Written by Informe independiente concluye que Bancos de Desarrollo de Alemania y Holanda incumplieron normas ambientales y de derechos humanos al financiar la represa Barro Blanco en Panamá
Comunidades indígenas y sociedad civil, conmocionadas por la respuesta inadecuada de los bancos ante los hallazgos.
Descarga informe aqui: CP Barro_blanco FINAL 15-06-01
Kiad, Panamá/Ámsterdam/Bogotá. El viernes pasado se conoció un informe largamente esperado y realizado por un panel independiente que concluyó que los Bancos de Desarrollo de Holanda y Alemania (FMO y DEG, respectivamente) violaron sus propias políticas al no evaluar adecuadamente los riesgos para el ambiente y los derechos de los pueblos indígenas antes de aprobar un préstamo de US$ 50 millones para GENISA, empresa a cargo de desarrollar el proyecto hidroeléctrico Barro Blanco en Panamá. En su respuesta a los hallazgos, los bancos reconocen algunas deficiencias en su evaluación, pero no se comprometen a tomar ninguna medida para abordar las violaciones graves a sus políticas. Aunque el informe concluye que “los prestamistas no han considerado de forma suficiente la resistencia de las comunidades afectadas”, al parecer los bancos insisten continúan procediendo de esa manera.
En mayo de 2014, el Movimiento 10 de Abril (M-10), en representación de los pueblos indígenas directamente afectados por el proyecto y con el apoyo de Both ENDS y SOMO, presentó la primera queja ante el Mecanismo Independiente de Quejas (ICM) del FMO y el DEG. La queja arguye que la represa Barro Blanco afectará parte del territorio indígena Ngöbe-Buglé, inundando hogares, escuelas y sitios religiosos, arqueológicos y culturales. Pese a sus obligaciones nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, el Gobierno panameño, GENISA y los bancos no obtuvieron el consentimiento previo, libre e informado (CPLI) de los Ngöbe-Buglé antes de que el proyecto sea aprobado. El ICM encontró que “los prestamistas deberían haber buscado mayor claridad sobre si hubo consentimiento al proyecto por parte de las autoridades indígenas apropiadas antes de la aprobación del mismo”.
“No dimos nuestro consentimiento a este proyecto antes de su aprobación, y no tiene nuestro consentimiento actualmente”, dijo Manolo Miranda, representante del M-10. “Exigimos que el gobierno, GENISA y los bancos respeten nuestros derechos y detengan este proyecto”.
El ICM encontró que “si bien el acuerdo [de préstamo] se alcanzó antes de la etapa de construcción clave, los temas significativos relacionados con impactos sociales y ambientales y, en especial, con los derechos de los pueblos indígenas, no fueron evaluados de forma completa antes del acuerdo”. La omisión de los bancos de identificar los potenciales impactos del proyecto conllevó, a su vez, el incumplimiento de requerir a su cliente la adopción de medidas para mitigar dichos impactos. El Plan de Acción Ambiental y Social (ESAP), anexado al acuerdo de préstamo, “no contiene disposiciones sobre adquisición de tierras y reasentamiento, ni sobre biodiversidad y gestión de recursos naturales. Tampoco incluye referencias a asuntos relacionados con el patrimonio cultural”.
“Esta omisión constituye una violación de estándares internacionales sobre la obligación de elaborar Estudios de Impacto Ambiental y Social adecuados e integrales antes de implementar cualquier proyecto de desarrollo, con el fin de garantizar el derecho al consentimiento libre, previo e informado, y a la información y participación efectiva de la comunidad potencialmente afectada”, explicó Ana María Mondragón, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA).
Aunque el FMO y el DEG reconocieron, en su respuesta oficial al informe del ICM, que “no realizaron una valoración total en la aprobación del crédito”, no hicieron compromisos concretos para asegurar que los derechos de los afectados por la represa serán respetados. Los bancos afirmaron que enfrentan “limitaciones a su influencia” sobre los procesos gubernamentales para llegar a un acuerdo satisfactorio con todos los actores involucrados. Sus acciones, sin embargo, revelan una historia diferente.
