Written by Las consideraciones de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) son contundentes contra Estados Unidos. En un informe emitido este jueves 15 de noviembre el organismo continental exige al país norteamericano ‘adoptar las medidas de compensación económica y satisfacción’.
El documento, de 91 páginas, detalla que Estados Unidos ‘debe crear, a la brevedad, un mecanismo especial, por iniciativa propia e independiente de las iniciativas que pudiese tomar el Estado panameño, a fin de que se materialicen las reparaciones aplicables a cada grupo de víctimas, considerando la naturaleza de las violaciones declaradas’.
Pero no es todo. Estados Unidos queda obligado a realizar una investigación de manera diligente, efectiva y dentro de un plazo razonable para esclarecer ‘plenamente los hechos’ con la finalidad de identificar todas las posibles responsabilidades e imponer las formas correspondientes de sanción respecto de las violaciones de derechos humanos.
El país norteamericano, además, debe disponer las medidas de atención en salud física y mental necesarias para la rehabilitación de las víctimas que así lo requieran. ‘Tomando en cuenta que las víctimas no se encuentran bajo la jurisdicción territorial de los Estados Unidos, corresponde pagarles un monto específico para cubrir los servicios médicos que deban sufragar en el país donde se encuentran’, señala el informe.
De esta manera, la CIDH se pronunció ante la demanda que presentó la abogada Gilma Camargo en representación de las víctimas de la invasión de Estados Unidos a Panamá, el 20 de diciembre de 1989. Este año se cumple 29 años de esa intervención militar y en palabras de Yolanda de Varcasia, una de las víctimas, es una ‘gran satisfacción’ que un grupo de personas, sin el apoyo de los gobiernos de Panamá, haya logrado que el organismo internacional se pronunciara a su favor.
Camargo, acompañada de tres víctimas de la invasión, realizó una conferencia de prensa en la que dio a conocer el informe de la CIDH. Además de Varcasia, se encontraba Luisa Corpas y Tomás Gabriel Pérez, este último era el propietario del almacén El Fuerte.
La demanda ante la CIDH fue presentada el 10 de mayo de 1990, cinco meses después de la invasión de Estados Unidos a Panamá, y fue admitida por el organismo el 14 de octubre de 1993. Las víctimas se identifican como panameños civiles, y en algunos casos, no ciudadanos residentes en Panamá, quienes no estaban comprometidos en el combate, pero sufrieron la muerte de familiares, daños personales y destrucción de hogares y propiedades como resultado directo de la acción militar indiscriminada llevada a cabo por fuerzas de los Estados Unidos durante la invasión.
En la demanda, las víctimas reclamaban que los Estados Unidos pague una indemnización por la suma de $250 millones por la pérdida de vidas, las lesiones personales y los daños de propiedades.
El informe de la CIDH no específica cifra. Sin embargo, deja claro que Estados Unidos, además de dotar las medidas de compensación económica, debe ‘desplegar todos los esfuerzos diplomáticos o de otra índole’ que sean necesarios para cumplir con esta exigencia, tomando en cuenta que las víctimas no se encuentran en la jurisdicción territorial del país norteamericano.
Con respecto a las víctimas fallecidas, las reparaciones deberán ser reconocidas a sus familiares o herederos según sea el caso, añade el informe.
Camargo explicó que la prioridad la tendrán los 272 víctimas que se adherieron a la demanda, sin embargo, todas las personas que perdieron un bien o familiar deberán ser recompensadas por el daño. Dijo que no solo trata de un compensación por los daños durante la invasión, sino por todo lo que ha ocurrido durante estos 29 años.
Para concretar las compensaciones, dijo, es necesario crear los mecanismos que definan la cuantía. A su juicio, Estados Unidos cuenta con modelos para este tipo de caso.
Pero más allá de las compensaciones que debe pagar Estados Unidos, para Camargo lo importante es lo que representa este informe para Panamá, para la recuperación de la memoria, de la justicia y de la verdad.
‘Lo primero que debemos hacer todos los panameños es leer ese informe para entender la invasión’, recomendó la abogada.
El pasado 10 de mayo, el organismo aprobó el informe final y tres meses después, el 16 de agosto, lo remitió al gobierno estadounidense para que informara sobre las medidas adoptadas para cumplir con las recomendaciones dentro de un mes. No se recibió respuesta, según el informe.
Con base en las determinaciones de hecho y de derecho, la Comisión Interamericana concluyó que Estados Unidos es responsable por la violación de los artículos I (derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad de la persona) de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.
Además, del artículo VII (derecho de protección a la infancia), XXIII (derecho a la propiedad) y el artículo XVIII (derecho de justicia).
La CIDH llega a estas conclusiones al determinar que la mayoría de los hechos de muerte y de lesiones ocurrieron durante las ‘acciones armadas’ de los soldados de Estados Unidos , lo que incluye los bombardeos y el uso de armas por vía aérea, el uso de tanquetas, en la que fallecían personas civiles o no combatientes.
El informe detalla dos casos sin precisar nombres. Cita que nueve personas perdieron la vida y otras 20 resultaron heridas como consecuencia de bombardeos o armas de diverso tipo lanzadas desde medios de transporte aéreo o tanquetas y el otro hace referencia de 21 personas que perdieron la vida y tres que resultaron lesionadas como consecuencia directa del incendio y de encontrarse en las cercanías de un aparente enfrentamiento armado.
El informe también hace referencia a la Comisión 20 de Diciembre de 1989, que creó el gobierno panameño, mediante el Decreto Ejecutivo No. 121 del 19 de julio de 2016, que tiene como objetivos el ‘esclarecimiento de la verdad y el pleno conocimiento del número e identidad de las víctimas, así como de las violaciones del derecho internacional de los derechos humanos’.
La CIDH toma nota del establecimiento de la Comisión 20 de diciembre de 1989 como una iniciativa del gobierno panameño como consecuencia de los reclamos de las víctimas y asociaciones de víctimas involucradas. Sin embargo, resalta que a pesar de la expresada intención del gobierno de Estados Unidos de colaborar con las actividades de esta Comisión para la verdad, no puede considerarse equivalente al cumplimiento de las obligaciones del Estado con respecto de las presuntas víctimas del presente caso.
La CIDH determinó que ‘no es claro’ el rol de los Estados Unidos en las investigaciones de las fosas comunes y que la existencia de estas fosas ‘dificulta el establecimiento de posibles violaciones del derecho a la vida’.
Aunque en el informe hacen referencia a la fosa común del Jardín de Paz, en Parque Lefevre, y Monte Esperanza, en Colón, Camargo narró que durante este proceso sostuvo conversaciones con soldados estadounidenses que le certificaron que en Pacora también se enterraron cuerpos víctimas de la invasión y otros que fueron llevados a Guatemala para hacer enterrados en fosas comunes.
Es parte de la verdad y la justicia que Camargo y las víctimas, como Varcasia, esperan que salga a flote como consecuencia del informe de la CIDH. La interrogante que queda es si Estados Unidos cumplirá con las recomendaciones. Aunque el país norteamericano no firmó la convención de la CIDH, hay quienes consideran que debe acatarlo porque es miembro de la Organización de los Estados Americanos.
Por: José Arcia
Last modified: 21/11/2018
