Written by La CIDH ha incorporado a Guatemala al listado de países que “afectan seria y gravemente el goce y disfrute de los derechos fundamentales consagrados en la Declaración Americana”
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó su informe anual de 2021 y en él, Guatemala ocupa el tercer lugar de la lista de los países de Latinoamérica más peligrosos para defensores de derechos humanos, tras Colombia y Honduras, quienes ocupan el primer y segundo puesto. La comisión documentó la muerte de 147 activistas el año pasado y estima que en los primeros meses de 2022, 89 han sido asesinados.
El informe advirtió la preocupación de la CIDH respecto a la debilitante situación de derechos humanos en el país y señaló que se “ha observado un cierre en los espacios democráticos que dificultan el ejercicio del derecho a defender los derechos humanos en Guatemala”.
Tan solo en 2021, la comisión tuvo conocimiento de 755 agresiones en contra de personas, organizaciones y comunidades defensoras de derechos humanos del país, que consistieron en hechos violentos, intimidación y amenazas.
Esta cifra, apuntaron, iba al alza pues, en 2020, se registraron 1 mil 55 agresiones. “El 45% de estos ataques habrían sido dirigidos en contra de defensores, el 42% contra defensoras y el 14% en contra de organizaciones, instituciones o comunidades defensoras de derechos humanos”, lee el informe.
Por ejemplo, en 2021, se registró el asesinato de dos miembros de Codeca: Ramón Jiménez López y de Emilio Aguilar Jiménez, ambos en el departamento de Jalapa. También Julio David González Arango, defensor de derechos del pueblo Xinca, sufrió un intento de asesinato cuando se encontraba en su vivienda.
La comisión reconoció que “cuando la agresión es cometida en represalia a una actividad, produce un efecto amedrentador que se extiende a quienes defienden causas similares” y que la criminalización ha sido uno de los medios más empleados para obstaculizar la labor defensora.
El 30 de septiembre de 2021, Juan Agustín, Bernardino Pérez, María Santos Méndez de Ramos, Rosa Margarita Pérez Canan y Gerónimo Ramos Santos Méndez, defensores indígenas, fueron detenidos por el delito de “detenciones ilegales”, pero organizaciones civiles indicaron a la comisión que esta acción fue parte de una represalia por su resistencia pacífica antiminera.
Adicionalmente, el Procurador de los Derechos Humanos ha sufrido ataques, así como integrantes de esa institución.
El informe señala que la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) no solo ha tenido que enfrentarse al bloqueo de presupuesto de parte del Congreso de la República, sino que Rodas también ha recibido amenazas e intimidaciones durante el desempeño de su rol.
Recientemente, el procurador, quien entregará el cargo el 20 de agosto de este año, fue increpado por 11 diputados, aliados a Walter Mazariegos, impuesto como rector de la Universidad de San Carlos, luego de unas elecciones consideradas fraudulentas. Los legisladores pretenden removerlo del cargo antes del plazo estimado en la ley.
Rodas fue consultado sobre el informe y sobre el acoso que ha sufrido, y esto fue lo que dijo: “el informe de la CIDH es muy duro y objetivo. Refleja la situación actual de los derechos humanos que, no es nada alentadora. Hay preocupaciones que se convierten en alerta, como la de los ataques en contra de defensores de derechos humanos en los territorios, periodistas, pueblos indígenas y, eso, nos pone al nivel de regímenes autoritarios, como Cuba, Venezuela y Nicaragua. Nos damos cuenta de que nuestra democracia ya solo es un frágil cascarón”.
De acuerdo a la comisión, la CIDH ha incorporado a Guatemala al listado de países que “afectan seria y gravemente el goce y disfrute de los derechos fundamentales consagrados en la Declaración Americana” y la comisión deberá ponderar si existe “incumplimiento sistemático en la obligación de combatir la impunidad, atribuible a una falta de voluntad manifiesta”.
También se encuentra entre los países en los que “se observan graves violaciones a los derechos humanos y ataques a la institucionalidad democrática”, junto a Cuba, Nicaragua, Venezuela.
Para el procurador, la CIDH no es el único organismo internacional preocupado por el retroceso de derechos humanos que Guatemala atraviesa. Se le unen el Departamento de Estado de EE.UU., “socio comercial, donde viven la mayoría de los migrantes guatemaltecos que aportan más del 20% del PIB con sus remesas”, dijo, y el Parlamento Europeo.
