Written by Los daños ambientales y humanos del extractivismo no son “fallas del mercado”: son su esencia. El experto en ecología política, Joan Martínez Alier, advierte en Colombia que Gobierno y empresas transfieren el costo a la gente pobre, a las generaciones por venir y a otras especies.
Vuelo sobre las selvas del Chocó. El paisaje se rompe con los desiertos de barro que provoca la minería del oro en lo que era tupido manto verde. Lo que no se ve a esa distancia es la contaminación por mercurio de los ríos ni las afecciones sobre la población. “Queremos agua, queremos maíz, AngloGold Ashanti fuera del país”, se escuchaba en las veredas de Cajamarca antes de la consulta popular que perdió el proyecto de la minera, y ahora, cuando se debate sobre los efectos reales de esa victoria épica. En La Guajira las noticias son la sequía y la desnutrición, lo que no se ve es el desvío de arroyos y el secuestro de las fuentes de agua para la minería de carbón de El Cerrejón. Y lo que no se ve en ninguno, pero forma parte de sus causas y consecuencias, son los intereses económicos que forman los cimientos de todo ello. El Gobierno colombiano lo llama la ‘locomotora minera’ y tiene sus esperanzas de crecimiento económico en ese extractivismo de minerales y de hidrocarburos. El profesor Joan Martínez Alier lleva décadas estudiando esas relaciones entre los países ricos y los que poseen las materias y son meras despensas de recursos, planteando la síntesis de la economía ecológica y de la ecología política desde la denuncia de las leyes actuales del comercio internacional, que no hacen sino “aumentar la deuda ecológica que los países ricos tienen hacia los menos ‘desarrollados’ sin que se garantice la equidad ambiental”. Martínez Alier ha estado en Colombia para participar en la Docuconferencia sobre Audiovisuales y Justicia Ambiental que celebró la Universidad del Valle organizada por el doctorado en Ciencias Ambientales. La injusticia ambiental, y las luchas por la justicia ambiental, es lo que cartografía en su Atlas Global de Justicia Ambiental.
“El extrativismo es absurdo social, ambiental y económicamente”, afirma tajante este catedrático de Economía e Historia Económica en la Universidad Autónoma de Barcelona (España) que se pregunta para qué se produce tanto si al final eso ha hecho que bajen los precios; defiende que se grave con impuestos las exportaciones y cree que en los años ‘buenos’ se perdió una oportunidad para plantear esos impuestos a la exportación. “Ahora el carbón ha bajado de los 100 dólares a 40 porque hay sobreproducción, en parte por tanta exportación colombiana”, dice antes de abogar por el pago de la “deuda ecológica” que se tienen con los países más pobres por ese “comercio barato” que no contabiliza los daños causados por la esclavitud, la contaminación, las afecciones a las culturas y la población…
Y aquí tira de ironía para hablar sobre el Acuerdo de París firmado en 2015 en el seno de las Naciones Unidas para luchar contra el cambio climático. “Estaban contentos porque habían firmado un papel y ya se iban a casa porque era Navidad”. Y, sin embargo, advierte sobre el hecho de que este acuerdo lleva una cláusula de no responsabilidad legal (“no liability“, en inglés), es decir que incumplir el acuerdo y contribuir al cambio climático no tiene consecuencias legales. Y sigue tirando de ironía cuando recuerda, por contra, la encíclica del papa Francisco que en sus apartados 51 y 52 dice que los países del norte le deben al sur por un comercio ecológicamente desigual, por el cambio climático y por una deuda ecológica.
Los países, dice, no pueden sacar esa deuda ecológica de sus agendas políticas, pero tratados como el de París hacen que sea difícil que haya juicios. “Si eres noble tiene un tribunal, si eres plebeyo tienes otro”, sigue ironizando este impulsor de la ecología política para hablar de los arbitrajes internacionales privados que permiten casos como la reciente demanda contra Colombia de la minera canadiense Gran Colombia Gold que reclama 700 millones de dólares luego de que el Corte Constitucional le ordenara cesar sus operaciones en El Burro (Marmato) hasta que se haga una consulta con los habitantes del lugar.
