Comunicado ante la llegada de las colectas de café y la situación de las personas trabajadoras Ngöbe-Buglé

Las agrupaciones y personas abajo firmantes, integrantes de organizaciones sociales y comunidades, así como de proyectos y programas de la Universidad de Costa Rica (UCR), la Universidad Estatal a Distancia (UNED) y otras universidades públicas, comprometidas con el bien común y el bienestar social, preocupados por la situación de la pandemia que afecta al país, hacemos un llamado a las autoridades respectivas, así como a empresas y personas involucradas, para que se priorice el respeto a la diversidad cultural, el cumplimiento de los derechos humanos y el acceso real a todos los derechos los de las personas indígenas, migrantes y trabajadoras en las colectas de café que se avecinan. 

Durante las últimas semanas ha habido un aumento significativo en la cantidad de casos positivos de Covid-19. Una gran parte de estas personas afectadas trabaja en fincas y plantas empacadoras de productos para la exportación, en plantaciones de monocultivos y en el sector de construcción, entre otros trabajos, donde históricamente ha habido denuncias por la falta de inspección laboral y cumplimiento de garantías laborales y que en ocasiones condiciona a las personas a vivir en cuarterías o baches. Esto deja en evidencia que el riesgo de contagio se encuentra relacionado con personas en condiciones de vulnerabilización. En ese sentido y conociendo lo sucedido en otras plantaciones con respecto a las condiciones de las personas trabajadoras y el número de contagios, es que en este momento, genera preocupación la situación que podría acercarse con respecto a las personas trabajadoras de las cosechas de café, quienes son principalmente personas indígenas panameñas, que migran con sus grupos familiares para estas temporadas, además de la migración interna de costarricenses y la migración de personas nicaragüenses. 

Según datos del Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE) en el 2019, en el país, el café es el tercer producto agrícola de mayor exportación y genera 285 millones de dólares en divisas, por otra parte, se ha visto beneficiado en términos económicos por la pandemia, teniendo un incremento del 12% en el valor de sus colocaciones.

Datos publicados por el Semanario Universidad mencionan que se espera un ingreso de alrededor de 12 mil personas para la cosecha de café en la Zona de los Santos y en San Vito. Según un comunicado emitido por la Defensoría de los Habitantes el 15 de mayo del 2020, se estima la siguiente temporada de cosecha para finales de julio, habiendo una mayor demanda de personas en los meses de agosto y setiembre. Por otra parte, Guiselle Guzmán, jefa del Área de Salud Colectiva de la Caja Costarricense del Seguro Social mencionó que en los siguientes meses el virus podría moverse a sectores vulnerables, como centros de cuido de personas adultas mayores, cárceles y población recolectora de café. 

Es importante destacar que el pasado 20 de noviembre del año 2019, el Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE), la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) firmaron un convenio para el aseguramiento de las personas recolectoras de café.  Este es un paso fundamental para el reconocimiento de la relación laboral entre estas personas y los propietarios de las fincas productoras de café, relación que durante muchos años no fue reconocida. Asimismo, beneficia a uno de los eslabones de la cadena más débiles, en particular cuando son trabajadores ocasionales migrantes indígenas. 

Gran parte de las actividades agrícolas y cafetaleras de este país dependen de la mano de obra migrante, y así ha sido durante las últimas décadas. Las empresas se han beneficiado de esta situación al dar precarias condiciones laborales y bajos salarios, muchas veces contraviniendo la legislación nacional y compromisos internacionales asumidos por el país. Las condiciones laborales de las personas panameñas indígenas ngöbe-buglé, han sido denunciadas anteriormente, como por ejemplo, el pago por destajo, la exposición a mordeduras de serpientes, picaduras de avispas u otros insectos, lesiones en la espalda o cintura por la cantidad de peso que trasladan en los canastos, el no pago de las pólizas de riesgo por trabajo, se ha denunciado también, el trabajo infantil de niñas y niños que acompañan a sus papás y mamás al campo en el momento de la recolección y además, las condiciones insalubres de los galerones en los cuales viven las personas durante estas temporadas. Estas personas son explotadas y aceptan las condiciones precarias que se les dan por motivos de supervivencia.

