Written by Radio Temblor
Medio Alternativo del Colectivo Voces Ecológicas
Boletín Ecológico de Panamá # 114
Primera quincena de julio de 2017
Centralizan procesos sobre mina de cobre
El Ministerio de Ambiente emitió una resolución que “inhibe” a la Dirección Regional de Coclé para “conocer” y “dar seguimiento” a los procesos administrativos relacionados con la empresa Minera Panamá, S.A., que impulsa el proyecto Mina de Cobre Panamá. Según la entidad ambiental, la concesión se encuentra localizada geográficamente entre dos regionales: Coclé y Colón, razón por la cual ambas estaban facultadas para velar por el cumplimiento de la legislación ambiental vigente y de los procedimientos administrativos vinculados con el proyecto. No obstante, por medio de la Resolución No. 0290-2017 del 20 de junio de 2017, se le quitó esa facultad a la regional del Ministerio de Ambiente de Coclé y se le adjudicó a la de Colón. Sin embargo, la Dirección Regional de Colón solo podrá conocer de procesos administrativos sobre Minera Panamá.
Unesco espera informe patrimonial sobre isla Coiba
El Ministerio de Ambiente tiene hasta el 1 de febrero de 2018 para presentar un ‘informe actualizado’ sobre el estado de conservación del Parque Nacional Coiba. De lo contrario, la isla será incluida en la lista de patrimonio en peligro de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, por sus siglas en inglés). La situación de Coiba fue analizada por el organismo internacional, durante su reunión anual en Cracovia, Polonia, donde se hizo énfasis en la pesca no sostenible que se está realizando en el área, declarada Patrimonio de la Humanidad.
Condenan a empresarios por daño ambiental a la Laguna Matusagaratí
Un tribunal condenó a dos años y ocho meses de prisión a dos empresarios, por cometer delitos ambientales, al sembrar palma aceitera sin permiso en el humedal Laguna Matusagaratí, en Darién. Diego Hurtado y Francisco Hurtado fueron culpables por el Segundo Tribunal Superior de la capital, tras una denuncia presentada en julio de 2014 por el Centro de Incidencia Ambiental (Ciam) y la Alianza por un Mejor Darién (Amedar). Las dos organizaciones les acusaron de sembrar una plantación de palma sin contar con un Estudio de Impacto Ambiental aprobado, y ocasionar la tala de un bosque secundario que formaba parte del humedal.
Moradores de Guararé se opone planta recicladora de basura
El Comité Guararé Primero aprobó medidas de protesta y de presión en rechazo a la instalación de una planta para el tratamiento de la basura de las provincias centrales, ubicado en la playa Bella Vista. Se confirma que se oponen a esa contratación directa porque “se gestiona sin cumplir con el proceso de contrataciones públicas y sin contar con la autorización del Ministerio de Economía y Finanzas”. Y se da sin el concepto favorable y por escrito del Ministerio de Ambiente y de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario.
Demandan fallo de MiAmbiente
El Centro de Incidencia Ambiental de Panamá (CIAM) interpuso una demanda contencioso administrativa de nulidad contra la Resolución No.DM-0278-2017 de 12 de junio de 2017 y solicitó a la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia la suspensión provisional, porque la consideran ilegal y contradictoria. Esta resolución inhabilita a las trece (13) Direcciones Regionales del Ministerio de Ambiente del conocimiento de todos los procesos administrativos relacionados a obras y proyectos públicos en el país.
Gobierno de Panamá cancela permiso de navegación a la ONG Sea Shepherd
El pasado 28 de junio la ONG Sea Shepherd en función de su política conservacionista comprobó que pescadores cerca del parque isla Coiba, incumplían con el manejo adecuado en la extracción pesquera, especialmente del atún.Acto que genero en la embarcación pesquera, desacuerdo sobre la ONG, ya que supuestamente utilizaron armas para denunciar la actividad inapropiada que realizaban. La Autoridad Marítima de Panamá (AMP), canceló el permiso de navegación, el 3 de abril a la ONG Sea Shepherd. Luego de este hecho, muchas han sido las voces de organizaciones ambientales y ciudadanos, que cuestionan a las autoridades nacionales, especialmente a la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), ya que se desconoce que políticas cumplen en materia de manejo y conservación marina. Con esto queda al descubierto que el gobierno de Panamá, protege a las corporaciones extractiva pesquera, y que va en detrimento de la protección marina. Otro retroceso para el ambiente, y en contra de los defensores del ambiente.
Last modified: 14/07/2017