– ¿Habrá tiempo para esa justicia ambiental antes de que se acabe el planeta?
– El planeta se acabará de aquí a unos 4.000 millones de años. Se lo comerá el sol y será un espectáculo increíble, pero no habrá humanos para verlo. Lo que puede ser ocurrir es que desaparezca una gran parte de la naturaleza, muchas culturas, muchos idiomas, mucha riqueza cultural y supervivencia de gente. Es un abuso contra la gente pobre que lo único que tenía era el agua o la tierra, y es una ataque directo a la supervivencia de la gente para que se amontone luego en ciudades.
– ¿Estamos en un punto de no retorno?
– Bueno… la población mundial ya no crece tanto. Hay una decisión general de las mujeres de no tener muchos hijos, así que la población mundial se va a estabilizar en 9.500 millones en 2050. Es fácil de prever porque ya no estaré para defenderlo (sonríe). Pero va por ahí la tendencia, y no por enfermedad o por hambre, sino por una decisión colectiva. Parece absurdo que crezca la población para pagar pensiones…
Sin embargo, reconoce, el motor del consumo no para, está creciendo en muchos casos, demandando cosas, como la energía que solo tiene un uso. Se utiliza y desaparece. Eso hace que se amplíen una y otra vez las fronteras de la extracción y ello trae “muchos desastres”.
– Cuando el Gobierno le promete a los colombianos, en especial a las poblaciones rurales, que con la “paz” va a llegar el “desarrollo”… ¿usted qué les diría?
– Desarrollo es una palabra obsoleta y desarrollo sostenible ya es el colmo… es una contradicción. Yo tarde bastante en no usar esa palabra. Ahora no la uso en parte por influencia del Arturo Escobar (antropólogo colombiano, defensor del concepto de sentipensar y contradictor del concepto ‘Tercer Mundo’). Para ello se crean en América Latina conceptos como el buen vivir, el Sumak Kawsay, como un ataque a la palabra desarrollo que implica la uniformización, todo el mundo igual.
Martínez Alier es uno de los investigadores líderes del Atlas Global de Justicia Ambiental, un proyecto del Instituto de Ciencia de Tecnología Ambiental de la Autónoma de Barcelona (ICTA) que ha inventariado cerca de 1.800 conflictos socioambientales en todo el mundo. De ellos 115 se encuentran en Colombia recogidos por el Instituto Cinara de la Universidad del Valle liderado por el profesor Mario Alejandro Pérez-Rincón. El Atlas muestra cómo los conflictos ecológicos están aumentando en todo el mundo por las demandas de materiales y energía de la población de clase media y alta y que son las comunidades pobres, a menudo indígenas, las que reciben el mayor impacto de los conflictos ecológicos. Grupos que no tienen poder político para acceder a la justicia ambiental y a los sistemas de salud. En realidad, lo que se produce según el investigador catalán, es que “las externalidades [el costo humano y ambiental de ese extractivismo] no son fallos del mercado, sino el éxito de ese mercado en transferir costos a la gente pobre, a gente que no ha nacido… a otras especies”. “La regla [de las empresas]”, insiste, “es no pagar las externalidades” en estos “conflictos ecológicos distributivos”.
En opinión de Martínez Alier, los conflictos socioambientales van a crecer en Colombia en este periodo de posconflicto “a menos que ganen [las poblaciones que resisten]. Si AngloGold se tiene que ir del Tolima [tras la consulta de Cajamarca] pues habrá un conflicto solucionado”. Todo dependerá de la demanda exterior. Martínez Alier vuelve a plantear el escenario del comercio internacional y recuerda la bajada del precio del carbón o del oro y de “la palma de aceite, si hay resistencias se irán a otro sitio… y el fracking… pues puede ser que aumente porque es una novedad y resulta barato en este momento”.
– Antes no entraban las empresas a algunos territorios porque estaban las FARC, pero ahora no están. Las comunidades temen lo que pueda pasar…
– También han entrado paramilitares ¿no?
