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El movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero, ha celebrado entre el 10 y 14 de abril de 2013, su segundo encuentro contra la minería en el Municipio de Aguacatán, Departamento de Huehuetenango, República de Guatemala, donde trabajamos los ejes y acciones de los próximos 3 años.
A orillas del preciado y alimentador de vida río San Juan, durante tres días, compañeras y compañeros de Panamá, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá, nos reunimos y analizamos el modelo extractivo minero global y regional, así como a la diversidad de impactos que sufren nuestras comunidades, culturas y la naturaleza, en el área Mesoamericana.
Coincidimos en el diagnóstico sobre:
1. La agudización de los conflictos originados por la imposición del modelo extractivo minero en toda la región,
2. El aumento en los niveles de conciencia y movilización de las comunidades afectadas,
3. El mayor alcance de la difusión del problema en otros sectores sociales,
4. La pérdida de territorios y recursos relacionados como bosques y aguas, entre otros,
5. La complicidad del Estado con el interés privado local y transnacional,
6. La imposición, represión y criminalización como conducta del Estado contra las comunidades y sus miembros en defensa de la vida,
7. El uso de mitos como minería verde, sostenible, y responsable, entre otros, en el discurso de promoción a la actividad minera,
8. La relativa homogenización de los marcos jurídicos regionales en favor de la seguridad jurídica de los inversionistas, en detrimento de la seguridad humana y los derechos humanos, como el derecho a la vida, salud, el acceso a la información, a la consulta y participación en los asuntos que afectan a la comunidad, al buen gobierno, a la manifestación en defensa de los derechos humanos.
Afirmamos que algunos de los impactos generados por el modelo extractivo minero son:
1.- Los gobiernos, por medio de legislaciones, programas, políticas que impulsan con la intención de atraer las inversiones extranjeras, facilitan las condiciones de conglomerados transnacionales en la extracción minera garantizándoles sus operaciones y grandes ganancias de sus inversiones. La impunidad que prevalece y es práctica continua y cotidiana. 2.- Bajo el amparo de legislaciones, las empresas explotan contaminan, degradan, destruyen el paisaje amenazando la existencia de la vida. 3.- En lo social, provocan la descomposición del tejido social, aprovechándose de la situación económica de la población y con las dadivas causan rompimiento de familias, comunidades. 4.- En materia de salud, con la ejecución de estos proyectos amenazan y afectan la salud comunitaria, apareciendo nuevas enfermedades y se incrementan los índices de enfermedades comunes, sin contar con personal técnico y especializado para los controles de estas enfermedades además de la medicina. 5.-Los proyectos mineros ponen en riesgo la soberanía alimentaria, la cultura de los pueblos, la perdida de las formas propias de las comunidades para la producción de alimentos, las evasiones fiscales, la pérdida de calidad de producción de los suelos, sobreexplotan los recursos hídricos, y hacen demagogia con pocos empleos, mal remunerados y de corto tiempo. 6.- Promueven amenazas, presos políticos y asesinatos selectivos de líderes que están en contra de la explotación minera metálica. 7.-Los tratados internacionales sobre cuestiones comerciales y financieras, sobrepasan las leyes internas de los países. 8.- Tergiversan la información de sus operaciones, de las respuestas sociales, de los supuestos beneficios y acciones sobre las comunidades y ocultan la inmensidad del daño.
Son impostergables políticas y acciones públicas contra los impactos y contra el mismo modelo extractivista minero
Deuda ambiental minera
Las crecientes evidencias que nuestro pueblos, la investigación científica y las instituciones recogen sobre los daños derivados del modelo extractivo minero depredador son alarmantes y requieren acciones inmediatas y de mayor plazo. La contaminación del agua, suelo, aire y ecosistemas enteros por emisiones de las actividades minerasse profundizan.
En contraste con los tamaños de los llamados “beneficios” económicos del modelo extractivo minero depredador, hoy podemos afirmar que los costos de los daños ambientales provocados por la minería trasnacional y trasnacionalizada superan con mucho los llamados beneficios y amenazan con crecer y volverse irreversibles. Esa pesada carga de daños y deuda ambiental pretenden “heredarla” a nuestros pueblos poniendo en riesgo la salud comunitaria, la salud pública y el futuro de nuestros países.