En febrero, el Gobierno de Panamá suspendió provisionalmente la construcción de la represa Barro Blanco. Posteriormente, convocó a una mesa de diálogo con los Ngöbe-Buglé facilitada por Naciones Unidas para discutir el futuro del proyecto. En lugar de impulsar al Gobierno panameño a respetar los derechos de la comunidad Ngöbe, el FMO y el DEG solicitaron que la autoridad nacional del ambiente reconsiderara la suspensión, y permitiera a su cliente reiniciar la construcción de la represa. En febrero, enviaron una carta al Vicepresidente de Panamá, expresando su “gran preocupación y consternación” por dicha suspensión, y señalando que ésta “podría pesar sobre decisiones futuras de inversión y perjudicar el flujo de inversiones a largo plazo en Panamá”. Los bancos afirmaron que sus consultores no encontraron nada para justificar la suspensión del proyecto. Sin embargo, no mencionaron que su propio Mecanismo Independiente de Quejas estaba realizando una investigación de ese proyecto. En efecto, en ese momento los bancos ya conocían el borrador del informe del ICM, el cual concluía que el proyecto no estada de acuerdo con sus propias políticas.
“Nos sorprendió descubrir el rol de los bancos para influir en el proceso nacional, ya que ello contradice sus afirmaciones de que no están en condiciones de intervenir en la toma de decisiones a nivel doméstico”, dijo Anouk Franck, Oficial Principal de Políticas de Both ENDS, con sede en Ámsterdam. “Ahora deben demostrar su compromiso para llegar a una solución y comenzar a tomar en serio el CLPI en el caso de Barro Blanco, donde debido a los retrasos para abordar el problema, los bancos podrían tener que aceptar pérdidas en sus préstamos. También tienen que encontrar formas para asegurar que el CLPI sea obtenido donde sea relevante a través, por ejemplo, de evaluaciones de impacto sobre los derechos humanos.”
El manejo de la queja fue un proceso largo y en ocasiones frustrante. GENISA se negó a cooperar con el ICM y a proporcionarles acceso a los documentos del proyecto, lo que llevó a los bancos a un acuerdo secreto y paralelo con GENISA. Dicho acuerdo reemplazó los procedimientos públicos del ICM, y permitió que GENISA revisara el borrador del informe y los informes finales de investigación antes de compartirlos con los denunciantes.
“El FMO y el DEG están más preocupados en proteger los intereses de su cliente que en proteger los derechos de las personas afectadas por los proyectos que financian”, dijo Kris Genovese, investigadora sénior del Centro de Investigaciones sobre Empresas Multinacionales (SOMO). “Es una trágica ironía que los bancos pidieran el consentimiento de la empresa para publicar el informe de investigación del ICM, y no el consentimiento de los Ngöbe-Buglé para llevar a cabo el proyecto”.
El proyecto Barro Blanco fue registrado bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio, sistema que bajo el Protocolo de Kyoto permite acreditar proyectos de reducción de emisiones de gas de efecto invernadero en países en desarrollo.
“Si bien se espera que los flujos del financiamiento climático fluyan a través de diversos canales en el futuro, las lecciones de Barro Blanco deben tomarse muy en serio. Para evitar que futuros proyectos de mitigación de cambio climático tengan impactos negativos, se requiere un fuerte sistema institucional de salvaguardas que respete todos los derechos humanos”, dijo Pierre-Jean Brasier, coordinador de redes de Carbon Market Watch. “La oportunidad de establecer dicho sistema de salvaguardias es ahora, antes del acuerdo de París, a fin de poner el respeto de los derechos humanos en el tope de la agenda de la CMNUCC”.
El ICM monitoreará la aplicación por parte de los bancos de las medidas y recomendaciones correctivas. Mientras tanto, el M-10 espera que el FMO y el DEG retiren su inversión del proyecto, y piden que los Gobiernos de Holanda y Alemania muestren su compromiso público para garantizar los derechos de los Ngöbe-Buglé afectados. Al mismo tiempo, los bancos deben abstenerse de ejercer presión sobre el Gobierno de Panamá.
Notas:
Véase el Informe del Mecanismo Independiente de Quejas del FMO-DEG y la respuesta de los bancos aquí: http://www.fmo.nl/complaints-disclosure
Contactos de prensa:
Kris Genovese, Centro de Investigaciones sobre Empresas Multinacionales (SOMO), [email protected], +31 65 277 3272 (inglés)
Anouk Franck, Both ENDS, [email protected], +31 20-5306600 (holandés/inglés)
Goejeth Miranda, Presidente, Movimiento 10 de Abril (M-10), [email protected] , +507 62660949 (español)
Ana María Mondragón, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), [email protected], +57 312-8432141 (español/inglés)
Pierre-Jean Brasier, Carbon Market Watch, [email protected], +32 2 335 36 68 (español/inglés)
Kathrin Petz, Urgewald, [email protected], +49 30 28482271 (alemán/inglés)
Alyssa Johl, Centro para el Derecho Ambiental Internacional (CIEL), Washington D.C. , +1 202 785 8700 (inglés)
Last modified: 01/06/2015
