Según el Cuarto Informe Nacional ante el Convenio sobre Diversidad Biológica “Panamá es considerado vigésimo octavo país en el mundo con mayor diversidad biológica. Panamá, por ejemplo, posee: mayor número de animales vertebrados que cualquier otro país deCentro América o el Caribe; mayor número de especies de aves que los Estados Unidos y Canadá juntos; además, posee el 3.5% de las plantas con flores y 7.3% de las especies de helechos y afines del mundo”. Panamá ha designado el 34.4% de su territorio como áreas protegidas. Diversos estudios científicos revelan que la posición geográfica única de Panamá lo convierte en un área estratégica para la planeación de la conservación global. Los bosques de Panamá juegan un importante papel como corredores biológicos migratorios entre Centro y Sur América. Sin embargo, nuestras áreas protegidas están en grave riesgo y peligra su biodiversidad, por la depredación provocada por la mano humana debido a la deforestación, las invasiones de territorio dentro de los polígonos de las áreas protegidas, el turismo desordenado, la fragmentación, la apertura de caminos y carreteras sin estudios de impacto ambiental, los megaproyectos y el cambio climático, colocándolas en un estado de vulnerabilidad. La inacción del Ministerio de Ambiente, pone de relieve que dicha institución no está a la altura de su investidura como principal rector ambiental al no conceder la importancia que merecen las áreas protegidas como uno de los principales objetos de las políticas de conservación de la naturaleza. Los recientes casos de áreas protegidas en peligro denunciados por los ambientalistas como los casos de Donoso en Colón, Camino de Cruces, Playa Mata Oscura, Isla Cañas, entre otras, traen como consecuencia la disminución de los recursos potenciales para el desarrollo económico nacional, el deterioro de los servicios ecosistémicos y la disminución del bienestar humano desde el punto de vista social, cultural y económico, sin soslayar el incumplimiento de compromisos internacionales como el Convenio sobre la Diversidad Biológica, el Convenio Ramsar y el Acuerdo de París. Duele reconocer que la ley de la Madre Tierra es solo un discurso hueco llevado a otros países por funcionarios pagados con el erario público, porque en la prácticacon sus acciones y omisiones, demuestran que la conservación in situ del patrimonio natural es marginal y su manejo responde a mezquinos intereses económicos cortoplacistas de unos cuantos por encima del bien común. Es evidente que se deberá analizar profundamente este tema y exigir a nuestros gobernantes que de una buena vez el tema ambiental sea tratado con un enfoque de Estado, cumplir acabalidad con las leyes, políticas, normas de manejo y conservación de las áreas protegidasy vida silvestre, y así frenar el desmantelamiento del patrimonio natural, de manera que promovamos un sinnúmero de oportunidades para mejorar las condiciones de vida de las poblaciones locales y de la población panameña en general y respetar los procesos de consulta previa a las comunidades, de manera que las áreas protegidas se constituyan en grandes pilares de nuestro orgullo nacional.
Autora: Susana Serracín
Foto: IPS Agencia de noticias
Last modified: 26/11/2017