Las Contra Reformas Legislativas
Los gobiernos de la zona mesoamericana, no son excepción alguna del compromiso internacional de armonizar las Constituciones y las Leyes temáticas, entre ellas las leyes mineras, con la primacía de los derechos humanos y los tratados y Protocolos internacionales de respeto a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
Las llamadas “reformas” en curso a las leyes mineras, promovidas por los gobiernos y las empresas mineras y financieras contienen una abierta violación al derecho internacional, entre ellas, el respeto y fortalecimiento del consentimiento libre, previo e informado de nuestros pueblos, lo mismo que la consulta popular, sin tocar los injustos privilegios al capital financiero, ni fortalecer la capacidad institucional para cumplir con la obligación estatal de proteger y regular los bienes comunes de nuestros pueblos.
Maquillajes de Injusticia Fiscal
El régimen de injustos privilegios fiscales promovidos hace años para atraer inversión extranjera en la actividad minera y seguir alimentado la falsa idea de “desarrollo” minero en nuestro países, está siendo maquillado mediante reformas fiscales donde sin remediar y fortalecer el pago real y oportuno de impuestos y derechos a cualquier actividad que produce ganancias, se propagandiza la introducción o ligero aumento del pago de limosnas denominadas “regalías”.
El creciente impacto ambiental, social, a la salud y a la economía local y nacional por el modelo extractivo minero depredador, nunca se subsanará, ni siquiera mitigará con limosnas fiscales, sean regalías, o falso apoyo de las empresas a las comunidades. Es urgente y necesario que evaluemos el monto de daños provocado por la actividad minera, lo contrastemos con los muy propagandizados “beneficios” y ante todo se adopten políticas preventivas y que pongan alto al creciente pasivo de la minería.
Denunciar los Tribunales Privados Internacionales.
Las empresas mineras legalmente sancionadas en nuestros países por violación a las leyes o por el ejercicio del derecho de nuestros pueblos, han iniciado una campaña de multimillonarias demandas “legales” ante tribunales internacionales privados, promovidos por los Tratados de Libre Comercio. Denunciamos y rechazamos las amenazas y las instancias de las trasnacionales mineras que violan la soberanía de nuestros países.
Llamamos a los parlamentos y gobiernos del área mesoamericana a sumarse a la digna acción de denunciar a los tribunales internacionales cuasi-privados, como el CIADI, donde las empresas trasnacionales pretenden juzgar a los gobiernos y demandar cifras multimillonarias por falsos daños derivados del ejercicio del derecho de nuestros países.
Impulsar y Proteger otras formas de vivir de nuestros pueblos
Reiteramos que nuestros pueblos tenemos y reconstruimos modos de vida diferentes a la lógica y efectos del modelo extractivo minero depredador. Exigimos y luchamos por el respeto a esos modos de vida de nuestros pueblos, y exigimos y luchamos por políticas públicas que respondan, promuevan y faciliten la construcción, ampliación y fortalecimiento de esos modos de vida vinculados con los genuinos intereses de nuestros pueblos y de la naturaleza.
Como movimiento mesoamericano contra el modelo extractivo minero, exigimos:
1. la derogación de las leyes de minería que afectan nuestros territorios.
2. Exigimos el respeto a la autodeterminación de nuestros pueblos.
3. Respeto y cumplimiento al convenio internacional 169 de la OIT, relacionado a los derechos de los pueblos indígenas, el derecho a la consulta ciudadana, y el respeto y ejercicio pleno de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
4. Exigimos el respeto de la Soberanía de nuestros pueblos, ante las empresas mineras transnacionales.
5. Exigimos que los Gobiernos respeten el mecanismo de consulta previo al otorgamiento de una licencia ambiental para la exploración y explotación minera implementado desde las comunidades, basado en el mecanismo que las comunidades decidan.
6. Que los Gobiernos divulguen la información real de las concesiones otorgadas, ya que las mismas se manejan como secreto de Estado.
7. Exigimos que la lucha por la defensa de la Madre Naturaleza no sea criminalizada.
Finalmente, pero con prioridad política, el movimiento mesoamericano contra el modelo extractivo minero exige la libertad incondicional de nuestro compañero Rubén Herrera, luchador ejemplar por los derechos comunitarios y constructor de futuro y esperanza.
¡De Panamá a Canadá, la minería No Va!
AGUACATÁN, GUATEMALA
11-14 DE ABRIL DE 2013
Last modified: 19/06/2013
