Written by «Será otra noche sin dormir», dice una de las habitantes del Paso del Aguante en la noche del jueves 17 de junio, mientras la brigada médica reporta más de cincuenta personas heridas y una muerta. Su nombre era Juan David, tenía 23 años y estudiaba enfermería. Sin embargo, la quema de un bus esa misma noche tuvo más reportes en los medios de comunicación que el asesinato del joven.
Ese mismo día el presidente Iván Duque lideró un Consejo de Seguridad en la ciudad, luego del cual aseguró que «en el país no pueden consolidarse islas de anarquía con los bloqueos». Aunque no se tiene información acerca de las órdenes impartidas, estas no fueron de buen augurio para la población quien estuvo expuesta durante horas a las balas disparadas por la misma fuerza pública.
Una vez más el presidente reiteró la postura de su administración al reiterar que los bloqueos son una violación a los derechos fundamentales, aunque no se ha pronunciado aún acerca de los policías que han sido captados disparando armas de fuego contra los manifestantes, ni acerca de las casi ochenta personas asesinadas en el marco del Paro Nacional.
También esa noche del jueves un conductor transportaba cemento para terminar el monumento de Puerto Resistencia, cuando fue atacado por uniformados de la policía aproximadamente a las 7:00 p.m. «Nos prenden a plomo, los de la policía», dijo. Según organizaciones defensoras de Derechos Humanos y la Unión de Resistencias de Cali en estos hechos fue asesinada una persona.
El tratamiento de guerra que el Gobierno le ha dado a la protesta social en curso ratifica la sentencia emitidapor los magistrados del Tribunal Permanente de los Pueblos -TPP- esta semana, quienes condenaron al Estado colombiano por varios crímenes, entre ellos genocidio continuado con base a hechos que ocurrieron entre 1946 hasta la fecha. Este crimen contra las poblaciones diversas y vulnerables se ha constituido a partir de patrones comunes llamaos practicas sociales genocidas.
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Cuando el diálogo no es una opción
Aunque la administración local en Cali y los mismo manifestantes han realizado esfuerzos por consolidar un escenario de diálogo, el Gobierno Nacional se ha impuesto a través de decretos como el 575, el cual ordena asistencia militar obligatoria para algunas regiones, sin tener en cuenta los procesos y decisiones locales.
En Cali, por ejemplo, el 31 de mayo de 2021 el alcalde Jorge Iván Ospina firmó el decreto 0304 de 2021, con el cual buscó la creación de una mesa de diálogo con los jóvenes manifestantes. Sin embargo el martes 15 de junio una orden judicial suspendió el decreto alegando que este legalizaba y legitimaba los bloqueos.
Ante la falta de un escenario de diálogo, la represión se ha impuesto como única forma de abordar las protestas dejando a su paso decenas de casos de violaciones de los Derechos Humanos cometidas por la fuerza pública. En Cali todas las noches han sido aterradoras, aunque las proyecciones en los medios de comunicación hegemónicos sean distintas.
En la noche del 18 de junio las organizaciones defensoras de Derechos Humanos lanzaron varias alertas. Desde las 4:30 p.m. reportaron fuertes ataques por parte del Esmad y el Grupo de Operaciones Especiales -Goes- contra los manifestantes en Puerto Resistencia. Más tarde en el sector de La Luna denunciaron que dos defensores debidamente identificados fueron golpeados por agentes de la policía sin identificación. Además reportaron que un joven de la Primera Línea fue asesinado por personas de civil que dispararon en el Puente de las Mil Luchas.
Esta mañana el Gobierno anunció la modificación del decreto 03/221 donde establecen que el bloqueo temporal o permanente de vías no es considerada una forma de protesta pacífica. Este anuncio pone de frente un panorama que podría augurar aún más represión para los jóvenes que permanecen en las calles.
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Fuente: Colombia Informa
Last modified: 24/06/2021
