Hace casi un cuarto de siglo se creó la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) para administrar todo lo concerniente a la vía interoceánica después que se fueran los norteamericanos en 1999. Han cambiado muchas cosas desde entonces. El incremento de los peajes disparó los ingresos para el fisco panameño, se construyó el tercer juego de esclusas para acomodar barcos mucho más grandes y la junta directiva se ha convertido en un club de millonarios.
Los miembros de la junta directiva de la ACP son nombrados por el presidente de la República. Todos los presidentes, desde 2000, han seleccionado empresarios para ocupar los puestos deliberativos de esa importante institución. La práctica tiene cierta lógica. En 1994 la entonces existente Autoridad de la Región Interoceánica (ARI) declaró que las áreas de la antigua Zona del Canal serían manejadas dentro de la lógica del mercado. (Decisión que echó por tierra el planteamiento del general Torrijos, quien había dicho en 1978 que esa área sería administrada en beneficio de todos los panameños).
Muchos no están de acuerdo con esa máxima de la ARI y el hecho de que haya sido adoptado al pie de la letra por la ACP. Sin embargo, en el espíritu del Consenso de Washington y de las políticas neoliberales, la sociedad civil y los sectores populares se plegaron. Los sectores más organizados del pueblo lo rechazan por considerar que es un despojo de lo que es de todos los panameños para beneficio de los millonarios del país.
En lo que no está de acuerdo la gran mayoría de los panameños, quizás con la excepción de los millonarios, es que ahora la junta directiva de la ACP está compuesta de millonarios y, además, corruptos. Entre los miembros de la junta directiva, en estos momentos, hay dos fugitivos buscados por Interpol. Hay otros que han sido acusados de manejos indebidos de contratos y compras que afectan bienes públicos.
La ACP se complicó en un conflicto laboral con los capitanes de los remolcadores que ayudan a los barcos durante su travesía por el Canal. Hace no mucho, por falta de seguridad, murió un marinero que trabajaba en un remolcador. Los capitanes piden que cada remolcador cuente con un mínimo de tres marineros. La ACP alega que con solo dos unidades la seguridad de los trabajadores y del remolcador no corren peligro. El sentido común señala que primero está la vida de los marineros. La ACP piensa diferente y no está dispuesta a transar en torno a su decisión. Pareciera que la ACP cree que el negocio que maneja puede sacrificar vidas, si eso garantiza los ingresos presupuestados. Incluso, lo justifica, declarando que esas ganancias benefician al pueblo panameño. Hay que recordarle a la ACP que la sangre se derramó en el siglo XX para nacionalizar el Canal. No queremos sangre de trabajadores para garantizar las leyes del mercado.
El presidente de la República tiene que nombrar dos miembros nuevos a la junta directiva antes de fin de 2018. También esperamos que reemplace los dos miembros que se encuentran prófugos. El presidente Juan Carlos Varela tiene que romper con la mala costumbre de nombrar millonarios. Tiene la oportunidad de nombrar cuatro panameños calificados para ocupar los puestos directivos en la ACP. Tienen que tener dos cualidades básicas, por lo menos. Por un lado, tienen que ser personas honradas, capaces de denunciar todo acto de corrupción. Incluso aquellos en los cuales quedan personalmente involucrados por cualquiera razón. Por el otro, tienen que estar comprometidos con un proyecto de país. ¿Qué proyecto? Un proyecto que responda a los intereses de la nación. Los miembros de la junta directiva de la ACP no pueden estar en esos puestos solo porque son socios del presidente o amigos de sus allegados.
Los candidatos a directivos de la ACP que reúnen las características mencionadas más arriba abundan en el país. Están en el mundo empresarial, gremial, académico e, incluso, en los partidos políticos. El presidente puede librar a la ACP del vía crucis que representa la corrupción antes de que sea muy tarde (no debe olvidarse de que los chinos están en la puerta, con sus inversiones de centenares de miles de millones de dólares). Que piense en nombres como Mario Galindo H. (Molirena), Juan Jované, Richard Morales y Julio Yao (académicos), Nelva Reyes (gremialista), para los puestos en la junta directiva de la ACP.
Por: Marco A. Gandásegui, Hijo. Centro de Estudios Latinoamericanos CELA
Last modified: 27/04/2018