Written by Los militares birmanos podrían ser sometidos a la Justicia luego de que la Corte Penal Internacional admitiera tener jurisdicción en la situación del pueblo rohinyá, decisión que llega al mismo tiempo que un reporte de la ONU denunció crímenes de lesa humanidad y genocidio contra esta minoría musulmana
La Corte Penal Internacional (CIP) anunció el pasado jueves que esta tiene competencia para atender las denuncias de deportación forzada que sufre la población rohinyá de Birmania (Myanmar), un pequeño pero importante paso para la Justicia internacional con el fin de atender ‘una de las peores crisis humanitarias y de derechos humanos en el mundo’ como lo calificara el secretario general de la ONU, António Guterres.
En un comunicado de prensa, la Sala de cuestiones preliminares de la Corte tomó la decisión por mayoría tras la solicitud presentada por la Fiscalía sobre posibles delitos de lesa humanidad.
Con unos 60 millones de habitantes, Birmania es el quinto país más poblado del Sudeste Asiático, en el cual viven al menos un millón de rohinyás, una minoría étnica y musulmana en un país con mayoría budista.
Tras la independencia de Birmania en 1948, este pueblo ha vivido durante siglos con relativa calma en el país (actual región de Rakhine, oeste de Birmania) hasta el golpe de Estado que llevaría al poder a Ne Win, cuyo Gobierno oficializaría la discriminación con los rohinyás; en 1982, el régimen militar los despojaría de su ciudadanía y los catalogaría de extranjeros. Desde entonces el Ejecutivo birmano mantiene políticas de expulsión y traslados forzosos, acompañadas de discursos de odio racial y étnico contra los rohinyás, algo denunciado por varias organizaciones de derechos humanos.
Al respecto, la CIP, pese a que Birmania no acta su jurisdicción —por no ser firmante del Estatuto de Roma— discutirá la situación, ya que parte de los delitos contra la humanidad cometidos por las autoridades birmanas se habría producido en la frontera con Bangladesh y el propio territorio bengalí, país que sí es parte del Estatuto, por tanto, su territorio está bajo su jurisdicción.
LA TRAGEDIA ROHINYÁ
En el último reporte de derechos humanos de Amnistía Internacional, sobre el más reciente incidente de violencia ocurrido en agosto pasado y la desproporcionada respuesta gubernamental, estos denunciaron cómo el ejército —junto con grupos parapoliciales— asesinaron a ‘un número indeterminado de mujeres, hombres, niños y niñas rohinyás’, sufriendo ‘tortura y violencia sexual masiva’, además de la quema cientos de pueblos y la siembra de minas terrestres en sus territorios.
Al respecto, un informe ordenado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, publicado a finales del mes pasado, señaló a la cúpula militar birmana de buscar perpetrar un ‘intento de genocidio’ contra los rohinyás.
‘En base a la información recopilada, la Misión (de la ONU) concluyó (…) de que graves delitos ante el derecho internacional han sido cometidos, lo que justifica una investigación y procesamiento penal’, señala el informe, que también detalla esclavitud sexual contra mujeres y niñas, robo de propiedades, y destrucción de aldeas enteras, en lugares que además, no son consideradas objetivos militares, por tanto, están dirigidas a infringir ‘ataques indiscriminados’ contra civiles.
El reporte detalla numerosos delitos cometidos por las Fuerzas Armadas birmanas, como los ocurridos en las aldeas de Min Gyi y Maug Un: ‘Los aldeanos fueron reunidos, los hombres y niños separados y asesinados (…) las mujeres y niñas llevadas a casas cercanas, violadas en grupos, luego asesinadas o heridas gravemente. Las casas fueron cerradas o incendiadas. Pocos sobrevivieron (…) los cuerpos fueron transportados en vehículos militares, incinerados y enterrados en fosas comunes’.
Desde que se desataran las matanzas hace un año, más de 700,000 rohinyás se vieron obligados a huir hacía Bangladesh en medio de la persecución del Gobierno, mientras que estimaciones indican que han sido asesinados al menos unas 10,000 personas, siendo conservadoras estas cifras, de acuerdo con la ONU.
MORDAZA A LA PRENSA
Mientras la situación se agrava con la crisis rohinyá, el Gobierno birmano cierra el cerco sobre los medios de comunicación que se salgan del guión establecido por las autoridades.
Este lunes fueron condenados dos periodistas birmanos, de la agencia Reuters, a siete años de prisión mientras trabajaban en una cobertura sobre las matanzas de rohinyás a manos de militares.
Los comunicadores Wa Lone de 32 años y Kyaw Soe Oo de 28, se mantienen detenidos desde el pasado 12 de diciembre acusados de violar la norma de secretos oficiales, lo que llevó a los tribunales del país asiático a condenarlos por ‘intentar dañar los intereses del Estado’.
‘No tengo miedo, yo no hice nada malo (…) yo creo en la justicia, la democracia y la libertad’, dijo Kyaw Soe Oo, mientras era llevado esposado por la policía
La normativa internacional describe el genocidio como ‘cualquiera de los actos perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal’; expertos de Naciones Unidas ya hablan de que se está ante una eventual ‘limpieza étnica’.
Por su parte, el Gobierno birmano rechazó el informe asegurando que las operaciones militares del país se han dado ‘dentro de la ley’ contra los reductos de milicias rohinyás.
‘Nosotros no permitimos la entrada a Birmania de (representantes) la Misión Internacional de Investigación (de la ONU)’, zanjó el pasado 29 de agosto Zaw Htay, portavoz del régimen birmano, informó la agencia Efe .
Toda esta situación tiene lugar ante la mirada de Aung San Suu Kyi, jefa de Estado de Birmania y ganadora del Premio Nobel de la Paz en 1991, que asumió el poder de facto —aunque tutelado por los militares— y que ha recibido duras críticas por su pasividad frente a los crímenes cometidos por los militares mientras ella ejerce el cargo.
Desde que se publicara el reporte, Suu Kyi ha guardado el más lapidario silencio. Su primera aparición pública, según The Guardian , fue 24 horas después en una conferencia universitaria y en la que solo habló sobre literatura y poesía.
Durante la última reunión del Consejo de Seguridad, el martes pasado, se notificó sobre la falta de fondos para atender la crisis humanitaria rohinyá, que apenas cubre el 33% del presupuesto según el secretario general de la ONU.
Algunos países occidentales han impuesto sanciones sobre funcionarios y comandantes del Ejército birmano, como Estados Unidos y Canadá —aunque sin que estas lleguen a la alta cúpula militar—, mientras que China continúa manteniendo amplias relaciones económicas con Birmania, lo que hace poco probable que penalice a las autoridades del país.
Entretanto, el tiempo corre en contra de los rohinyás refugiados en Bangladesh, cuyo infierno les sigue ahora en sus ‘hogares’ temporales, donde sin los fondos requeridos por la ONU —unos $950,8 millones— no se podrá desplegar los planes de atención para la población.
‘Estas personas han sobrevivido a un sufrimiento casi inimaginable. La comunidad internacional no debe ahora darles la espalda y permitir que los rohinyás se vean envueltos en otra tragedia más’, advirtió Giorgi Gigauri, jefe de misión de la Organización Internacional para las Migraciones en Bangladesh.
Por: Juan Cajar hijo.
Foto: Hasan Ali | SHUTTERSTOCK
Last modified: 09/09/2018
