Written by Desde hace años el pueblo Inkal Awá, gente de la selva, está en medio de un conflicto armado y socio ambiental ajeno, pero con víctimas propias. El pasado lunes 7 de junio otros tres comuneros fueron asesinados por un grupo armado ilegal en el límite entre los municipios de Ricaurte y Barbacoas.
El pueblo Awá está ubicado en el suroccidente del departamento de Nariño (Colombia) y el noroccidente de Ecuador en una extensión aproximada de 610 mil hectáreas, la mayoría en Colombia. Habitan en los municipios de Ipiales, Mallama, Ricaurte, Barbacoas, Roberto Payán, Santa Cruz Guachavez y Tumaco en el departamento de Nariño; además, en Puerto Asís, Valle del Guamuez, San Miguel Dorada, Orito, Puerto Caicedo y Villa Garzón en Putumayo.
En el año 2019, los 32 cabildos agrupados en la Unidad Indígena del Pueblo Awá (Unipa) y su territorio, Katsa Su, casa grande, fueron reconocidos como víctimas del conflicto armado por las acciones violentas entre los años 1990-2016 -cometidas presuntamente por la guerrilla de las FARC y la Fuerza pública- por el Auto 002 de la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad, y de Determinación de Hechos y de las conductas Justicia Especial para la Paz (JEP).
Con base en el informe presentado, la JEP se refirió a la violación de derechos fundamentales desde la década de los 90 hasta el año 2016, pero la violencia contra ellos existe desde el Siglo XIX cuando la Guerra de los Mil Días convirtió al pueblo Awá “en campo de batalla por el control del oro”.
Desde entonces, no solo han sido víctimas del desplazamiento forzado y el despojo de sus tierras a causa de la llegada de colonos, sino también de los actores armados que disputan el territorio para explotarlo a través del cultivo ilícito de coca, la minería, explotación forestal, megaproyectos e hidrocarburos y otros monocultivos como palma aceitera. Actualmente, enfrentan también el reinicio de la fumigación con glifosato.
Las constantes acciones contra su pueblo los llevaron a organizarse, como explica el Plan de Salvaguarda Ëtnica del Pueblo Awá. Crearon la Unidad Indígena del Pueblo Awá, el Cabildo Mayor Awá de Ricaurte (Camawari) y la Asociación de Cabildos Indígenas del Pueblo Awá del Putumayo (Acipap).
Múltiples victimizaciones
El Auto SRVBIT, Caso 002 – 079 del año 2009 de la JEP reconoció como víctimas en calidad de sujetos colectivos de derechos al pueblo Awá y el Katsa Su, debido a las conductas violentas que han impactado a este pueblo:
“Esta situación de vulneración de derechos se intensifica cuando los distintos actores armados irrumpen en su entorno y atentan de manera directa contra la integridad y dignidad del territorio y las personas, desarmonizando su medio espiritual, cultural, social, alimentario interconectado e interdependiente con el conocimiento y la vida de todos los seres del territorio”.
Pero 10 años antes, la Corte Constitucional advirtió sobre el peligro de exterminio contra este y otros pueblos indígenas en Colombia. El Auto 004 de la Corte Constitucional describió la situación:
“[Declarar] que los pueblos indígenas de Colombia, según lo advertido en esta providencia, están en peligro de ser exterminados cultural o físicamente por el conflicto armado interno, y han sido víctimas de gravísimas violaciones de sus derechos fundamentales individuales y colectivos y del Derecho Internacional Humanitario, todo lo cual ha repercutido en el desplazamiento forzado individual o colectivo de indígenas”.
Gente de selva
Ambos Autos, el de la Corte Constitucional y el de la JEP ratifican la amenaza real contra la supervivencia, y pervivencia, del pueblo Awá, pero no ha cesado la violencia.
Tan solo este año, el pueblo Awá dio a conocer en seis comunicados las acciones violentas, de grupos armados legales e ilegales, que siguen presentándose: desplazamientos forzados, homicidios, detenciones arbitrarias, minas antipersonal, reclutamiento forzado, confinamiento, hostigamiento y masacres que impiden el relacionamiento con Katsa Su como lo aprendieron de sus ancestros
“Si bien es cierto que las instituciones y organismos de derechos humanos conocen la realidad de los actores armados en el territorio y cada uno de ellos cumplen su misión de vigilar la violencia, en este último año hemos tenido masacres”, afirma Silvio Hernández comunero del Resguardo de Magüí del pueblo Awá en Ricaurte Nariño.
La Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) es una de las organizaciones no gubernamentales que han brindado acompañamiento y asesoría jurídica a este pueblo.
“Desde noviembre de 2019 estamos representando al Resguardo Palmar Imbí de la Comunidad Awá en el proceso contencioso administrativo contra el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio del Interior por el incumplimiento de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 2011, que a pesar de las solicitudes de protección en el territorio, la comunidad presenta riesgos latentes que se han manifestado en el homicidio de sus líderes sociales: Héctor García y Arturo García, el 18 de diciembre de 2018, fecha en la cual los miembros del Resguardo celebraban la elección de Arturo García, tras el periodo ejercido por Héctor García, líder de toda la Comunidad Awá, con un largo proceso representativo en las organizaciones de Camawari y Unipa”, explica Laura Buitrago abogada de la Subdirección de Litigio y Protección Jurídica.
El pueblo Awá es uno con el Katsa Su. “Hemos presenciado la violencia en el territorio. Como familias Awá creo que cualquier situación que afecte al territorio, al tejido social, cultural y espiritual de nuestro pueblo y nuestras familias Awá implica ser víctima directa”, explica Leidy Pai.
