Written by Un grupo de expertos* en derechos humanos de las Naciones Unidas criticaron las medidas represivas del Gobierno del Ecuador para asfixiar a la sociedad civil, tras la emisión de una orden de cierre de una ONG que apoya los derechos ambientales e indígenas.
El 18 de diciembre, Acción Ecológica pidió una Comisión de Paz y Verdad para explorar los atentados contra los derechos indígenas y ambientales. Dos días después, el Ministerio de Medio Ambiente inició el proceso de disolución, dándole al grupo 24 horas para responder y diez días para presentar pruebas de defensa.
La medida contra Acción Ecológica se produce en medio de un conflicto con los indígenas shuar que tratan de detener las actividades mineras en lo que consideran sus tierras. El grupo de defensa, que apoyó vocalmente a los manifestantes indígenas, es el último de una serie de organizaciones afectadas por el gobierno.
El grupo de expertos independientes exhortó a las autoridades ecuatorianas a revocar la decisión y reformar la legislación que está utilizando para disolver a los grupos.
Los expertos de la ONU ya han criticado al gobierno por disolver grupos como Pachamama y la Unión Nacional de Educadores, e intentar también cerrar la ONG Fundamedios en los últimos tres años.
“Parece que el gobierno de Ecuador está disolviendo sistemáticamente las organizaciones cuando se vuelven demasiado vocales o desafían a la ortodoxia oficial”, indicaron. “Esta estrategia de asfixiar la sociedad civil se ha implementado a través de dos decretos -16 y 739- que otorgan a las autoridades poderes para disolver unilateralmente cualquier tipo de organización”.
Los expertos advirtieron que “las consecuencias directas son el silenciamiento progresivo de cualquier grupo que desafía u ofrece ideas alternativas a las del gobierno y, por lo tanto, reduce la visibilidad de la situación de las personas vulnerables y marginadas”, señalaron.
“Es irónico”, añadieron los expertos, “que el mismo gobierno de Ecuador que encabeza el esfuerzo internacional positivo para hacer que las empresas rindan cuentas a través de un tratado vinculante, esté reduciendo el espacio para que los grupos locales le pidan que rinda cuentas”.
“Esta última medida infringe una vez más los estándares internacionales de derechos humanos, incluyendo el ejercicio legítimo de la libertad de asociación”, dijeron los expertos. “Muestra un desprecio sistemático por los reiterados llamamientos de la comunidad internacional para poner fin a las medidas represivas contra los grupos de derechos humanos”.
“Disolver grupos es el tipo más severo de restricción a la libertad de asociación,” recalcaron.
Los expertos pidieron al gobierno que garantice que todos los miembros de grupos, en particular los que defienden los derechos humanos, puedan ejercer plenamente sus derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, incluyendo su capacidad de criticar las políticas y prácticas gubernamentales.
Los Relatores Especiales de la ONU renovaron una oferta de asistencia técnica al Gobierno Ecuatoriano para reformar la legislación restrictiva vigente.
(*) Los expertos: el Sr. Maina Kiai, Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación; el Sr. David Kaye, Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; el Sr. Michel Forst, Relator Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos; el Sr. John H. Knox, Relator Especial sobre la cuestión de las obligaciones en materia de derechos humanos relativas al disfrute de un medio ambiente seguro, limpio, sano y sostenible; y la Sra. Victoria Lucia Tauli-Corpuz, Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas.
Los Relatores Especiales forman parte de los ‘Procedimientos Especiales’, el mayor órgano de expertos independientes en el sistema de la ONU para los Derechos Humanos, que reúne a los mecanismos de investigación y monitoreo establecidos por el Consejo de Derechos Humanos para hacer frente a situaciones concretas en países o a cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de manera voluntaria; no son personal de la ONU y no perciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y actúan a título individual. Para mayor información, visite: Naciones Unidas. Derechos Humanos. Oficina del Alto Comisionado
GINEBRA, 30 de diciembre de 2016.
Last modified: 30/12/2016