“No puede ser que todos estén equivocados”, refirió Rodas quien añadió que al Estado más le “valdría -hacer- un acto de humildad, hacer un mea culpa y mejoras sustanciales para reabrir los espacios que han ido cerrando, así como dejar de hostigar a los defensores, periodistas y opositores del gobierno “porque eso debilita nuestra democracia”.
Respecto a los más recientes intentos de 11 diputados por expulsarlo del cargo antes del 20 de agosto, dijo estar tranquilo, pues no hay causales legales y expresó su esperanza en la madurez política, la sensatez y el respeto a la Constitución.
Derechos humanos de la comunidad diversa ante un estado transfóbico
En las primeras semanas de enero de 2021, se registró el asesinato de cinco personas de la comunidad LGBTI y dos mujeres trans, defensoras de derechos humanos.
Ante el incremento de violencia, la CIDH ha expresado alarma por la creación y tramitación de leyes y políticas que discriminan el ejercicio de los derechos humanos de las personas LGBTI como la Ley para la protección de la vida y la familia y la Ley para garantizar la protección Integral de la Niñez y Adolescencia contra los trastornos de la identidad de género.
De acuerdo a la comisión, ambas normativas contienen una visión estereotipada y excluyente del concepto de familia y representan un riesgo para la situación de derechos humanos de las personas trans, no binarias y de género diverso.
“La CIDH destaca que estas medidas desconocen estándares interamericanos respecto a la protección y garantía de los derechos de las personas LGBT y se suman a un ambiente propicio para el desarrollo de discursos y actitudes discriminatorias que fomentan una escalada de alto nivel de violencia en su contra”, indica el informe.
Jeaneth Contreras, de 56 años, directora del Colectivo de Trabajadoras Sexuales Trans del Trébol, dijo que la vulneración de los derechos de las mujeres trans que conforman el colectivo, es más complicada y profunda de lo que se conoce en la actualidad.
Las mujeres trans se enfrentan, diariamente, al estigma, abuso de autoridad y violencia física y verbal.
“Cometen muchos abusos hacia nosotras. Hemos sufrido persecución, también nos extorsionan”, contó a Prensa Comunitaria en una llamada telefónica.
La extorsión, que antes venía de pandilleros, ahora, viene de grupos del crimen organizado. Específicamente, de sicarios de La Terminal, quienes las amenazan de muerte si no les pagan. La violencia contra las mujeres trans no se detiene allí, pues, cuando han decidido denunciar ante el Ministerio Público los casos de violencia, se han enfrentado a la burla y a la discriminación.
“Nos llaman hombres vestidos de mujer”, admitió con molestia.
Contreras, quien se considera una persona de la tercera edad, cuenta que las mujeres trans que se dedican al trabajo sexual también son rechazadas por el sistema de salud y, cuando alguna de ellas está en riesgo de quedarse en la calle, ni siquiera los albergues locales las reciben por “nuestra identidad -sexual-”.
Al menos dos de las mujeres del colectivo han muerto en los últimos años. Una por transfobia y la otra, por inasistencia médica.
“El sistema de justicia no se mueve a favor nuestro. Las muertes quedan impunes. Por eso, como colectivo, luchamos y resistimos para hacer cumplir la ley. Vemos que -los casos de- las personas heterosexuales rápido les dan seguimiento. Los nuestros se quedan en olvido”, refirió.
En 2019, una compañera del colectivo fue golpeada, brutalmente, por un taxista tras una discusión y pasó cuatro meses sin poder caminar y en la indigencia. Contreras tuvo que hacer el papel de abogada ante las autoridades del hospital para que, al fin, pudiera ser atendida. La denuncia del caso quedó archivada en el MP.
“Son cosas que el estado no mira. El MP no da seguimiento y somos quienes sufrimos la violencia y la discriminación”, recalcó.
Lo cierto es que para Jeaneth Contreras y para las personas de la comunidad LGBTI, “vivir en un país machista y patriarcal, casi siempre significa ser invisibles ante el Estado y la sociedad”. Aunque están acostumbradas a eso, sabe muy bien que la defensa de los derechos humanos debe seguir.
Por: Paolina Albani. Periodista guatemalteca.
Tomado de: prensacomunitaria.org
Last modified: 12/06/2022
