Written by Actuación lenta del Gobierno, no previene ni impide la violencia directa.
El 25 y 26 de diciembre de 2018, aprovechando los días festivos, nuevamente un grupo de personas NO indígenas, invadieron el Territorio Indígena Bribri de Salitre, en los sectores de Río Azul y Fila de Palmital, despojando con violencia armada (de fuego y machetes) a las familias bribris dueñas de esas tierras.
El 24 de diciembre de 2018, en horas de la mañana, en un momento en que salieron a visitar a un vecino, los dueños bribris de la casa, Mariana Delgado Morales, Alberto Figueroa Calderón, Claudina Figueroa Rojas y siete menores de edad, fue aprovechado por los NO indígenas Eliodoro Figueroa Díaz y un hijo suyo Figueroa Uva (no son indígenas aunque coincidan los apellidos) con 8 (ocho) peones no indígenas, para ingresar a la casa, cortaron árboles con sierras de motor, pusieron alambres y cuando regresaron las familias dueñas, las amenazaron con agredirlas y matarlas, aun así, las familias indígenas se mantuvieron en su propiedad; así se mantuvo todo ese día, hasta el 25 de diciembre de 2018 como a las 7 de la noche, cuando hubo un ataque violento de los usurpadores, quiénes asaltaron la vivienda disparando armas de fuego, macheteando todo en la casa a la que prendieron fuego, las familias indígenas huyeron a la montaña para proteger sus vidas. La policía llegó muchas horas después y dijo que nada podían hacer pues no tenían suficientes pruebas y ninguna orden de detención, esto a pesar, de que se les mostraron los Documentos Legales otorgados por el Gobierno Local de la Comunidad; se retiraron dejando instalados impunemente a los usurpadores, en la tierra indígena. Los usurpadores enviaron amenazas a otras familias indígenas, para que salgan de sus propiedades, porque si no les pasaba lo mismo que a la familia de Mariana Delgado.
El 26 de diciembre de 2018, Gerardo Figueroa Rojas y sus hijas e hijos, dueños originales de Finca Las Huacas, de 180 Hectáreas, sector de Fila Palmital de Salitre, la recuperan al usurpador NO Indígena, José Nicanor Arauz Villanueva, quién hace 20 (veinte ) años les había quemado la casa y los desalojara injustamente, con sus hijos/as y nietos/as que hoy son hombres y mujeres mayores de edad y regresaron a reclamar su derecho a su tierra; en ese momento la Policía les dijo que se fueran y pusieran la denuncia porque no tenían pruebas de los hechos del desalojo violento; el Proceso Agrario en la Corte tiene 20 años y no se resuelve todavía; por esa razón y amparados a las Leyes y Convenios Internacionales, tomaron posesión de sus tierras y expulsaron al usurpador Arauz Villanueva, quién había sido notificado semanas atrás de la Resolución del Consejo de Autoridades Propias Indígenas Defensoras de la Tierra – Ditsö Iriria Ajkônuk Wakpa de Salitre -. Hoy las Familias Bribris Figueroa Vargas, Figueroa Torres y Mayorga Torres, están instaladas en su finca, parte del Territorio Bribri de Salitre, acompañados por el Awá quién es una Autoridad Propia entre los Bribris.
Después de varias llamadas por teléfono a las Autoridades policiales y judiciales, la lentitud y actuación negligentes, parecen condescendiente con estas personas violentas usurpadoras, que por Ley y por distintas Resoluciones Judiciales, les está prohibido ingresar o permanecer, menos poseer de cualquier modo tierras dentro de estos Territorios (Ley 6172 de 1977 – Ley Indígena).
Las familias indígenas agredidas y despojadas violentamente, tuvieron que huir por la montaña y permanecer a la intemperie sin abrigo, sin alimentos y bajo la zozobra de un ataque a balazos, macanas y machetes.
Uno de los agresores, alegó que otro usurpador le había alquilado un terreno para echar ganado a pastar, como si fueran tierras de nadie, incluso llegó con un cabezal y el furgón Placas No. 164122, a vista y paciencia de autoridades policiales y judiciales.
