Costa Rica: Territorios indígenas son inalienables e intransferibles, pero sólo en el papel

Ley de 1977 prohíbe compra de terrenos por parte de no indígenas y obliga al Estado a actuar contra las invasiones.

Cuatro horas y media desde San José hasta Buenos Aires de Puntarenas. Una hora desde la intersección en la Carretera Interamericana por un empinado camino de piedras, hasta San Rafael de Cabagra, territorio indígena habitado por nueve clanes Bribrí. Más tarde, 20 minutos en el cajón de un “doble tracción” aferrándose fuerte de donde sea para no caer en el intento y 15 minutos más, que se sienten como un descanso caminando por un trillo estrecho y poblado de árboles que dan sombra. Luego, nos colamos por el patio de un grupo de casas, de donde se asoman varias personas a saludar y a decir “pasen adelante, sigan es allá más, al fondo”.

Y “allá más al fondo” niñas y niños corren y juegan en los alrededores de dos estructuras armadas con palos de madera y techos de plástico negro: la más grande sirve de dormitorio para las 20 personas que habitan allí hace casi dos meses, la más pequeña es la cocina y el centro de la cocina lo ocupa un horno hecho con blocks, donde arde el fuego y hierve el agua con que las mujeres harán café para las visitas.

Bajo un árbol, unos troncos largos han sido dispuestos como asientos y conforman el espacio de reunión donde los hombres conversan, la mayor parte del tiempo en en idioma Bribri. Poco a poco las mujeres se incorporan y los visitantes que salimos de la capital por la mañana sólo entendemos algunos fragmentos de la conversación cuando se habla en castellano o el idioma universal de las carcajadas que son casi contagiosas, aunque nos hayamos perdido el chiste. Es el encuentro de amigas, vecinos, compañeras y compañeros de lucha. Aunque la situación que les convoca sea tensa siempre hay espacio para la risa y la complicidad.

“Sigan adelante hermanos. No va a ser fácil. Si piensan que esto lo van a lograr en uno o dos meses, mejor no sigan, pero yo creo que ustedes tienen la fuerza para ganar esto”, les aconseja Felipe Figueroa, quien ha venido desde Salitre, donde se llevan a cabo 17 recuperaciones de tierra que tienen el mismo origen que la que hoy visitamos en Cabagra: terratenientes no indígenas se proclaman dueños, aunque la ley diga que la totalidad de los territorios indígenas es de propiedad exclusiva de las comunidades originarias.

También les acompañan personas de Térraba, donde se lleva a cabo una recuperación y de otros territorios cercanos donde el despojo de tierras es historia conocida.

“Volvimos por lo que es nuestro”

“Salimos de la casa como a las 2 de la mañana y entramos aquí e hicimos el campamento (…) Yo tenía miedo cuando iba a entrar. Les dije a mis compañeros que ese señor terrateniente tiene mucha plata y nos podía mandar a matar. Sin embargo aquí estamos, seguimos con la lucha para adelante”. Han pasado casi dos meses desde el ingreso que narra Mari Luz Ortiz. Esa madrugada 5 personas dieron el primer paso e ingresaron al terreno que hoy habitan y que forma parte de las 200 hectáreas que reclaman como herencia del abuelo Napoleón Morales.

“Esto fue un movimiento familiar que planteamos para recuperar lo que nos pertenece, porque en realidad viviendo en nuestro propio territorio no tenemos adónde sembrar o adónde trabajar habiendo nuestros antepasados dejado tierras para que podamos alimentarnos con nuestros hijos y nuestras familias”, cuenta Elías Morales otro de los recuperadores de Brazo de Oro.

Elías y varios de sus primos y hermanos recuerdan haber salido de esa finca cuando eran niños y adolescentes, hace unos 25 años. Dos tíos decidieron por toda la familia y vendieron la propiedad a un finquero no indígena, aunque ya para entonces hacía más de una década de que la “Ley Indígena” del país establecía en su artículo 3 que “Los no indígenas no podrán alquilar, arrendar, comprar o de cualquier otra manera adquirir terrenos o fincas comprendidas dentro (de los territorios).”

Cirilo Jiménez fue el primer no indígena en adquirir la propiedad “Unos chanchos flacos y un montón de guaro fue lo que le dieron a mis tíos. Nosotros como éramos chiquillos no agarramos ni un confite de esa supuesta venta”, recuerda Gonzalo Torres.

Desde 2005 Jesús Monge es el finquero se adjudica la propiedad del terreno Asegura que fue donado o heredado por su ex pareja, quien a su vez se lo compró a Cirilo Jiménez. Una historia de 25 años de compra y venta de fincas entre personas no indígenas, en territorios originarios de un país que cuenta, desde 1977, con una ley que declara estas tierras como inalienables, intransferibles, imprescriptibles.

