Written by El 2 de septiembre de 2018, escribí una columna en la que anticipaba la posibilidad de que Jimmy Morales y sus aliados terminaran por desacatar las disposiciones emanadas de la Corte de Constitucionalidad (CC) llevando al Estado hacia un rompimiento constitucional. El fin de semana se cumplió este hecho, cuya anticipación no requiere de una bola de cristal sino de una simple observación de cómo se han perpetuado ilegalmente en el poder los dictadores Daniel Ortega (Nicaragua) y Juan Orlando Hernández (Honduras).
A pesar de no haber conseguido expulsar al investigador de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) desobedeciendo una orden de la CC —gracias a ciudadanos y colectivos sociales que salieron a las calles a protestar y al trabajo eficaz de la Procuraduría de Derechos Humanos, el Ministerio Público y los cuatro magistrados de la CC, quienes, en el marco de la ley, impidieron el Moralazo— no se debe menospreciar la estrategia antidemocrática impulsada por Molares, la que sin ninguna duda tiene incluidos otros intentos en el futuro cercano (hoy, mañana, pronto) y en el tiempo que les queda en el Ejecutivo.
Por ejemplo, esta semana, Morales —tras un show mediático en el que se ha acompañado de los testimonios de personas que han sido o están siendo juzgadas por casos de corrupción—, ha hecho pública su ilegal intención de acabar unilateralmente el convenio con la Cicig, medida que el miércoles en la madrugada, y tras más de ocho horas de deliberación, la CC ha suspendido, con cuatro votos a favor y uno en contra. Por la noche de ese mismo miércoles, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha dado trámite al proceso de antejuicio contra tres de los cuatro magistrados de la CC que han estado conteniendo el avance de esta alianza criminal (Gloria Porras, Boanerge Mejía y Francisco De Mata Vela), lo que deja el destino de estos magistrados en manos del Congreso de la República dominado, como lo muestran sus votos y acciones, por miembros del Pacto de Corruptos.
Estos nuevos intentos de lograr el Moralazo han servido para comprender con mayor precisión quiénes están avalando esta empresa insensata. El silencio es una respuesta, y este fin de semana actores importantes por su peso político se quedaron callados, como lo hacen los cómplices. Entre estos destaco algunos: la candidata presidencial de la Unidad Nacional de la Esperanza, el partido más grande (dizque) de oposición, Sandra Torres; los voceros del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), voceros que cada vez representan menos el sentir del empresariado en general. La gran mayoría de iglesias, los sindicatos, las universidades privadas y los colegios de profesionales permanecieron callados. Esperable el silencio de la gran mayoría de los diputados del actual Congreso de la República.
No ha sido hasta el lunes que algunos han fijado su postura de una manera más clara, como el Cacif que ha avalado las acciones de Morales o la UNE que, con medias tintas, ha pedido que se respete la institucionalidad, se dirima amistosamente el conflicto entre el gobierno y las Naciones Unidas y se garantice el proceso electoral.
Sin embargo, si la Corte de Constitucionalidad llega a ser capturada por el Pacto de Corruptos, el Moralazo se podrá concretar y se harán realidad los sueños de todos los socios del Pacto: esto podría significar, incluso, el cambio de magistrados del Tribunal Supremo Electoral con el objetivo de allanar el camino a un fraude electoral, la posibilidad de reelección presidencial, la eliminación del castigo al transfuguismo; medidas más laxas para que políticos corruptos puedan ser candidatos a elección popular; eliminación de cualquier posibilidad de investigar y castigar los delitos de lesa humanidad cometidos durante el enfrentamiento armado; censura y control de medios y de instituciones, organizaciones y personas opositoras a la alianza criminal, pérdida en la garantía de derechos; aprobación de salarios diferenciados y vía libre para la explotación de recursos naturales sin consulta a la población afectada, por citar elementos por los que han estado presionando a la CC, los miembros de esta alianza criminal. Con la captura de la CC los criminales ganan mucho, tanto como perderá la mayoría de ciudadanos.
Pero los corruptos no han ganado todavía, porque la vida política siempre está en movimiento y constante cambio, y toda acción tiene una reacción. En ese sentido, han sido alentadoras las acciones de los diputados del Frente por la Transparencia, de las organizaciones estudiantiles de diferentes universidades —especialmente de la Asociación de Estudiantes Universitarios Oliverio Castañeda De León (USAC)—, de movimientos indígenas y campesinos y de abogados y organizaciones sociales que desde la justiciabilidad luchan por el respeto al orden democrático —los abogados Alfonso Carrillo, Alejandro Balsells, Carlos Bezares y Aníbal García, JusticiaYa, Fundación Myrna Mack y Acción Ciudadana, entre otras—.