Desde el Comité Nacional de Apoyo a la Autonomía Indígena se hicieron contactos con funcionarios y personeros de la Presidencia de la República, quienes informaron que se habían girado las órdenes e instrucciones para evitar más violencia y detener a los agresores/ usurpadores, hecho que esperamos se cumpla, pues los responsables de los actos violentos permanecen invadiendo y con armas amenazando a las/ los dueños de las tierras y otros habitantes bribris que se acercan para reclamarles. Las familias agredidas han regresado acompañadas de otros bribris y han informado que desalojarán a los usurpadores, a como sea, lo que aumenta la tensión y una salida violenta ante la injusticia e impunidad.
Cabe agregar que desde abril del 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH estableció Medidas Cautelares (MC-321-12 CIDH), sobre 2 Territorios Indígenas de Costa Rica, ambos al sur del país: el Brörán de Térraba y el Bribri de Salitre, justo donde están ocurriendo las agresiones y despojo desde el pasado 25 de diciembre de 2018; siendo que desde hace 6 años se repite este “patrón” o conducta delictiva de los/as usurpadores, quiénes aprovechan los días festivos de Fin de Año y Semana Santa para atacar, invadir, agredir, despojar tierras y apoderarse ilegalmente de las mismas, las que son inalienables, intocables y exclusivas de los 8 Pueblos Indígenas que habitan en Costa Rica, según el Ordenamiento Jurídico Costarricense.
Responsabilizamos al Gobierno del Presidente Carlos Alvarado Quesada y su Gabinete, por las agresiones y despojos violentos aquí denunciados, y, los que ocurran de aquí en adelante, ya que no está cumpliendo con el Protocolo Específico y Especial de Implementación de las Medidas Cautelares de la CIDH, que lo obliga a mantener vigilancia y control preventivos para impedir estas acciones delictivas de los/ as no indígenas usurpadores, siendo esta la causa principal por las que se establecieron las citadas Medidas Cautelares.
Es reiterada la violencia e impunidad en que viven las Comunidades Indígenas Costarricenses, no sólo por actos delictivos como los descritos, sino por otras violaciones de DDHH provenientes de particulares como despojos de tierras, destrucción de bosques, contaminación de ríos, cacerías y pescas ilegales; y por las cometidas por los agentes del Estado, como imposición de políticas públicas, Mega-Proyectos y Planes de Investigación y Educación SIN Consulta, irrespeto a sus tradiciones y costumbres, no reconocimiento de sus Autoridades Propias, ni de los procesos autónomos de salud y construcción de viviendas por ejemplo.
SOLICITAMOS,
· A las Autoridades Policiales y Judiciales intervenir, oportunamente, para evitar nuevos y más graves hechos de violencia; capturar e iniciar Causas Penales contra los/as agresores/ as de estas Comunidades Bribris y, cumplir con el Protocolo de Implementación de las Medidas Cautelares, de lo que debe responder el Estado/Gobierno Costarricense.
· A la Comunidad Nacional e Internacional, les pedimos dirigirse al Gobierno de Costa Rica y exigirle intervenir preventivamente para evitar mayores daños y proteger la integridad física y la vida de estas personas y comunidades, así como el cumplimiento de todos los DDHH de estos Pueblos Indígenas.
Estamos vigilantes y daremos seguimiento a estas denuncias y este llamado; aprovechamos para solicitar al Observatorio de Derechos Humanos y Autonomía Indígena de Costa Rica (ODHAIN), preparar y realizar una Misión de Observación urgente, que documente e informe sobre esta la violencia directa contra estas Comunidades Bribris de Palmital y Río Azul de Salitre.
San José, Viernes 28 de Diciembre 2018.
FRENTE NACIONAL DE PUEBLOS INDIGENAS – FRENAPI.
COMITÉ NACIONAL DE APOYO A LA AUTONOMÍA INDIGENA (compuesto por 23 organizaciones sociales).
Comisión Justicia Paz e Integridad para la Creación (JPIC) – Claretianos Costa Rica.
Asociación Centro de los Amigos Cuáqueros para la Paz (CAP).
Asociación de Comunidades Ecologistas La Ceiba (COECOCEIBA) – Amigos de la Tierra Costa Rica.
Asociación Servicio Paz y Justicia en Costa Rica (SERPAJ – CR).
Pastoral Indígena de Costa Rica.
Last modified: 31/12/2018