El pasado 6 de junio del presente año, el Ministerio de Salud emitió la circular: “LS-CS-015. Lineamientos generales para las fincas cafetaleras que contratan mano de obra migrante (Indígenas Ngöbe-Buglé) en el marco de la alerta por (COVID-19)”, relacionada con los requisitos específicos que se le está solicitando al personal de salud, productores y a instituciones como la Dirección General de Migración y Extranjería y Fuerza Pública para la preparación de medidas para la llegada de personas indígenas ngöbe-buglé ante la cosecha de café. 

En estos lineamientos, se menciona como requerimientos la regularización migratoria de todas las personas con el carnet de binacionalidad, una cuarentena de 14 días y un reporte diario de salud, entre otros.  Sin embargo, no se menciona la forma operativa en la cual estos se va a cumplir, lo que deja un escenario de incertidumbre para el acceso real a recursos y las formas en que se va a velar por el cumplimiento por parte de los patronos. Por otra parte, se da la solicitud expresa para los productores de “no recibir personas indocumentadas”, y además, según la reforma al decreto ejecutivo reforma N° 42406 se multará a las empresas agrícolas que contraten mano de obra irregular, con multas que oscilarán  “entre dos y hasta doce veces el monto de un salario base, definido en el artículo 2 de la Ley N.° 7337”, sin embargo, la reforma firmada el día 15 de julio, empezará a regir a partir del 23 de setiembre. Esto, deja por este tiempo, un escenario de incertidumbre para las personas trabajadoras, a quienes, una vez más, se les estará asignando la responsabilidad de su regularización. A su vez, el 16 de junio de este año se firmó el decreto 42406-MAG-MGP, impulsado por el sector agroindustrial que permitirá la legalización de personas migrantes que demuestren arraigo en el país, el mismo ha presentado cuestionamientos, ya que desde el año pasado existe un mecanismo de regularización que solo 22 personas trabajadoras agrícolas solicitaron.

En consideración del contexto y las situaciones antes expuestas, a modo de llamado a la población general, a las autoridades gubernamentales pertinentes y a las instituciones respectivas, urgimos atender las siguientes demandas:

• Que se garanticen las condiciones sanitarias, de acceso a salud, cumplimiento de derechos laborales y respeto cultural a todas las personas que vayan a participar en las cosechas de café, por parte de las instituciones y de las empresas. 
• Que se garanticen las condiciones dignas y necesarias para el cuido y protección de las personas menores de edad, así como de las mujeres que se encuentran con sus hijas e hijos y mujeres embarazadas. 
• Que el Estado cumpla con su responsabilidad, según el Convenio Nº 169 de la OIT, de realizar supervisiones en las regiones donde hay mayor concentración de personas trabajadoras indígenas, para asegurar que se les da un trato adecuado.
• Que se generen materiales de comunicación o intervenciones comunitarias para prevenir las manifestaciones de violencia u odio, como el racismo y la xenofobia. 
• Que se proceda a implementar, las acciones necesarias para asegurar el acatamiento de las normas laborales, con el fin de asegurar el respeto y cumplimiento de todos los derechos humanos y laborales.  En este orden de ideas, instamos al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para que realice labores de inspección en estos centros de trabajo.
• Que se establezcan procedimientos efectivos y funcionales de seguimiento para asegurar el cumplimiento de estas normas por parte de las personas o actores sociales involucrados en toda la cadena de producción. Para tal efecto es necesaria una regulación de las cadenas de valor, de manera que se responsabilice a toda la cadena de valor de los derechos laborales de las personas recolectoras de café, sean estos permanentes, de temporada u ocasionales, ya que todas estas personas son esenciales para la existencia y funcionamiento de esa cadena de valor.
• Que se exija el cumplimiento de las leyes laborales en todos sus alcances y que se proceda, como corresponde en cualquier momento, pero en especial en esta coyuntura, a sancionar a cualquier empresa que no cumpla con las normas sanitarias en general, y en especial las establecidas en el contexto de la crisis del coronavirus.
• Que, en el caso particular de las empresas o personas individuales que se identifiquen como potenciales responsables de acciones de encierro, sometimiento, reclusión obligada u ocultamiento de actividades laborales ilegales y violatorias de los derechos humanos fundamentales, o cualquier otra acción similar a la trata de personas con fines de explotación laboral o relaciones de semi-esclavitud, se proceda, tal y como corresponde, con la aplicación de todo el peso de la ley en el ámbito penal.
• Que se apruebe, de la manera más inmediata posible, el expediente legislativo 21.706, que lleva años en la corriente legislativa frenado por el sector empresarial, y en el que se autoriza a las autoridades de la Inspección de Trabajo a establecer sanciones directamente, sin tener que recurrir a largos procesos judiciales, cuando identifique que se ha violado la ley laboral

