Extractivismo, medio ambiente y pueblos indígenas. Experiencias concretas

Los pueblos originarios desde siempre han sido pueblos en lucha, en resistencia, también en mo- vimiento, en construcción permanente. Sus visiones y reivindicaciones chocan con las condiciones legales y estructurales del Estado. Esto ha limitado su capacidad de tomar decisiones sobre sus vidas y sus territorios, los pueblos han sido históricamente sujeto de despojo de los territorios donde habitaban, de sus conocimientos milenarios, sus culturas ancestrales y han transitado por la confor- mación de estados nación que no les tomaron en cuenta. En el caso mexicano el primer momento del extractivismo fue la colonia que les despojó de sus riquezas naturales, conocimientos e impuso sus formas de gobierno. A lo largo de los siglos la conformación del Estado Mexicano excluyó cual- quier forma posible de autonomía.

En décadas recientes el modelo neoliberal provocó una serie de ajustes estructurales a un Es- tado emanado de la Revolución Mexicana, donde se había logrado la propiedad social de la tierra para campesinos e indígenas, a través de los ejidos y comunidades agrarias. La posibilidad de pri- vatizar la tierra y permitir la apertura comercial a través del Tratado del Libre Comercio con América del Norte ha sido una de las causas de que el capital transnacional y nacional regrese a aquella mirada colonizadora del despojo salvaje a través del extractivismo.

Las luchas indígenas y campesinas en México tienen larga memoria, la diversidad territorial y cultural han permitido que luchas por la tierra, el agua, el maíz, la lengua y las formas propias de gobierno den continuidad y se recreen en experiencias concretas desde lo local, desde las redes de articulación y en movimientos regionales y nacionales donde la demanda central ha sido la au- tonomía de los pueblos por ser, por decidir, por vivir plenamente.

LAS LUCHAS TERRITORIALES EN OAXACA, MÉXICO

Oaxaca es uno de los estados que forman parte del pacto federal mexicano, con una población de un poco más de cuatro millones de personas en el territorio nacional y miles de personas migrantes en países del norte del continente, es también el estado donde se concentra la mayor diversidad de población indígena. Están reconocidos en la constitución dieciséis Pueblos Indígenas y el Pueblo Afro mexicano. La biodiversidad aun existente es la mayor en el país, tenemos todos los climas y la extensión territorial es cruzada por sistemas montañosos que guardan bosques, selvas y bienes como el agua, ríos, manantiales, minerales.

En cada lengua originaria los territorios se nombran de manera distinta, pero guardan en común 17

una cosmovisión ligada al tiempo, a la tierra, al agua, al mar, al fuego, al aire, al maíz. En las luchas contemporáneas hemos entonces retomado el concepto de territorio, o territorios para englobar esa visión, que abarca más allá de la tierra, incluyendo el aspecto cultural y político, como dimensiones del territorio. Los movimientos de mujeres refieren que el cuerpo es también territorio. Las luchas que se han emprendido se han identificado como luchas por la defensa del territorio, en ese sentido amplio.

El extractivismo en territorio oaxaqueño se acentuó en las tres últimas décadas promoviéndose con mayor fuerza proyectos de extracción de minería metálica, proyectos de producción de energía hidráulica y eólica a gran escala, todos estos con inversión privada y una débil regulación estatal. En algunas regiones del estado la agricultura y la ganadería intensiva han presionado a la concen- tración de tierras en pocas manos.

ORGANIZACIÓN COMUNITARIA Y REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LOS TERRITORIOS.

Abordaré algunas experiencias que han nacido a la luz de las amenazas del extractivismo, la prime- ra, se ha dado en la región de la Costa del Pacífico, territorio ancestralmente habitado por pueblos mixtecos y chatinos que conviven en la cuenca del río Verde y la segunda, en los Valles Centrales donde habitan pueblos zapotecas.

La amenaza de perder un río vivo que alimenta los ecosistemas a lo largo de la cuenca y que provee de alimentos, agua para cultivos, insumos para la construcción de viviendas, entre otros, originó el interés de comunidades mixtecas río arriba por obtener información que les permitiera tomar decisiones y entender los impactos de construir una represa de dimensiones nunca vistas en la región. Al realizar una serie de foros regionales de información y de solicitudes de información al gobierno federal, se decidió que era importante conformar un sujeto que pudiera realizar acciones para que el proyecto hidroeléctrico Paso de la Reyna no se construyera, pues con las dimensiones de la obra prácticamente inundaría tierras productivas, traería afectaciones a la salud durante la etapa de construcción de la obra y posteriormente en su fase de operación y, sobre todo, las comu- nidades perderían el acceso y convivencia con el río. De esta forma nació el Consejo de Pueblos Unidos en Defensa del Rio Verde (COPUDEVER).

