Written by Al cumplirse ayer el primer aniversario del asesinato de la dirigente indígena y activista política Berta Cáceres, un final de justicia para este crimen parece estar lejos de ser escrito.
Cáceres, ganadora del Premio Medioambiental Goldman, reconocimiento mundial para activistas de medioambiente, lideraba una campaña contra un proyecto hidroeléctrico en la zona de Agua Zarca, en el río Gualcarque, el cual denunciaba por afectar directamente a las comunidades, las que además no fueron consultadas.
Silvio Carrillo, sobrino de Cáceres, denunciaba en una carta publicada en el New York Times la ‘evasiva’ justicia en Honduras y la indolencia de las autoridades sobre los asesinatos impunes de activistas en el país.
Y es que ser luchador social y defensor de los derechos humanos en Honduras es asumir que se puede morir de manera violenta en cualquier momento.
Según el último informe de Amnistía Internacional (AI), el país centroamericano tiene las cifras más altas del mundo de homicidios per cápita de activistas ambientales y por el derecho a la tierra.
Esta misma organización calificó de ‘vergonzosa’ la investigación y ‘deficiente al no identificar hasta ahora aquellos que ordenaron’ la muerte de la activista, además de la ausencia de ‘mecanismos eficaces para proteger a los testigos’.
Las dudas sobre la justicia hondureña no son menores, fue el órgano judicial el que, en septiembre pasado, anunció la pérdida del expediente original sobre el caso, ‘robado’ en un confuso asalto a una magistrada del Tribunal Supremo del país.
DUDAS Y COMPLICIDADES
Hasta el momento hay detenidas ocho personas, entre militares, exmilitares y empresarios, sin claridad por parte de la fiscalía, de la autoría intelectual del crimen.
Entre los detenidos se encuentra Sergio Rodríguez Orellana, miembro de la empresa Desarrollos Energéticos, S.A. (DESA), compañía dueña de la concesión.
En un comunicado, DESA se dijo ‘sorprendida’ con la detención de Orellana, que fungía como gerente en temas sociales y medio ambientales de la empresa, además de expresar su ‘confianza‘en que ‘todas las acciones de sus colaboradores están siempre dentro del marco de la ley’.
Entre los militares detenidos está Douglas Giovanny Bustillo, teniente retirado del ejército y en ese entonces jefe de seguridad de DESA. Otro militar detenido es el mayor Mariano Díaz, en servicio en el momento de su detención y el de mayor rango entre los implicados.
ESCUELA DE LAS AMÉRICAS
De acuerdo con documentos judiciales a los que tuvo acceso el diario The Guardian , Díaz fue parte de las fuerzas de inteligencia militar de Honduras y tanto él como el teniente Bustillo recibieron entrenamiento del ejército de los Estados Unidos. La conexión con el ejército norteamericano llevó a un grupo de congresistas demócratas a presentar un proyecto de ley para suspender el financiamiento de Estados Unidos a las operaciones policiales y militares en el país centroamericano.
‘Informaciones señalan que dos de los hombres presuntamente involucrados en el asesinato de Berta Cáceres fueron entrenados en Fort Benning, para ser exactos, a través del Instituto del Hemisferio Occidental para la cooperación de seguridad (WHINSEC), más comúnmente conocido como la Escuela de las Américas’, dijo Johnson.
El rotativo británico cita además una fuente legal cercana a la investigación que señala que la muerte de Cáceres ‘mantiene todas las características de una operación bien planificada diseñada por inteligencia militar’.
Las autoridades del país han negado tener alguna conexión o posible participación del Estado en el crimen.
Aunque exmilitares y políticos son directivos o trabajan en DESA, su actual presidente, Roberto David Castillo Mejía, fue ministro de justicia durante el gobierno de Ricardo Maduro (2002-2006) y Roberto Pacheco Reyes, secretario de la empresa, fue oficial de inteligencia del ejército.
El crimen de Berta Cáceres no ha sido el único ni es nuevo, un informe de Global Witness revela que desde el golpe de Estado a Manuel Zelaya (2010) se han reportado más de 120 asesinatos contra ambientalistas, además de señalar el ‘maridaje’ entre el poder político y empresarial del país.
La directora de AI en América, Erika Guevara-Rosas, lo sintetiza al subrayar que el caso de Cáceres es una muestra de que ‘si la labor de derechos humanos molesta a los que tienen el poder, te matarán’.
Por: Juan Alberto Cajar B.
Last modified: 06/03/2017