– Sí, está habiendo una ofensiva…
– Bueno, pues en paz no debería. Si es paz con paramilitares… También está negociando el ELN, que se supone que son más ecologistas… No sé. Estaría muy bien que se pusiera [el tema ambiental] sobre la mesa.
Sobre esa agenda ambiental en la agenda política del proceso de paz, Martínez Alier cree que nunca estuvo en la previsión del Gobierno porque su idea de la ‘locomotora minera’ es totalmente anti ambiental. “Esto no solo pasa en Colombia, pasa en Perú -que hay paz- en Brasil y en Filipinas. Da lo mismo que sean gobierno neoliberales, neoprogresistas o progresistas. Da igual. No hay una agenda ambiental en los gobiernos, hay una agenda extractivista”, afirma tajante Martínez Alier que vuelve al pesimismo para lamentar que “cuando uno estudia muertos y muertas ambientales, se ve que el Estado está detrás de las empresas y no hace su papel de llevar a juicio a la gente que atrapan, si es que atrapan a alguien”. Ve destellos de justicia en trabajos concretos contra esta situación como la que hizo la Defensoría del Pueblo en Perú o el trabajo de la Contraloría en Colombia, cuando estuvo al frente Sandra Moreli, o la Corte Constitucional, que asumen el papel que debería tener el Estado en cuestiones como cumplir la legislación internacional o las evaluaciones ambientales. Sobre el caso concreto de las FARC y su papel en el tema ambiental admite que “comparado con el Estado no han hecho nada”, pero recuerda que en su haber hay cuestiones muy poco ecologistas como la masacre contra los Awa en Nariño o los oleoductos rotos… “pero nunca se han pronunciado sobre el problema ambiental y esto es parte del problema de la izquierda latinoamericana en general”.
En este punto Martínez Alier recuerda al vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, diciendo que el ecologismo es de ‘gringos’ o el presidente saliente de Ecuador, Rafael Correa, que cree que el ecologismo es un engorro de unos tipos que sueñan con la Pachamama. Las constituciones de Ecuador y de Bolivia introdujeron cuestiones “muy interesantes” sobre el cuidado de la naturaleza pero sacaron de sus gobiernos a las facciones más proecologistas, como Alberto Acosta (Ecuador) o Pablo Solón (Bolivia), se lamenta.
– Usted ha dicho en alguna ocasión que solo se frena el extractivismo con resistencia popular y a veces con gente muerta en el camino ¿Qué les espera a los colombianos?
– Bueno, los periodistas a veces interpretan… No hay kamikazes ecologistas ni suicidas que exploten bombas.
– Nos referimos a… qué le espera al movimiento popular colombiano que lleva mucho tiempo resistiendo al proceso extractivista
– Yo creo que hay un movimiento mundial de justicia ambiental, que no está organizado ni tiene por qué estarlo …. El movimiento existe y es muy activo, de defensa y a veces con algunas alternativas. Yo no creo que el movimiento de resistencia disminuya creo que esta avanzado.
“Hay que defenderse contra todos los Estados y particularmente contra el propio”, advierte este impulsor de la ecología política que cree que aquí -en Colombia- y en Indonesia, la regla es que no haya mucha justicia y en cambio debería de haber una justicia transicional o una comisión de la verdad en las que también se incluyan los temas ambientales. “Una comisión de la verdad debería tocar todos los temas. Si se volaron un oleoducto debería de estar ¿no? O si hay paramilitares que han estado echando a gente para plantar palma de aceite, debería estar… Es muy difícil separar los derechos humanos del tema ambiental, muchas veces es imposible”.
Y al hablar de justicia transicional, Martínez Alier, que nació el año que terminó la Guerra Civil española (1939), no puede evitar referirse a la transición en ese país tras la muerte del dictador, Francisco Franco, y después de 40 años de dictadura. “Si escribo mis memorias, el primer capítulo será sobre mis primeros 21 años y una transición sin justicia transicional, porque los franquistas se autoamnistiaron (…) Esto es una gran injusticia histórica”.
Por: Pilar Chato, Paco Gómez Nadal-Colombia Plural / Resumen Latinoamericano
Last modified: 18/04/2017