Las acciones requirieron visitar a otras comunidades río arriba, río abajo, revisar herramientas jurídicas que pudieran ayudarles, revisar sus reglamentos internos, lograr el nombramiento de au- toridades agrarias y municipales aliadas, difundir fuera de la región a través de medios impresos, radios, internet, la problemática y la lucha. En estos años fue fundamental la generación de alianzas de diversos ámbitos, como sindicatos de maestras y maestros, la iglesia católica, organizaciones nacionales e internacionales. Un papel muy importante fue el intercambio de experiencias con otras y otros afectados, se invitaron a otros movimientos a visitar las comunidades y también se visitaron otros estados y países. Uno de los aliados de mayor experiencia fue el Consejo de Ejidos y Comuni- dades contra la Presa la Parota (CECOP) en el vecino estado de Guerrero, así como el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER).

Este proceso ha sido muy generoso, sin duda alguna, la recuperación de prácticas espirituales, de prácticas culturales, como la gastronomía, la música, la poesía, ha permitido la convivencia entre jóvenes, adultos, mujeres y hombres. Por supuesto los testimonios de lucha hablan por sí mismos, Don Cenobio, Don Manuel, Doña Julia, Eva, Leonor, Rosa, Hugo, Eloy, Crisanto, Pedro, Isacc y tantos nombres que no quiero omitir han aportado sus tiempos en las marchas, bloqueos, reuniones, viajes. Hemos enfrentado momentos muy difíciles, pero también de mucha alegría y acompañamiento.

Después de los primeros años de lucha, se lo- gró detener la fase inicial del proyecto hidroeléc- trico, a 12 años se ha logrado una declaración pública del gobierno federal de la cancelación del proyecto. El COPUDEVER continúa en su lucha pues derivado de la reforma energética, que permite la entrada de capital privado a la producción de energía, una empresa pretende construir un nuevo proyecto bajo la protección y financiamiento de las políticas internacionales de energía supuestamente limpia, que otorga bonos a empresas y fomenta un mercado especulativo del sector energético.

La segunda experiencia que comparto es del proceso de organización para evitar la expan- sión del proyecto minero San José, de la em- presa minera Cuzcatlán S.A de C.V. filial de la transnacional Fortuna Silver Mines. El proyecto se anunció en el año 2006, a partir de enton- ces se instaló un conflicto socio ambiental. A lafecha el proyecto se encuentra en su fase de explotación comercial y tiene la pretensión de ser ampliado a un mayor número de hectáreas, en su modalidad de minería subterránea, utiliza tecnología de punta y realiza perforaciones de hasta 600 metros de profundidad para extraer oro y plata de los yacimientos.

Tras varios años de operación los impactos ambientales son la principal preocupación en el municipio de San José del Progreso y en munici- pios, ejidos y comunidades aledaños. El proyec- to minero está instalado justo encima del prin- cipal acuífero de los Valles Centrales y existe un alto riesgo de contaminación de los cuerpos

de agua superficiales durante el proceso de ex- tracción y lavado de los minerales. Lamentable- mente, no se cuentan con datos certeros, pues hay un patrón de opacidad por parte de la em- presa y las instancias federales responsables del monitoreo ambiental. La tecnología para la separación de los minerales requirió la construc- ción de una presa de jales para un aislamiento de las sustancias minerales, esta presa se ha convertido exponencialmente en un riesgo para las comunidades abajo pues se teme un derra- me o desbordamiento en época de lluvias. Ya ha habido denuncias al respecto. Unido a esto se presenta una disminución del agua en pozos aledaños. Por testimonios de habitantes de San José del Progreso, la emisión de gases y polvos provocados durante la transportación del mate- rial para su separación, contribuye a la contami- nación del aire, los polvos han viajado hasta la zona de los cultivos de maíz de la comunidad y está latente una posible explosión. La principal preocupación es el agua, que es ya una disputa entre actores empresariales y comunitarios.

En los primeros años de resistencia, la im- posición violenta del proyecto en la comunidad provocó operativos masivos de la policía, con- frontaciones con heridos y varios asesinatos, entre ellos, de líderes opositores. Se rompió el tejido social, familias y toda la comunidad quedó dividida. Este proceso sumamente violento de- bilitó a la Coordinadora de Pueblos del Valle de Ocotlán, y la minera logró iniciar la explotación comercial y también hacerse de un control terri- torial en la comunidad sede del proyecto.

