La Ley 30 o Ley chorizo, vulneraba la Constitución panameña, eliminaba los derechos de huelga y manifestación, concedía total impunidad a las fuerzas de orden publico, buscaba la asfixia económica de los sindicatos y eliminaba la obligatoriedad de los estudios de impacto ambiental en los proyectos considerados de interés social por el Gobierno. Dicha ley, impuesta a tambor batiente, constituye un duro golpe a los Derechos Humanos de los panameños por el gobierno de Ricardo Martinelli.
Hoy 8 de julio, trabajadores, el Comité 8 de Julio y fuerza vivas realizaron un cierre en Changuinola, provincia de Bocas del Toro en conmemoración del tercer aniversario de la Ley Chorizo.
Los enfrentamientos entre la fuerza represoras e indígenas que rechazaban esta ley, dieron como resultado 4 personas muertas. Actualmente el gobierno no ha cumplido la promesa de indemnizar, dar pensión o ayuda a los trabajadores inhabilitados y demás afectados y sin que haya habido ninguna investigación seria e imparcial que depure responsabilidades.
Last modified: 08/07/2013