En una coyuntura tan sensible como la presente, hacemos un llamado vehemente a las autoridades del gobierno y al personal de instituciones públicas, al sector empresarial, a los medios de información y a la población en general para que, en todo momento, las decisiones y acciones que se tomen y las informaciones que se emitan estén orientadas por la consideración y el respeto de los Derechos Humanos de todas las personas, independientemente de su condición social, origen o nacionalidad. 

Para más información:

• Correo electrónico: [email protected] 
• Marcos Guevara: 8501 2207 (por WhatsApp), o al correo: [email protected]
• Valeria Montoya: 8341 2447, o al correo: [email protected] 

SUSCRIBIMOS: 

1. Programa Kioscos Socioambientales para la Organización Comunitaria, Universidad de Costa Rica. 
2. Centro Demostrativo de Sostenibilidad, organización sin fines de lucro. 
3. Asociación para la Sostenibilidad Rural de Costa Rica, asociación sin ánimos de lucro. 
4. Debate Feminista Costa Rica.
5. Hablemos de Derechos Humanos
6. Red de arte y gestión cultural comunitaria GuanaRED.
7. Cátedra Autónoma de Filosofía Política.
8. Programa Pueblos indígenas Agroecología y Buen Vivir, UNA.
9. La Cadejos, Comunicación Feminista.
10. Asociación COMUNIDADES, organización comunitaria sin fines de lucro. 
11. Comité Nacional de Apoyo a la Autonomía Indígena.
12. Fundación Laberinto. 
13. Comisión Política del Partido Frente Amplio.
14. MAIZ Movimiento Alternativa de Izquierdas.
15. Jaime E. García González, miembro de la Red de Coordinacion en Biodiversidad y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL).
16. Mauricio Álvarez Mora, coordinador del Programa Kioscos Socioambientales, UCR. 
17. Bruno de Jesús Coto Barboza, secretario de Asuntos Campesinos y Agropecuarios, Confederación Unitaria de Trabajadores (C.U.T.) 
18. Francis Leonardo Cordero Mojica, Alianza de comunidades por la defensa del agua Puntarenas. 
19. Marvin Amador Guzmán, TC635 UCR, Docente, coordinador del proyecto de Trabajo Comunal Universitario TC635, UCR.
20. Marcos Guevara Berger – Proyecto 839B8358, Centro de Investigaciones Antropológicas, UCR.
21. Valeria Montoya Tabash, docente del Programa Kioscos Socioambientales, UCR. 
22. Renier Canales Medina, asociación para la defensa de los Usuarios de los Servicios Públicos (ADUSP).
23. Gustavo Gutiérrez Espeleta, Universidad de Costa Rica.
24. Melissa Salas. Directora Clínica de migración y refugio, UCR.
25. Ali García Segura. Proyecto 839B8358, UCR. 
26. Mauricio Castro Méndez, “TCU-681: Cumplimiento de los derechos laborales en plantaciones y afines. Alcances de la reforma procesal laboral frente a las necesidades del colectivo laboral”, y Pry01-597-2020-Relaciones laborales en Costa Rica: representación colectiva, organización del trabajo y cadenas de valor”.
27. Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, UCR.
28. Eva Carazo Vargas, investigadora y activista ecofeminista.
