Written by En Panamá, los derechos humanos enfrentan serios desafíos en diversos ámbitos, reflejando una desconexión entre los compromisos en materia de derecho ambiental y su implementación. Entre los cuales podemos mencionar:
1. Violación a los derechos humanos contra la discriminación de la protesta social: La protesta social, un derecho fundamental garantizado por la Constitución panameña y los tratados internacionales, ha sido reprimida en varias ocasiones. Las autoridades han recurrido al uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y estigmatización de los manifestantes, lo que evidencia una discriminación hacia los movimientos sociales, especialmente aquellos liderados por comunidades indígenas y campesinas que buscan justicia social y ambiental.
2. Violación a la libertad de expresión: La libertad de expresión, un pilar esencial de toda democracia, enfrenta limitaciones significativas. Periodistas, activistas y ciudadanos han reportado casos de intimidación, censura y amenazas por criticar al gobierno o denunciar irregularidades. Además, el uso de leyes como la calumnia y la injuria para silenciar críticas constituye una herramienta de represión que socava este derecho.
3. Violación al derecho ambiental por concesiones mineras e hidroeléctricas: Las concesiones para actividades mineras e hidroeléctricas han generado impactos devastadores en el medio ambiente y en las comunidades locales. A menudo, estas concesiones son otorgadas sin consulta previa, libre e informada a las poblaciones afectadas, violando no solo sus derechos ambientales, sino también sus derechos culturales y territoriales. Esto refleja un modelo de desarrollo que prioriza los intereses económicos sobre la sostenibilidad y el bienestar de las comunidades.
4. Incumplimiento de los derechos de Escazú: El Acuerdo de Escazú, ratificado por Panamá, busca garantizar la participación ciudadana en temas ambientales, así como la protección de los defensores del medio ambiente. Sin embargo, en la práctica, este acuerdo no se cumple plenamente. Defensores ambientales enfrentan persecuciones, criminalización y falta de acceso a información ambiental, dejando a las comunidades vulnerables y desprotegidas frente a proyectos extractivistas.
5. Falta de gobernabilidad: La falta de gobernabilidad agrava estos problemas, reflejada en una percepción generalizada de corrupción, ineficiencia institucional y poca transparencia en la gestión pública. Este contexto no solo erosiona la confianza ciudadana en las instituciones, sino que también limita la capacidad del Estado para garantizar los derechos humanos de manera efectiva.
El panorama de derechos humanos en Panamá exige una acción decidida para fortalecer el respeto y la protección de los derechos fundamentales. Esto incluye garantizar la libertad de expresión, proteger la protesta social, implementar plenamente el Acuerdo de Escazú, y priorizar la sostenibilidad ambiental sobre intereses económicos de corto plazo. Solo así se podrá avanzar hacia una sociedad más justa y equitativa, en armonía con sus principios democráticos y compromisos internacionales.
Por: Iris Gómez Robles. Radio Temblor Internacional.
Last modified: 10/12/2024