Hace un par de años la empresa minera anunció la intención de la ampliación del pro- yecto. Ante este anuncio, mediante reuniones y foros, las organizaciones civiles y comunidades aledañas nos organizamos y nació el Frente No a la Minería por un Futuro de Todas y Todos. Esta organización regional, que agrupa a auto- ridades comunitarias, ejidales y municipales, ha emprendido acciones jurídicas y de información.

para evitar la expansión del proyecto, se han realizado declaratorias públicas y prohibiciones para la minería en instrumentos agrarios. En la nueva constelación política de México, hay autoridades federales que siguen promoviendo y respaldando la inversión extranjera en la minería y otras que comparten la preocupación de las comunidades. La expansión territorial de este proyecto depen- derá de la fuerza organizativa de las comunidades opositoras y el rumbo de la política extractivista a nivel federal.

APRENDIZAJES Y DESAFÍOS

Las amenazas al territorio pueden constituirse en oportunidades para fortalecer las luchas. En el caso del COPUDEVER, la oportunidad de fortalecer internamente los gobiernos de cada comuni- dad, las asambleas colectivas, la incorporación de mujeres en las reuniones y acciones, ha permi- tido un proceso de fortalecimiento interno. La alianza territorial y regional propició la reapropiación y el conocimiento del territorio, pareciera increíble que algunas personas no conocían la parte alta de la cuenca y viceversa, conocer otros climas, comidas, plantas, por ejemplo. Políticamente se ha logrado que el COPUDEVER sea un referente legítimo y respetado por otras comunidades, tam- bién se convirtió en un contrapeso a los poderes fácticos de la región, algo difícil dado el control económico y político en la región por parte de familias poderosas.

La organización por la vía de los hechos actúa de forma colectiva en la toma de decisiones, res- peta la autonomía de cada comunidad, ejido y municipio, esto se convierte en un desafío constante por los cambios periódicos de autoridades agrarias y municipales, pero ha permitido que no se centren los servicios o las actividades en una sola persona o comunidad.

Otro desafío es el cambio generacional. Las y los defensores comunitarios que iniciaron el mo- vimiento, algunos son adultos mayores y por el intenso trabajo del campo, sienten la necesidad de pasar la estafeta a las hijas, hijos, nietos, es conveniente encontrar nuevas formas de comunicar, de iniciar procesos de formación política en estos contextos.

Otro punto de la agenda es recuperar y darle valor a todo el trabajo de la agricultura que se hace en las comunidades, esto se ha perdido por la política pública, la migración, pero también con la idea de la escuela o universidad de que ser campesino no reditúa económicamente, ni da prestigio.

En el caso de los Valles Centrales de Oaxaca, el contexto ha sido mucho más complicado debido a la violencia con la que fue impuesto el proyecto minero. La estrategia que desarrolló la empresa, debilitó la organización de la comunidad de San José del Progreso, el asesinato de defensores ins- tauró el miedo en muchas personas y la instalación de un conflicto fue vendido como una estrategia de comunicación, con el argumento de que quien se opone a la mina se opone al progreso y el de- sarrollo. Sin embargo, las personas que han decidido continuar la lucha han compartido su dolorosa experiencia en las comunidades y ejidos cercanos que se agruparon en el Frente contra la Minería. Los desafíos son desarrollar nuevas narrativas y profundizar la reflexión del concepto de desarrollo para encontrar nuevas o viejas palabras que definan como queremos ser y vivir.

En ambos casos, aunque de manera diferenciada, la fortaleza o debilidad ha sido la conserva- ción o pérdida de la propiedad social de la tierra y sus formas propias de organización. Quienes logran mantener el control de su territorio tienen mucho más oportunidad de enfrentar una lucha que quienes por diversas razones históricas fueron despojados de los mismos.

Sin duda alguna hoy en día ninguna comunidad o Pueblo Indígena escapa a los efectos del capitalismo y de las políticas públicas de cada gobierno, lo cual se convierte en un desafío mayor, para el movimiento a nivel regional y mundial: lograr fortalecer acciones de articulación y mayor impacto, generar alianzas con otros sectores, una mejor interacción entre el campo y la ciudad.

En esos momentos, donde a una profunda crisis ambiental global se suma la emergencia de salud y una crisis económica que todavía no dimensionamos, tal vez la pandemia del COVID-19 nos da una sacudida para repensarnos como humanidad y como parte humilde de los territorios, respetando en vez de explotando a la naturaleza y al ser humano.

Dedico este aporte a Hugo Gómez, donde quiera que estés, gracias.

Por: Ana María García Arreola. Educadora popular y defensora de derechos humanos, integrante del área de derechos terri- toriales de la organización Servicios para una Educación Al- ternativa A.C. EDUCA, de la cual es fundadora. Actualmente coordinadora del proyecto “alternativas y estrategias comuni- tarias para defender la tierra y el territorio”. Oxaca, México.

Fuente: Red en Defensa de la Humanidad