En Brazo de Oro, Cabagra, la cerca más larga y más alta la levantó un no indígena. La cerca no divide sólo la propiedad que el finquero se adjudica, divide también el paisaje, tal como lo describe Mari Luz Ortiz, una de las mujeres más elocuentes del grupo. “Si usted ve, de este lado hay un montón de árboles, si usted va adonde está mi casa, también y se ve bonito ¿verdad?, uno se emociona ¿verdad? Y los pájaros vuelan y tienen adonde ir, pero allá no, porque no hay árboles y las nacientes ahora están secas”.

Y desde esa misma cerca, aseguran los recuperadores de tierra, Monge les ha tratado de persuadir, de la manera menos cordial, para que renuncien al intento de volver a tener el terreno. “Como al segundo día se arrimó ahí a la cerca y nos dijo que nada le cuesta echarnos a todos en bolsas plásticas. Imagínese cómo me impacta eso a mí, que tengo a mis hijos aquí. Pero es por ellos que lo hago, para dejarles algo y para que si el día de mañana yo me muero no digan que mamá no luchó” dice Mari Luz Ortiz.

Monge también interpuso una demanda por supuestas agresiones y amenazas, acusaciones que el grupo de recuperadores niega. “Él si nos ha venido a decir que nos va a matar si no nos vamos, pero yo digo que lo mejor que él podría hacer es irse, si él sabe que esa tierra no le pertenece” insiste Mari Luz.

Pero, del otro lado de la cerca, el finquero piensa muy diferente y hace uso de todas las herramientas posibles para afianzarse como dueño del terreno. A pocos minutos de finalizada la reunión bajo el árbol, en los troncos que sirven de banca, una patrulla de la Fuerza Pública se aparece del otro lado de la cerca, junto al corral del que Jesús Monge ha entrado y salido en varias ocasiones desde que llegamos.

Tras varios minutos de buscar cómo cruzar la cerca, dos oficiales jóvenes, hombre y mujer llegan al campamento. “Venimos a ver cómo están”, pero la recibir noticia de todas las amenazas que han recibido los recuperadores, la oficial se apresura a aclarar “Eso no me lo tienen que decir a mí. Tienen que ir abajo, a poner la denuncia con mi jefe”.

No hay mucha más conclusión ni mucho más trámite en la visita de dos oficiales, que en su patrulla subieron por el empinado camino de más de una hora de piedra suelta. Una metáfora viva del desempeño Estado costarricense ante el compromiso de garantizar respeto por los territorios indígenas.

39 años de ley en el papel

Y es que tratar de hacer valer sus derechos como pueblos originarios tiene un precio. Cada proceso de recuperación de tierras, cada reclamo por una educación que respete su cultura, cada negativa a sacrificar un espacio sagrado por un poco más de dinero representa conflicto y en muchos casos amenazas, agresiones y comunidades enteras divididas: “Por aquí no pasamos”, “a esas personas no les hablamos”, “ahí mejor no vaya” “de aquí para allá están ellos”.

En unos pocos kilómetros del sur del país se contabilizan cerca de 30 recuperaciones de tierra en tan sólo tres territorios indígenas. Pese a que la ley es clara sobre quiénes son dueñas y dueños legítimos, finqueros no indígenas reclaman las propiedades, que utilizan en su mayoría como potreros o para extracción de madera.

Muchos de ellos se proclaman “poseedores de buena fé”, esto quiere decir que son titulares de la tierra antes de que entrara a regir la ley de 1977. Esta figura fue contemplada dentro de la misma ley, que designó un presupuesto administrado por la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, CONAI, para indemnizar con 100 millones de colones a cada “poseedor de buena fe” en tractos de 25 millones por año en el lapso comprendido entre 1979 y 1982.

La ley ni su reglamento indican cómo se procederá si alguien se proclama poseedor de buena fé dentro de un territorio indígena después de 1982, pero sí indica en su artículo 5 que “Si posteriormente hubiera invasión de personas no indígenas a las reservas, de inmediato las autoridades competentes deberán proceder a su desalojo, sin pago de indemnización alguna”.

Pero ni la inmediatez ni la competencia de las autoridades han pasado del papel a la práctica en muchas ocasiones durante los 39 años en que la ley ha estado vigente. Por eso, la sentencia de que“no será fácil, ni se logrará en un par de meses” se repite en cada recuperación de tierras que se lleve a cabo en territorio indígena, como la de los troncos, el techo de plástico, la cocina, el horno y la cerca en Brazo de Oro de Cabagra.