Estado de emergencia y vigencia de los Derechos Humanos en Panamá

Con el propósito de trascender la mirada de urgencia ante la pandemia del COVID-19 en Panamá, y avanzar a pensar en cómo queremos vivir como sociedad luego de pasada esta crisis, las organizaciones de sociedad civil y personas Defensoras y Defensores de derechos humanos, abajo firmantes hacemos observaciones y propuestas al Gobierno nacional sobre las políticas de

emergencia que están colocando en “riesgos de salud” a la Democracia y la vigencia de los derechos humanos, en especial de las mujeres, pueblos originarios y las poblaciones empobrecidas en todo el territorio nacional.

. Somos conscientes de la crisis y el estado excepcional de la misma, sin embargo, nos negamos a aceptar como “normal” la profundización de las desigualdades y discriminaciones de genero ante medidas que dan como supuesto que todas las personas que habitamos este país estamos en igualdad de condiciones para recibir sus impactos. No todas ni todos gozamos de los mismos derechos ni condiciones de vida desde antes del COVID-19. Somos uno de los países más desiguales del continente, por lo tanto, las medidas de cuarentena tendrán resultados diferenciados ante esta desigualdad. Las políticas de cuarentena afectan más a las mujeres y hogares monoparentales; en las espaldas de estas y en las que son jefas de hogares recae la economía del cuidado, y es en esta esfera donde se centra el combate a esta pandemia.

. Reconocemos el trabajo realizado por el Equipo del sector salud y sus funcionarios a nivel nacional y rechazamos cualquier violación a sus derechos humanos, no podemos aceptar como “normal” o inevitable su contagio y muerte, urge priorizar su real protección y cuidado. Debemos aprender de las fallas del sistema para crear normas que realmente humanicen la atención a pacientes; generen condiciones laborales equitativas en este sector, y finalmente recuperar la confianza y bioética en la relación servidores de salud – pacientes.

. Necesitamos un Consenso nacional ante las medidas que afectan nuestro presente y futuro, en especial la reorganización de nuestras prioridades presupuestarias, de inversión social, y la protección ante cualquier intento de privatización de los servicios y recursos de salud de la Caja del Seguro Social y del MINSA. Nos mantenemos alertas ante cualquier intento de aprovechar esta crisis viral para limitar y retroceder de manera permanente los derechos humanos.

. Urgen estrategias que ayuden a recuperar las economías nacionales y locales desde una mirada de desarrollo humano con enfoque de géneros; de interculturalidad; de seguridad y soberanía alimentaria; y de sostenibilidad ambiental. Ya hemos visto las fallas de nuestro modelo ante esta epidemia y las vulnerabilidades que trae ser una plataforma de servicios transnacionales y de minería. Ante esto se debe de generar un espacio de asesoría estratégica con visión de Estado.

. Rendición de Cuentas. Adoptar medidas de aislamiento y distanciamiento social, no implica que desaparece la responsabilidad de las autoridades de informar y ser transparentes en el uso de recursos públicos en el Programa de emergencia de Panamá Solidario y en otras medidas económicas a tomar. El enriquecimiento a costa de esta pandemia debe ser declarado como delito de lesa humanidad.

Ante lo expuesto y con el propósito de contribuir con un abordaje estratégico de esta pandemia, pedimos al señor Presidente Laurentino Cortizo Cohen y a Autoridades las siguientes medidas:

Incorporar a la Comisión Asesora del MINSA a expertos/as de otras ramas de las ciencias, en especial de las ciencias de la Salud Mental, de la Sociología, Trabajo social, Economía y de las políticas con enfoque de Género, de Adultos Mayores e interculturalidad. Esto ayudará a evitar medidas parciales que no contemplen las dinámicas sociales, de género, de diversidad sexual, y territoriales de la población en cuarentena. Por ejemplo, la discordancia de horarios de servicios bancarios con los horarios de circulación.
Crear una Comisión Asesora del Ministerio de Economía y Finanzas conformada por expertos/as de los diversos sectores de la economía, en especial de aquellos que hemos identificado como estratégicos para la protección de la salud y la seguridad alimentaria de la población, no hay certeza de que no se repita otra pandemia en el futuro próximo.
Fortalecer las medidas y servicios de protección hacia las mujeres, en especial de quienes viven en riesgo de violencia y explotación económica tales como trabajadoras del servicio doméstico, del sexo, trabajadoras rurales, mujeres trans, artesanas, migrantes, del sector informal y aquellas que fueron enviadas por sus empleadores a sus casas sin claridad de sus condiciones de retorno laboral.
Acelerar la atención a la población privada de libertad para prevenir la contaminación por su hacinamiento carcelario. Especialmente a las mujeres privadas de libertad y sus hijos/as. El derecho a la vida es inalienable y universal.
Fortalecer los mecanismos y servicios de denuncia y protección de personas Adultas Mayores que viven en riesgo de violencia con familiares, y las que están en hogares y residencias para mayores, tanto públicos y privados. Así como revisar las normativas que se han visto insuficientes en esta crisis para garantizar los derechos humanos de esta población.
A la entidad con el mandato de velar por el cumplimiento de los derechos humanos como es la Defensoría del Pueblo, le exigimos su presencia y trabajo visible y concreto para asegurar la vigencia de los derechos de todas y todos sin distingo de edad, géneros, estatus migratorio, origen étnico ni social.
A la Procuraduría de la Administración que refuerce el monitoreo del cumplimiento del Código de ética de las y los funcionarios públicos y que proponga una ley que haga imprescriptible los delitos de enriquecimiento ilícito en momentos de pandemia, pues son delitos de lesa humanidad.
De igual manera pedimos al Tribunal Electoral que impulse la revocatoria de mandato de todo diputado/a, alcalde/sa y representante de corregimiento que se compruebe se ha aprovechado del uso de fondos y medidas de urgencia para el clientelismo político y la corrupción.
Al Ejecutivo que, así como existe una cuarentena social, que exista una “cuarentena económica” que limite las ganancias a costa del sufrimiento del pueblo panameño. Que impulse una Ley que haga imprescriptible los delitos de enriquecimiento ilícito mediante la corrupción de funcionarios públicos y el tráfico de influencia para negociar los servicios de

urgencia que han surgido de esta crisis y que son brindados por empresarios y empresas privadas.

Finalmente, hacemos un llamado a la ciudadanía, a la empresa privada, a nuestras autoridades locales y nacionales, a recuperar el sentido de Bien Común, de solidaridad y empatía con el dolor, miedos e incertidumbre de las familias panameñas. No sería correcto una política pública que decida sobre la vida y la muerte de una población en particular; como tampoco es correcto una ciudadanía y empresas que no colaboren con las medidas de seguridad y cuidado de la comunidad. Solo unidos/as podremos salir con vida e integridad; debemos cuidar el costo humano que represente una aparente victoria ante el virus. La victoria final será haber mostrado la ética y el respeto a la vida sin discriminación ni desigualdad, haber aprendido que solo la justicia y la igualdad sustantiva nos hará vivir con dignidad ante las presentes y futuras generaciones.

Panamá 31 de marzo del 2020.

Suscribimos:

Mariela Arce

Gina Candanedo

Gladys Miller

Elia López de Tulipano

Juana Camargo

Nixa Delgado

Sonia Henríquez

Mireya Peart

Siria Martínez

Elia González

Carlos Lee

Haydee Méndez

Gilma De León

Joyce Araujo

Daniel Holness

Ceaspa, Unamup Cefa, Alianza de Mujeres de Panamá, Cimuf, Wold pride, EIS, Cinta Chocolate, CLADEM Panamá, CONAMUIP, Red de Derechos Humanos, Espacio de Encuentro de Mujeres Unamup, Mujeres Afrodescendientes IPDH