En la arena política la postura en contra del Moralazo, del Movimiento Semilla, del Movimiento Político Winaq y del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP). Estos partidos, si logran construir una agenda con comunes denominadores, podrían ganar adeptos y ser representantes, en la próxima legislatura, de mayorías ciudadanas cada vez más conscientes sobre la necesidad de cambios estructurales. Una agenda con cuatro puntos mínimos para comenzar: consolidar el marco legal e institucional para acabar con la corrupción y la impunidad, incluyendo la continuación de la Cicig; terminar con los nefastos monopolios económicos y mediáticos que han dado un poder desproporcionado e ilegítimo a la rancia oligarquía guatemalteca y a Ángel González, dueño de todos los canales de televisión abierta (Albavisión). En este grupo se encuentran importantes articuladores del Pacto de Corruptos, algunos incluso investigados por la Cicig y el Ministerio Público; eliminar en toda la institucionalidad pública el rasgo fascista y pro corrupción de tener representantes empresariales tomando decisiones sobre lo público; y proponer una agenda moderna para la protección social y la reactivación económica, urbana y rural, con una política económico y fiscal diseñada bajo principios de justicia y promoción del bien común.
Una de las consignas escuchadas en las manifestaciones sociales a lo largo de esta semana fue “¿A qué le tienen tanto miedo?”, no solo por los cientos de policías apostados en el aeropuerto —para protegerlo de los ciudadanos que manifestaban en paz y del investigador de la Cicig— sino por la torpeza de sus acciones. Morales y sus aliados están temerosos de perder ese poder heredado de la trampa, de los privilegios y de violar y hacer leyes a su medida.
Releyendo un extenso artículo de don Edelberto Torres-Rivas —quien el pasado 31 de diciembre trascendiera hacia su eternidad— escrito en 1979, intitulado Crisis y coyuntura crítica: la caída de Arbenz y los contratiempos de la revolución burguesa, saltan a la vista fenómenos similares a lo que vivimos en la actualidad: «[…] cuando la lucha de clases alcanza un punto de polarización política, ella no disminuye sino cuando se vence o se capitula» (página 47).
En 2015, las investigaciones del MP y la Cicig permitieron a la sociedad comprender que el Estado guatemalteco ha sido manejado como una empresa particular, en pocas y privilegiadas manos, y la corrupción y la impunidad han sido sus engranajes. En particular, las investigaciones pusieron en el banquillo a personas que jamás se imaginaron estar sujetas al imperio de ley (líderes empresariales con mucho dinero y cierto prestigio social como Flavio Montenegro, Max Quirín, Felipe Bosch, José Torrebiarte, los hermanos Valdez Paíz, Carlos Vielmann), a los que se sumaron sus mayordomos, políticos en altos puestos de poder público. La sociedad se polarizó como era de esperarse, pero no en clases definidas desde el sentido económico o de la propiedad de los factores de producción, sino en dos clases políticas: los indignados con el modelo de nación y los corruptos que intentan mantener el orden de las cosas. Si bien es cierto los indignados han ido sumando a sus agendas, discusiones sobre desigualdad social y oportunidades económicas para lo que podría llegar a ser una pequeña burguesía futura, moderna y consciente de su fuerza y responsabilidad en la construcción de la democracia y el desarrollo.
Como advierte don Edelberto, el verdadero núcleo de la contrarrevolución de 1954 no era el temor al Partido Comunista o a Arbenz, sino al «carácter progresista del proceso político desencadenado años atrás». El verdadero problema de hoy es el mismo. No es la Cicig, ni Iván Velásquez, ni los tres dignos magistrados de la Corte de Constitucionalidad, el verdadero problema es que quienes continúan ostentando ilegal e ilegítimamente el poder político han comprendido que la lucha contra la corrupción y la impunidad está provocando un proceso político cuya consecuencia será una democracia más madura y con menos espacios para que ellos tengan y ejerzan el poder como hasta ahora.
Para los ciudadanos esta es la gran pregunta: ¿Capitularemos o comprenderemos que juntos somos mucho más fuertes que los criminales que apadrinan el Moralazo? No es tiempo para medias tintas, o salimos a las calles, con argumentos y sin violencia, a defender la incipiente democracia o los voceros del Cacif, la rancia oligarquía, los malos militares y los políticos corruptos nos hacen retroceder a 1954.
Mi percepción (y mi esperanza), después de estar en diferentes manifestaciones a lo largo de 2015 y en estos últimos días, es que los guatemaltecos no permitiremos este retroceso. Debemos sumarnos a las fuerzas vivas, a la vibrante reserva moral que hoy son los estudiantes universitarios y los movimientos campesinos e indígenas. Dejar la apatía y comprender que nos estamos jugando el futuro.
A pesar de todo, florecerás, Guatemala. Sí.
Por: Jonathan Menkos
Last modified: 13/01/2019