29. Denia Román Solano, proyecto Conflicto Territoriales (UCREA), UCR. 
30. Karina Fonseca Vindas. Coordinadora Nacional Servicio Jesuita para Migrantes Costa Rica.
31. Guadalupe Urbina Juárez, música y gestión cultural.
32. Ana Catalina Chaves Arias, Presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (FEUCR).
33. Yoel Buitrago País, Talamanca por vida y por la tierra.
34. Carmen Caamaño Morúa, docente de la Universidad de Costa Rica. 
35. Héctor Ferlini-Salazar, docente UCR, Sede del Pacífico.
36. Handmaids Costa Rica
37. María José Chaves Groh, CEFEMINA.
38. Rafael Cuevas Molina, IDELA-UNA.
39. Daniel Torres Sandí, Frente Amplio Moravia.
40. Milagro Solís Aguilar, Consultora en Derechos de Niñez y Adolescencia.
41. Carlos Cruz Chaves, Sede Regional Chorotega-UNA.
42. Lucía Solis Hidalgo, Gestora de los Recursos Naturales-Zona de los Santos.
43. Amilcar Castañeda Cortez, Funcionario de la UNED.
44. Daniel Solano Ulate, Músico y funcionario Universidad Nacional.
45. Maritza Marín Herrera, Docente Escuela de Estudios Generales, Universidad de Costa Rica.
46. Mariano Sáenz Vega, docente e investigador adjunto del proyecto de investigación de UCREA. Investigador del Centro de investigaciones Antropológicas ( CIAN).
47. Paulo E. Coto Murillo, UNED y UCR.
48. Mariela González Chaves.
49. María Fernanda Rojas, tutora UNED.
50. Carolina Arias, Botánica Subversiva.
51. Isabel Ducca Durán, Alianza por una Vida Digna.
52. María Pérez Yglesias, escritora. 
53. Andrés Dinartes Bogantes, Profesor, Universidad de Costa Rica.
54. Ingrid Flores Salazar, Colectiva Feminista Handmaids Costa Rica.
55. Helga Arroyo Araya, Docente Universidad de Costa Rica. 
56. José Manuel Arroyo Gutiérrez, profesor universitario. 
57. Jorge Arturo Lobo Segura, profesor UCR.
58. Paulo E. Coto Murillo, UNED y UCR.
59. David Selva.
60. Anel Sancho Kenjekeeva.
61. Laura Rivera Alfaro.
62. Ingrid Flores Salazar, Colectiva Feminista Handmaids Costa Rica.
63. María José Cabezas Castro, psicóloga. 
64. Silvia Rodriguez Cervantes, Red de Coordinación en Biodiversidad.
65. Edna julia Rodríguez Alvarado, Emprendedora, San Luis, Santo Domingo.
66. Isaac Rojas, miembro de COECOCEIBA- Amigos de la Tierra Costa Rica.
67. Pablo Chaverri Chaves, INEINA-UNA.
68. Vaniah Lee Foglesong Villa, Docente y politóloga.
69. Zuiri Méndez Benavides, docente Programa Kioscos Socioambientales.
70. Gustavo Gatica López, Investigador del Centro de investigación en Cultura y Desarrollo UNED.
71. Marcelo Valverde M. IDELA – UNA.
72. Santiago Navarro Cerdas, Docente Universidad de Costa Rica.
73. Suray Carrillo Guevara, FEDEAGUA.
74. Daniel Solano Ulate, Músico y funcionario Universidad Nacional.
75. Mariela Andrea Zamora Rey, Comisión política de Frente Amplio.
76. Fabián Campos Boulanger, Sociólogo.
77. Alexander Barquero-Rodríguez, Internacionalista.
78. Osvaldo Durán Castro. Sociólogo ITCR. Asoc. PROAL-FECON.

Last modified: 11/08/2020