Con respecto al reconocimiento del pueblo Awá y el Katsa Su por parte de la JEP Juan Soriano, ex consejero de la Unipa, del Resguardo Inda Sabaleta en Tumaco (Nariño) comenta: “Hasta el momento ha permitido visibilizar a nivel nacional e internacional que somos víctimas colectivas. Los conflictos persisten en el territorio se ha agudizado se ha agudizado desde 2016 y 2020, nos hemos pronunciado nacional e internacionalmente”.
La violencia contra la Casa grande los afecta a todos. “El awá sin territorio no es awá”, dice enfáticamente Claudia Pai Consejera de la Mujer y la Familia de Unipa.
En igual sentido se expresa Leidy: “En el territorio es un daño que no se puede entender ni explicar porque el hecho de que los pueblos indígenas creemos en espíritus que viven allí, que convivimos con ellos; al suceder esas masacres y derramamiento de sangre, que hayan torturado a familias enteras que hayan sacado niños del vientre de dos mujeres, desarmoniza”.
La violencia interrumpe sus sueños y proyectos de vida. Al desplazarse forzadamente dejan atrás la gran casa, la cultura y las chagras donde cultivan. En Pasto, capital del departamento de Nariño a donde llegan algunos desplazados, añoran cuidar sus animales, cultivar la tierra y cocinar en el fogón, actividades que no pueden realizar en la ciudad.
“Es difícil para los niños en la ciudad y las mujeres son más vulnerables. El rol de transmitir el legado cultural a sus hijos y estar en familia se rompe porque deben trabajar afuera y se aprovechan de ellas, a veces, por su condición de víctimas y desplazadas. Falta que el gobierno ayude en la parte de reparación y ayudas humanitarias porque las que no saben leer y escribir lo pasan peor. Además, cumplir con los acuerdos de paz, la Ley 1448/11 de víctimas y el Decreto 4633 de 2011 de plan de reparación con enfoque étnico y de género. El sistema judicial es lento en atender las necesidades de los pueblos originarios”, reflexiona Claudia Pai.
La violencia no da tregua. Los habitantes son atemorizados, la circulación en el Katsa Su restringida. Viven con zozobra, no pueden cultivar las chagras usadas por actores armados, hay algunos puntos de los caminos públicos restringidos, horas establecidas para circular y no viven en plena libertad.
En el año 2019, la situación de confrontación fue muy dura. Organizaciones como Indepaz se pronunciaron sobre la gravedad de los hechos en este departamento. Uno de los efectos negativos fue la militarización: “Inclusive, militares, el ejército llega a unos sitios donde nosotros los Awá no habíamos caminado. Llegaron a unos sitios vírgenes, selvas vírgenes, ellos se ubicaron derribaron árboles para descender sus helicópteros”, recuerda Leidy pai.
El conflicto armado y socio ambiental afecta los Awá que viven de la cacería, la pesca, los cultivos de pan coger, que además del aspecto económico les impide llevar a cabo sus prácticas espirituales.
A sus 35 años Aura López, del Resguardo Nunalbí Alto Ulbí del municipio de Barbacoas (Nariño) ya fue gobernadora durante siete años (2013-2019) y ha sido amenazada verbalmente y desplazada forzadamente, varias veces, a la ciudad de Pasto.
Desde el año 2014 Aura ha sido amenazada, por defender el territorio y oponerse al reclutamiento forzado de menores, y ha sido objetivo de los grupos armados: https://soundcloud.com/user-812930324/aura-lopez
Pese a todo, este pueblo resiste. “Una alternativa de resistencia es no cometer el error de desplazarnos de un lugar a otro, implementar la guardia indígena como control social y territorial y capacitarlos. En Ricaurte, tenemos sitios de concentración en planteles educativos, adecuados para el alojamiento, para que la gente pueda estar y fomentamos la alimentación propia para no depender tanto del pueblo porque en caso de bombardeos y combates, no se puede salir a comprar”, sostiene Silvio Fernández.
Respecto al futuro de este pueblo y la situación de violencia que enfrentan la Comisión Colombiana de Juristas considera: “Es indispensable la implementación del Acuerdo Final de Paz, principalmente la aplicación del apartado sobre sustitución de cultivos ilícitos, los cuales mantienen a estas comunidades en constantes enfrentas con los grupos armados en Nariño y Putumayo al negarse a las dinámicas del narcotráfico, desconfigurando a su vez el tejido social y la preservación cultural Awá (…) Para que las medidas de protección de los pueblos indígenas sean eficaces están llamadas a ser colectivas, no individuales, pues las comunidades necesitan soluciones que respondan a las dinámicas de los territorios, a sus vulnerabilidades, el problema no se resuelve con medidas meramente materiales como son las propias de las rutas individuales. No obstante, hasta ahora es la única solución palpable por el Gobierno nacional”, precisa Buitrago abogada de la CCJ.
El pueblo Awá resiste en medio de un conflicto que afecta su salud física, cultura, costumbres y la ancestral relación espiritual con otros seres que habitan el Katsa Su. Ante la destrucción, ellos siembran, intentan garantizar su soberanía alimentaria y recuperar la medicina tradicional mientras la justicia llega y las garantías de no repetición se hacen realidad para este pueblo.
Por: J. Fernanda Sánchez Jaramillo, comunicadora social y periodista, abogada, magister en relaciones internacionales. @Fresearchs
Fotografías: Claudia Pai / Guardia Indígena por Silvio Fernández / Leydi Pai
Awá por Claudia Pai 
Guardia Indígena por Silvio Fernández
Fotografía: Leydi Pai
Last modified: 18/06/2021
