada de un proyecto de reproducción de la guacamaya roja en el Parque ecoturístico Aluxes.
En 2020, Otilia Martínez de 60 años y su hijo de 20, también fueron asesinados por oponerse a la deforestación ilegal de las tierras tarahumares en la Sierra Madre de México.
La ong Global Witness denuncia que está aumentando de forma preocupante los asesinatos contra las personas que se oponen a los intereses de las empresas madereras, las mineras, las energéticas y las agroindustriales y que sólo en el 2019 murieron 212 personas. Por término medio en el mundo, son asesinadas 4 personas defensoras del medio ambiente a la semana. En torno al 10% de las víctimas son mujeres, la mayoría indígenas. Además, un elevado número de personas defensoras de la tierra son silenciadas con violencia, tortura, amenazas de muerte, arrestos o demandas judiciales.
Basta ya!
Por: Margarita Rodríguez Santana.
Last modified: 25/11/2022