Written by El acceso de políticas al poder siempre ha encontrado resistencias. Es una cuestión de genero que en Bolivia está siendo regulada para evitar violencia política contra más de la mitad de la población.
Las violencias contras las mujeres se deben conjugar en plural: físicas, psicológicas, económicas y también políticas, que es cuando el sistema no permite su participación como alcaldesas, diputadas o presidentas. “Hay avances, sí, pero también hay represalias para recordarles que molestan en la política”, afirmaba Elena Alfageme, de la ONG Alianza por la Solidaridad. Lo hacía en una jornada denominada “Mujeres y poder” protagonizada por cuatro lideresas latinoamericanas.
“Yo puedo constatar las barreras que existen para llegar al poder. Y es fácil de explicar porque históricamente ese espacio ha estado ocupado por hombres. El hecho de que ellos hayan gobernado siempre parece que les garantiza que lo hacen bien. En cambio, cuando llegamos nosotras, se nos cuestiona”, afirmó Verónica Gálvez, alcaldesa de Puno (Perú). La política, que durante su legislatura ha denunciado 55 casos de acoso y violencia política contra las mujeres, subrayó la importancia de la participación política de las mujeres, de su empoderamiento individual y colectivo dentro de los partidos para no ser apartadas por las estructuras de poder y de la independencia económica, un aspecto, señaló, que funciona como “poder para tomar decisiones”.
El feminicidio de la concejala boliviana Juana Quiste, asesinada en 2012 por ser mujer es un ejemplo claro de la máxima violencia de cuando ellas toman el poder. “En América Latina, la violencia de género en la política ha sido identificada como un problema preocupante, una situación que empeora cuando las mujeres son de alguna etnia no mayoritaria, tienen orientación sexual no binario y/o proceden de zonas rurales”, señalan desde Alianza por la Solidaridad.
De ser indígena, mujer y rural habló Ana Rutilia Ical, defensora de derechos medioambientales y una de las líderes queq’chí más activas en defensa de los ríos guatemaltecos: “La participación de las mujeres en política se criminaliza, se desacredita y es perseguida”, señaló contundente al tiempo que recordaba que en su país no hay ni una sola mujer en el Gobierno y que la representación de las mujeres en la política es solo del 13%, mujeres blancas, principalmente. ¿Retos?: “Romper con la exclusión, el racismo y el despojo histórico”, señaló una de las voces más firmes de su país contra las empresas transnacionales como Grupo Cobra-ACS, involucrada en la realización de una gran hidroeléctrica. En su lucha por el medio ambiente Ana Rutilia firmó el recurso de amparo ante la Corte Suprema exigiendo la paralización de la obra. “Nos dicen que somos locas, alborotadoras y que somos un atentado contra el país mientras que ellos han matado a líderes con total impunidad”, apuntó.
Isolda Dantas, diputada electa por el Partido de los Trabajadores y ex regidora del municipio de Mossoró (Estado do Rio Grande do Norte, al nordesde de Brasil), subrayó el trato injusto que recibió la ex presidenta de Brasil, Dilma Rousseff por una cuestión de género. La política brasileña denunció machismo y misoginia en el proceso que hubo contra la mandataria, un asunto que le costó el puesto. Del panorama actual, tras la elección de Bolsonaro y el gobierno de Temer destacó el retroceso para los derechos de las mujeres. Para la política brasileña, las herramientas que quedan ante esa marcha atrás son dos: resistencia y articulación del movimiento feminista en Brasil, y de forma global.
La ley ha permitido dar a conocer 95 casos de denuncias y renuncias de políticas
Por su parte, Irene Achacollo, secretaria General de la Federación de Mujeres Campesinas Indígenas Bartolina Sisa, denunció la discriminación de las mujeres bolivianas por ser mujeres, campesinas e indígenas en el marco familiar, comunitario, en las organizaciones políticas y en la sociedad. Su país, primero en el mundo en crear una ley específica contra la violencia política contra las mujeres y que ha servido como modelo para una norma interamericana es un claro ejemplo del avance, pero también de los muchos obstáculos que todavía persisten para alcanzar la igualdad. Por una parte, según Elena Alfageme, en 2018 la ley ha permitido dar a conocer 95 casos de denuncias y renuncias de políticas, un avance, sin duda. Pero falta, prueba de ello es la impunidad ante los asesinos de la concejala asesinada en ese mismo país por el hecho de ser mujer, señaló.
Por: Lula Gómez
Tomado de: www.grupotortuga.com
Last modified: 20/04/2019
