Comunicado sobre la realidad panameña ante 2° Foro Anual sobre Defensoras y Defensores Ambientales

Comunicado sobre la realidad panameña ante 2° Foro Anual sobre Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Asuntos Ambientales de América Latina y el Caribe. Ciudad de Panamá. 26 – 28 sept. 2023.

Los actuales conflictos emanados del extractivismo de bienes ecológicos en nombre del crecimiento económico y el comercio representan otro rubro al producto interno bruto PIB, pero uno que no se mide, que no se controla y que no se repara, soslayando así toda consecuencia acumulativa a la crisis global. Para los pueblos rurales de Panamá -originarios, afros y campesinos- el extractivismo ha modelado su modus vivendi histórico a la supervivencia ante estas amenazas de explotación territorial, el desplazamiento que conlleva y la desigualdad social que generan.

A partir de marzo del 2008, en el marco del reasentamiento neoliberal, los bienes ecológicos con mayor auge formaron parte de la libre oferta y demanda del mercado internacional, sacándolos de la lógica de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos. Las concesiones para minerales, la privatización directa o indirecta de las fuentes hídricas y el acaparamiento de suelos siguen siendo denunciados a gran escala por los pueblos del mundo, especialmente por aquellos que se ubican en el epicentro de donde están estas riquezas a ser mercantilizadas. Esto pasa mientras los sectores económicos del país pugnan por capturar la renta de la extracción de los bienes ecológicos, en tanto impulsan un régimen incongruente con la gobernabilidad socioambiental armónica con la sostenibilidad de la vida. Así, siguen promoviendo un mercado energético para suplir aún más las demandas del Plan Puebla Panamá, institucionalizar el mercado de metales y compensar los daños ambientales con (i)lógicas soluciones financieras como los bonos verdes, o tecnológicas, como los sumideros de carbono.

Sin embargo, las comunidades rurales afectadas por las concesiones y permisos otorgados por los gobiernos para extraer aguas o contaminarlas vía descargas, para tierras (para minería, hidroeléctricas, turismo inmobiliario, entre otros), han expresado en varias ocasiones al Estado panameño cómo la imperante economía de mercado violenta la sostenibilidad de la vida en el sentido amplio de los sectores sociales y su soberanía ecológica. Tal efecto negativo conlleva una serie de hechos en los que urgen incidir para lograr la justicia ambiental y social del país.

Estos hechos son:

Los proyectos desarrollistas en el país se confeccionan por, con y bajo la lógica financiera del sector privado. No así como un programa de país que involucre a la colectividad de todos los sectores sociales.
Ante la crisis ambiental global, Panamá carece del debate y los intentos por transformar su política y cultura estatal. Esto evidencia un nulo pensamiento y accionar sobre la cuestión socioambiental, lo que se agrava con el injerto interesado de soluciones contradictorias erigidas bajo los falsos dictámenes de la economía verde.

Que el comportamiento comercial, la acumulación de capitales y el enriquecimiento a costa de las riquezas naturales no representan el consenso de la mayoría de los ciudadanos panameños. Ya que la poca participación ciudadana, los determinismos del mercado y el comercio internacional, el papel de plataforma de servicios financieros asignado al país por el capitalismo, la falta de transparencia y el tráfico de influencia han terminado por extinguir la voluntad nacional verdaderamente soberana y orgánica.
El manejo de la cuestión ambiental por el Ministerio de Ambiente (MIAMBIENTE) no ha sido efectiva para combatir el acaparamiento y deforestación de áreas protegidas, también carente de un poder coercitivo para que las empresas inversoras extractivas rindan cuentas y cumplir con los Estudios de Impacto Ambiental, así como de las reparaciones por contaminación y daños ambientales a los ecosistemas.
En materia de las Garantías Fundamentales descritas en la Constitución Política de la República de Panamá, es importante señalar que las comunidades rurales en conflicto se mantienen en un ambiente hostil, igualmente los defensores de los derechos humanos, cuya figura es desconocida por el Estado. Además, oponerse a los proyectos extractivos acarrea el ser objeto de campañas de odio, descalificación, violencia y discriminación, tanto mediática como por parte de los aparatos represores del Estado, e incluso, de su brazo judicial.
Es por eso que en algunos casos sobre conflictos socioambientales, las comunidades afectadas y su representantes legales prefieren no utilizar el sistema judicial para la denuncia y resolución de los conflictos, por diversas causas: el desconocimiento de derechose información necesaria, el deficiente acceso a servicios jurídicos, los resultados negativos de las acciones realizadas y la falta de confianza en las instituciones estatales.

Recomendaciones

Aunque la República de Panamá ratificó el Acuerdo de Escazú a través de la Ley 125 del 4 de febrero de 2020, las comunidades organizadas y articuladas (comités comunitarios rurales, organizaciones socioambientales y profesionales del sector académico – científico) siguen exigiendo al Estado panameño fiel cumplimiento de las normativas ambientales y administrativas. Y para complementar, han presentado propuestas encaminadas al acceso real a la justicia ambiental también para el ejercicio y protección de los Derechos Humanos:

1. Revisión de la Ley General de Ambiente 41 de 1 de julio de 1998 referente a los estudios de impacto ambiental, el Decreto Ejecutivo 123 de 14 de agosto de 2009 sobre Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (con sus modificaciones) y Evaluación de Programas de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA’s) regulado por Decreto Ejecutivo Nº57 del 10 de agosto del 2004.

2. Impulsar un plan de capacitación sobre participación ciudadana y consulta popular tomando el Acuerdo de Escazú ratificado el 10 de marzo de 2020, a través de la Ley 125 del 4 de febrero de 2020.

3. Implementar un Plan de Monitoreo Comunitario PMC, constituido por las comunidades rurales, defensores socioambientales, el sector científico / académico, y autoridades locales – nacionales. Garante de las evaluaciones e informes socioambientales sobre proyectos de alto impacto a la población y biodiversidad.

4. Ratifique el Convenio 169 de la OIT e incorpore la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en la legislación interna.

5. Atienda las limitaciones al acceso a la justicia en casos de protección del derecho a un ambiente sano mediante las siguientes acciones: 1) modificaciones constitucionales y legales necesarias, 2) implementar medidas para mejorar los tiempos y calidad de respuesta del sistema judicial en casos que se denuncien, 3) adopción de estándares internacionales proteccionistas de los derechos humanos.

6. Reconozca la importancia de la labor de las personas que defienden los derechos humanos e implemente medidas para garantizar la protección integral de sus derechos humanos.

7. Elimine cualquier obstáculo a la participación pública y el acceso a la información en la práctica, incluyendo acceso a audiencias públicas y costos y requisitos adicionales para acceder información pública, mediante mecanismos efectivos incluyendo la adopción de los lineamientos y obligaciones de la Convención de Aarhus o similares.

8. Cumplir con el Decreto Ejecutivo n° 57 de 16 de marzo de 2000, que reglamenta la conformación y funcionamiento de las Comisiones Consultivas Ambientales.

9. Que cumpla con el Acuerdo de Escazú en toda su extensión, garantizando participaciones libres, previas, democráticas, amplias antes de otorgar concesiones o aprobar inversiones ya sea energéticas, mineras o cualquier otro proyecto extractivo que afecte a las comunidades y al país entero. El ejemplo más claro que vemos develarse actualmente es la concesión minera que el país quiere otorgar a First Quantum basándose en una consulta publicitada como “no vinculante” vía internet en donde ni siquiera se pudo bajar el contrato ni imprimirlo.

Realizado por: Colectivo Voces Ecológicas COVEC.

Panamá, Septiembre 2023.